La crisis fiscal podría volverse política si el gobierno no cambia de rumbo, dice investigador de FGV
El economista Fabio Giambiagi, investigador asociado de la Fundación Getulio Vargas (FGV), dijo a Bloomberg Linea que la preocupante trayectoria de la política económica del gobierno de Lula podría culminar en una crisis política en los próximos años. Sería algo similar a lo que ocurrió en 2015 durante el gobierno de Dilma Rousseff. Señala que existe un riesgo muy serio de que la crisis fiscal se agrave.
Quien asuma la presidencia en 2027, sea Lula o alguien de la oposición. se enfrentará a un escenario desafiante: cuentas públicas desequilibradas y una deuda en trayectoria ascendente. Si Lula es reelegido en 2026, tendrá que lidiar con su propio legado fiscal.
Desde el inicio del actual gobierno, en 2023, la deuda pública, medida por la deuda pública bruta (DBGG), ha aumentado del 71,4% al 75,9% del PIB. En los primeros 27 meses de su gestión, el gobierno registró déficit primario en 22 de ellos.
De continuar el escenario actual, el mercado financiero proyecta que la deuda pública alcanzará 94% del PIB en 2034, según una encuesta del Banco Central a instituciones financieras.
La crisis fiscal es una “irresponsabilidad compartida” de los tres poderesGiambiagi caracteriza el problema fiscal como una “irresponsabilidad compartida”, no limitada sólo al Ejecutivo. Critica al gobierno del PT, pero también señala la responsabilidad compartida del Congreso y el Poder Judicial, que frecuentemente toman decisiones sin la debida preocupación fiscal.
Según él, la falta de liderazgo y la necesidad de un cambio claro de dirección hacen difícil ser optimista sobre las políticas económicas para el período 2026-2030.
La principal preocupación del economista es el crecimiento acelerado del gasto obligatorio, que ha superado el límite establecido por el marco fiscal. Estos gastos -que incluyen seguridad social, salud y educación- reducen progresivamente el espacio para el gasto discrecional, como las inversiones en infraestructura y mantenimiento del sector público. “La actual dinámica de crecimiento de estos gastos es insostenible sin reformas”, evalúa Giambiagi.
El investigador afirma, con total certeza, que el marco fiscal deberá revisarse para 2027. Un factor que refuerza esta necesidad es el regreso de la contabilización completa de las órdenes judiciales (deudas judiciales de la Unión) en el objetivo fiscal a partir de ese año, debido al vencimiento de un plazo definido por el STF.
La forma como se gestione esta revisión y la impugnación de las órdenes judiciales determinará si la percepción del riesgo fiscal en el país mejorará o empeorará. Para evitar un "apagón" gubernamental, las soluciones que sugiere incluyen inevitablemente:
- Revisión de las normas sobre el gasto en salud y educación, que actualmente aumentan automáticamente con los ingresos
- Reevaluación de la política de ajuste del salario mínimo y su vínculo con las pensiones y prestaciones
El economista señala que una tasa de interés real a largo plazo del 8% anual no es normal y, si ese es el precio de la política fiscal actual, entonces esa política debe ser cuestionada.
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