“La confidencialidad en el arbitraje es esencial para atraer a los agentes económicos”

Los abogados de CS'Associados Ana Sofia Rendeiro, responsable del área de Arbitraje, João Maria Pimentel y Miguel Esperança Pina, socios de las áreas de Litigios y Arbitraje y Reestructuración Societaria e Insolvencia, hablan con Advocatus sobre el crecimiento del arbitraje en Portugal.

Miguel Esperança Pina es socio del área de Litigios y Arbitraje y de Reestructuración Societaria e Insolvencia. Cuenta con más de 30 años de experiencia en litigios comerciales y civiles de alta complejidad, así como en arbitrajes nacionales e internacionales, a escala global. Brinda asesoría en el área de litigios contractuales, particularmente en materia comercial, financiera, financiamiento de proyectos, concesiones públicas, construcción y disputas energéticas. Actúa como árbitro a nivel nacional e internacional involucrando, entre otros, a empresas de aviación, industria alimentaria y medios de comunicación. Su experiencia como árbitro incluye más de 50 Arbitrajes administrados por la Cámara de Comercio Internacional y el Centro de Arbitraje Comercial de Lisboa, habiendo sido designado árbitro por entidades como el Estado Portugués y los Estados Unidos de América.

João Maria Pimentel es socio del área de Litigios y Arbitraje y de Reestructuración Societaria e Insolvencia. Cuenta con más de veinte años de experiencia trabajando en tribunales y en arbitraje, donde representa los intereses de sus clientes en disputas civiles, comerciales y financieras. Tiene también experiencia en el seguimiento de procedimientos concursales, tanto desde la perspectiva de la recuperación empresarial como de la liquidación, actuando también en la defensa de los intereses de los acreedores e inversores y en la verificación de los derechos y deberes de los administradores en el marco de sus respectivas responsabilidades.

Ana Sofia Rendeiro es responsable del área de práctica de Arbitraje. Su actividad se centra en la atención de litigios y arbitrajes nacionales e internacionales, especialmente en conflictos en materia financiera, comercial y societaria, así como en los sectores energético y de la construcción. En materia de insolvencia, liquidación y reestructuración de empresas e instituciones financieras, cuenta con experiencia en la representación de acreedores y deudores ante tribunales y en el asesoramiento a acreedores y fondos de inversión en estas materias.

¿Cuáles son las principales diferencias entre actuar como abogado de las partes y como árbitro en disputas complejas?

El abogado y el árbitro, sujetos ambos al escrupuloso cumplimiento de la ley, tienen roles distintos y su forma de actuar en el proceso es inconfundible.

El abogado es representante, apoderado de una de las partes, y es responsable, dentro del marco legal, de defender y salvaguardar los derechos e intereses de la persona que representa. El árbitro está por encima de las partes y su compromiso ante ellas es dirigir el proceso, en sus diferentes fases, con el objetivo de una solución justa de la controversia. Así, el árbitro está obligado a cumplir deberes de imparcialidad, objetividad y equidistancia, que, naturalmente, no incumben al abogado.

A diferencia del árbitro, el trabajo del abogado comienza mucho antes del arbitraje, cuando está llamado a participar en la redacción de las propias cláusulas arbitrales, velando por su adecuación a estructuras contractuales complejas, o en la fase pre-litigante, evitando pasos en falso por parte de la parte representada. Y en ocasiones, también a diferencia del árbitro, el trabajo del abogado se extiende más allá del arbitraje, en situaciones en las que se impugna la decisión arbitral.

También es importante señalar que, como decisor imparcial, el árbitro es responsable de regular y organizar el proceso de forma eficiente y dinámica, orientando a las partes sobre las cuestiones esenciales y los puntos que requieren prueba, y asegurando en todo momento el respeto a los principios de contradicción e igualdad de las partes.

¿Cómo valora el crecimiento del arbitraje en nuestro país, especialmente en sectores como infraestructuras, energía y contratos públicos? ¿Existe resistencia cultural o legal?

Las estadísticas indican que es en los sectores de infraestructuras y energía, en asuntos relacionados específicamente con contratos y concesiones, donde ha habido más arbitrajes y de mayor envergadura en Portugal.

Según datos estadísticos del CAC (Centro de Arbitraje Comercial de la Cámara de Comercio e Industria de Portugal) – el centro de arbitraje voluntario en Portugal que concentra más arbitrajes en materia comercial –, en 2024 la gran mayoría de los arbitrajes fueron en materia de obras públicas y concesiones, que están en parte vinculadas al sector energético, pero no solo (no hay datos que indiquen exactamente cuántos casos están vinculados al sector energético). En conjunto, los casos de contratación y concesión representaron más que todas las demás disputas, vinculadas a asuntos societarios, gestión hospitalaria, etc. Según datos estadísticos de la CCI (Cámara de Comercio Internacional) de 2023, las disputas en los sectores de ingeniería/construcción y energía también representan el mayor número de arbitrajes en ese centro.

Observamos que los arbitrajes internacionales, especialmente los que tienen lugar en la CCI, que involucran a partes portuguesas han experimentado un aumento significativo, tanto por la inversión extranjera como, y esto es algo nuevo, por la inversión portuguesa en el exterior.

También queremos señalar que, a pesar de la falta de datos estadísticos concretos, los arbitrajes ad hoc en las áreas en cuestión también han aumentado significativamente. Las empresas de estas áreas, especialmente en contratos de estructura compleja y/o mayor importancia económica, están abiertas y optan frecuentemente por el arbitraje, incluso pero no limitado a, cuando intervienen partes de diferentes nacionalidades. En estos casos, a menudo no existe ni resistencia jurídica ni resistencia cultural al arbitraje. Por el contrario, creemos que podemos afirmar que en los ámbitos en cuestión ya existe una cultura muy arraigada en el mercado de recurrir al arbitraje. Los costos del arbitraje siguen siendo un factor que genera resistencias, especialmente en disputas de menor cuantía, donde los costos en los tribunales son menores, pero el arbitraje también está dando respuesta a esta temática y la normativa arbitral prevé procedimientos más expeditos y económicos que pueden ser adoptados por las partes.

Las estadísticas indican que es en los sectores de infraestructuras y energía, en asuntos relacionados con contratos y concesiones, donde ha habido más y mayores arbitrajes en Portugal”.

¿Cuáles son las ventajas del arbitraje frente a los tribunales tradicionales, considerando costos, tiempo y especialización de los árbitros?

La especialización y la flexibilidad siguen siendo dos ventajas importantes de la justicia arbitral. Así, por un lado, el arbitraje permite a las partes contar con jueces especializados y con experiencia en la materia en litigio, lo que resulta tanto más relevante cuando los hechos en discusión se refieren a cuestiones de especial complejidad o especificidad técnica o cuando involucran estructuras contractuales intrincadas, con las que los tribunales estatales necesariamente menos especializados pueden no estar tan familiarizados.

Por otra parte, el arbitraje permite que el proceso se lleve a cabo con reglas más ágiles y eficientes, con evidente ahorro de recursos, como es el caso de la norma que prevé la bifurcación de temas o las que limitan los expedientes dilatorios en la producción de prueba documental y testimonial . Todas las partes interesadas, por regla general, están muy comprometidas con la resolución eficiente de las cuestiones materiales, otorgando al formalismo la importancia que merece. En este sentido, todos tiran en la misma dirección.

En los arbitrajes internacionales, la posibilidad de elegir el idioma, la sede del arbitraje y designar árbitros familiarizados con el derecho aplicable a la controversia es también una ventaja que debe tenerse en cuenta . A nivel internacional, se amplía la oferta de árbitros especializados y cualificados, más alejados de las partes y de los temas. Se cumplen más plenamente las principales características y beneficios del arbitraje: mayor eficiencia, mayor seguridad y mayor profundidad en la evaluación técnico-jurídica, mayor objetividad, mayor imparcialidad e independencia.

¿Cómo se posiciona Portugal en el escenario arbitral internacional, especialmente en disputas entre inversionistas y Estados?

La inversión extranjera está protegida a través de Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones, comúnmente conocidos por el acrónimo en inglés BIT, que consagran principios internacionalmente reconocidos, como la prohibición de expropiaciones o confiscaciones sin una compensación justa. Una característica específica de estos tratados es la regla del trato más favorable, en virtud de la cual la parte de un TBI se beneficia del mejor régimen sobre un tema determinado previsto en otro TBI del que la contraparte también es signataria. El mecanismo de solución de controversias previsto en los TBI es el arbitraje internacional CIADI bajo el auspicio del Banco Mundial, cuya intervención es particularmente efectiva sobre todo en los países que dependen de esta institución. Estos se llaman arbitrajes de inversión. Portugal tiene TBIs con cerca de 50 países.

De esta manera, hay un número significativo de naciones con las que las disputas entre inversionistas y Estados pueden resolverse a través de este mecanismo. Hasta el momento no ha habido ninguna exigencia por parte del Estado portugués, lo que significa que está en cumplimiento. Y la mayor importancia serían las disputas en este sentido, es decir, contra el Estado portugués, ya que hay más importación de inversiones que exportación. Como la inversión de Portugal en el exterior ha aumentado, especialmente en los países de lengua portuguesa, es natural que el uso de estos medios aumente. Un campo fértil para estas disputas sería el de la compensación justa a los ciudadanos portugueses por nacionalizaciones, expropiaciones y confiscaciones en las antiguas colonias portuguesas, pero los TBI firmados con estos países excluyen tales disputas de su ámbito de aplicación. Sin embargo, abogados portugueses han participado en arbitrajes de inversión que involucran a otros Estados, como ya nos ha sucedido. Una última referencia a los arbitrajes bajo la Convención de Lomé II, ahora revocada, aplicables a países africanos, que también fueron considerados arbitrajes de inversión y en los que también participamos. En conclusión: Portugal es un país receptivo al arbitraje de inversiones y, en esa medida, contribuye a la globalización y al aumento del comercio internacional.

¿Cuáles son los mayores retos en los litigios contra la Administración Pública portuguesa?

El principal reto en los conflictos arbitrales que involucran a la Administración Pública radica en combatir la falta de transparencia, empezando por el nombramiento de los árbitros. Los criterios para designar árbitros requieren una aclaración de criterios y un régimen de verificación de conflictos de intereses a prueba de todo. No puede haber duda alguna sobre la plena competencia e independencia de quienes juzgarán casos que normalmente involucran cantidades exorbitantes que pueden afectar el interés público. Lo mismo puede decirse del nombramiento de abogados. Para la opinión pública todo debe ser transparente y deben aplicarse las reglas de derecho público que dictan la contratación de recursos para defender el interés público. El reciente incremento en la utilización del equipo de abogados del CEJURE (Centro Jurídico del Estado), que ha reclutado a los profesionales más calificados en el área del arbitraje público, es sin duda una medida muy saludable y loable, que está en línea con la transparencia en la contratación de recursos en esta área. Este camino permitirá enfrentar el principal desafío en estos arbitrajes públicos y crear las condiciones para la credibilidad, aceptación y consecuente desarrollo de este importantísimo medio alternativo para resolver este tipo de disputas que pueden ser críticas para la economía nacional.

El principal reto en los conflictos arbitrales que involucran a la Administración Pública radica en combatir la falta de transparencia, empezando por el nombramiento de los árbitros. Los criterios para designar árbitros requieren una aclaración de criterios y un régimen de verificación de conflictos de intereses a prueba de balas”

¿Cómo impactan la digitalización y la inteligencia artificial en los litigios y arbitrajes en Portugal? ¿Existen riesgos de una “burocracia digitalizada”?

La digitalización y la inteligencia artificial aportan enormes ventajas a los litigios en general y al arbitraje en particular. La Unión Europea está atenta a la implantación de sistemas de inteligencia artificial en los tribunales estatales y arbitrales, habiendo abordado específicamente la cuestión en Reglamentos sobre Inteligencia Artificial, advirtiendo de la necesidad de estar especialmente atentos a los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial en la administración de justicia.

Por supuesto, la inteligencia artificial no puede reemplazar al tomador de decisiones humano. La revisión y la toma de decisiones humanas son esenciales y existe una clara conciencia de ello tanto en el arbitraje como en los litigios.

Sin embargo, hay muchos otros momentos del proceso en los que la inteligencia artificial y la digitalización pueden (y deben) estar presentes. Los tribunales tienen todos los incentivos para utilizar herramientas de inteligencia artificial. La utilización de estos instrumentos en tribunales de arbitraje y tribunales judiciales puede resultar transformadora a la hora de mejorar el acceso a la justicia, especialmente en un sistema jurídico sobrecargado como el portugués.

El Código de Procedimiento Civil está abierto a la gestión del proceso por parte del juez y a las soluciones digitales (por ejemplo, la utilización de medios digitales para escuchar a los testigos). Las reglas relativas a la prueba no están completamente cerradas. El concepto de documento ha evolucionado y se utilizan ampliamente correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etc. como medios de prueba. El sistema judicial debe evolucionar con la sociedad y la digitalización es necesaria para seguir el ritmo de la evolución de la sociedad y también para garantizar que la información llegue más rápidamente a los ciudadanos y que la justicia sea más rápida y eficiente.

En el arbitraje se utilizan ampliamente los medios digitales. Muchos reglamentos de centros de arbitraje ya prevén la digitalización y la tramitación de los casos tiende a desmaterializarse. En procesos complejos, con millones de páginas, la gestión digital es esencial y los centros de arbitraje y las distintas partes implicadas en el arbitraje normalmente están muy preparados para gestionar los procesos de forma digital. En una sala de arbitraje, hoy en día es habitual que los árbitros y el secretario no tengan delante ningún documento impreso, sino únicamente una computadora, accediendo a través de ella a todo el proceso. Es más, para ser justos, lo mismo ocurre actualmente en los tribunales judiciales, aunque están menos equipados técnicamente para este propósito que los tribunales de arbitraje.

También en arbitraje, en fases como la de “ disclosure of documents ”, propia de los sistemas common-law y frecuente en arbitrajes internacionales, los sistemas de inteligencia artificial para la investigación y análisis de documentos pueden ser de gran utilidad, existiendo ya empresas dedicadas a desarrollar este tipo de sistemas, adaptándolos a las necesidades de investigación que normalmente surgen en estos procesos.

Tanto en los tribunales estatales como en los arbitrales, las partes presentan todo digitalmente, lo que elimina los costos de impresión. Sin embargo, este aspecto, combinado con la proliferación de correos electrónicos que pueden recogerse como prueba y la facilidad de buscarlos y localizarlos, ha hecho que los procesos sean cada vez más voluminosos. Es fácil encontrar miles de correos electrónicos y juntarlos, y también es fácil llamar a testigos que están a miles de kilómetros de distancia, por ejemplo, lo que ha sobrecargado mucho la investigación de los casos, produciéndose muchas pruebas.

Creemos que los centros nacionales de arbitraje deben evolucionar en este ámbito, como en general en lo que respecta a cuestiones técnicas y logísticas. Desde hace tiempo hemos sostenido que debemos estar a la altura de las instituciones internacionales más avanzadas a este nivel y en términos de recursos humanos para las secretarías de arbitraje. Esta inversión es esencial para hacer que Portugal sea más atractivo para el arbitraje internacional y, así, se convierta en un centro de arbitraje internacional de renombre, atrayendo la resolución de disputas, especialmente aquellas en portugués o en idiomas y sistemas legales similares al nuestro . Mirando hacia el futuro, sin olvidar apelar a nuestra tradición única en arbitraje. ¿Sabías que en Gaia aún existe una mesa de arbitraje de la época de nuestro primer monarca?

Los tribunales tienen todos los incentivos para utilizar herramientas de inteligencia artificial. “El uso de estos instrumentos en tribunales de arbitraje y tribunales judiciales puede ser transformador para mejorar el acceso a la justicia, particularmente en un sistema jurídico sobrecargado como el portugués”.

¿Cuál es el papel del arbitraje en disputas emergentes como la transición energética o el cumplimiento de ESG?

El arbitraje tiene todas las condiciones para jugar un papel muy importante en las disputas relativas a estas materias. Estos temas han sido ampliamente discutidos en el foro de arbitraje, a nivel internacional y también específicamente en Portugal. El arbitraje ofrece la ventaja de un foro neutral y el beneficio de una cobertura mundial.

Además, estos temas están evolucionando rápidamente y requieren un alto nivel de especialización. Este tipo de especialización, específicamente en materia ambiental, políticas de transición energética, derechos humanos y otros, ha sido lenta en los tribunales estatales y es potencialmente más rápida en el arbitraje, con la posibilidad de elegir árbitros con los conocimientos y experiencia necesarios y acostumbrados a tratar estos temas de manera global. Además, se trata de temas nuevos en los que la experiencia internacional (que las partes pueden encontrar en los árbitros que elijan) puede ser muy relevante.

Los centros de arbitraje también están prestando atención y los reglamentos de arbitraje han ido destacando las ventajas de recurrir al arbitraje en estas disputas, por ejemplo en materia de cambio climático. La CPI, por ejemplo, ha publicado un informe dedicado específicamente a cómo resolver las disputas relacionadas con el cambio climático mediante arbitraje y resolución alternativa de disputas. En este informe se destacan los instrumentos internacionales para el reconocimiento transfronterizo de sentencias internacionales, la especialización y flexibilidad del arbitraje para adaptar los procesos a las necesidades específicas de los mismos y otras ventajas.

¿Cómo abordar los conflictos de intereses en los arbitrajes, especialmente en casos de “nombramientos múltiples” de árbitros?

Es un tema que con razón ha merecido especial atención por parte de académicos y profesionales del arbitraje. En este campo de conflictos de intereses, el arbitraje ha evolucionado significativamente en Portugal. Hemos pasado de una situación altamente indeseable, en la que los árbitros designados por las partes eran vistos como un abogado más de la parte, a una situación en la que hay una conciencia generalizada de que un árbitro está sujeto a los principios estructurantes de Independencia e Imparcialidad. La consecución de estos principios se asegura verificando la ausencia de conflictos de intereses, su divulgación y las consecuencias inherentes. Hubo dos momentos claves en este camino: el código de ética de la APA (Agencia Portuguesa de Medio Ambiente), que fue firmado por casi todos los árbitros portugueses, y la aplicación por los tribunales de las reglas de soft law, previstas en las directrices de la IBA (International Bar Association), que contienen un sistema de clasificación mediante códigos de colores para clasificar las situaciones de conflicto de intereses, desde las que impiden al árbitro ejercer el papel de árbitro hasta las que sólo exigen que el árbitro las revele a las partes, pero que no le impiden aceptar o permanecer en el papel de árbitro.

Actualmente, el organismo arbitral portugués es consciente de la importancia de estas reglas y de la imperiosa necesidad de respetarlas. Así, en la práctica, este cuerpo de normas de carácter deontológico, su internalización por los árbitros y la agilización de su implementación por las partes proporcionan un marco que permite tratar adecuadamente los conflictos de intereses. Podría decirse que los instrumentos existentes deben seguir incrustados en la mentalidad de la comunidad arbitral, tanto de los árbitros como de las partes, a fin de lograr una situación ético-jurídica cada vez más protectora de los valores en juego: independencia e imparcialidad.

En caso de nombramientos múltiples, las reglas aplicables implican un acuerdo de las partes sobre el nombramiento de un árbitro común, lo que significa que el árbitro designado debe ser alguien en quien las partes confíen para asegurar la equidistancia de quien lo designa. En la práctica pueden presentarse situaciones dilemáticas de antagonismo entre las diversas partes que designan al árbitro, en las que la llamada equidistancia actuará como factor decisivo, procurando que la decisión que implique el detrimento de una o más de las partes se base en criterios objetivos y no en parcialidad o dependencia alguna. Tampoco es raro que haya situaciones en las que la falta de acuerdo de las partes para designar un árbitro común dé lugar a la intervención de los tribunales estatales para su designación.

Hemos pasado de una situación altamente indeseable, en la que los árbitros designados por las partes eran vistos como un abogado más de la parte, a una situación en la que existe una conciencia general de que un árbitro está sujeto a los principios estructurantes de Independencia e Imparcialidad”.

¿Cuáles son las mejores prácticas para garantizar la transparencia y la confidencialidad en los procedimientos arbitrales?

Como es bien sabido, uno de los pilares del arbitraje es la confidencialidad. Los instrumentos que lo garantizan, que son fundamentalmente la obligación de confidencialidad a la que están sujetas todas las partes implicadas, la no publicidad de los arbitrajes y la inapelabilidad para evitar que los procedimientos se hagan públicos ante los tribunales judiciales superiores, pueden crear una percepción de menor transparencia. La confidencialidad es esencial para atraer a los agentes económicos que no deben exponerse al juicio de la opinión pública en asuntos complejos que habitualmente involucran grandes sumas de dinero, que requieren un juicio en un ambiente altamente profesional y científicamente tranquilo en el que los mayores expertos puedan actuar desapasionadamente y sin presiones externas. Pero por otro lado, no se puede descuidar la transparencia.

Consideramos que, en el marco actual, una forma de evitar la reducción de la transparencia debido a la confidencialidad sería que las partes no renunciaran al derecho de recurrir el laudo arbitral, sino que se limitaran a un nivel de apelación, que permitiera al tribunal superior revisarlo sin demoras significativas , manteniendo una de las grandes virtudes del arbitraje, que es su celeridad. Otra forma sería publicar las decisiones de forma anónima. Dada esta doble selección, consideramos que se garantiza la confidencialidad sin perjuicio de la revisabilidad de las decisiones, lo que, a su vez, asegura una adecuada transparencia. También se pueden seleccionar situaciones, típicamente aquellas que están justificadas por la defensa del interés público, es decir cuando hay cuestiones de naturaleza penal que justifican el levantamiento de la confidencialidad por parte de ciertas entidades especialmente calificadas.

Portugal es considerado un centro de arbitraje para los países de habla portuguesa. ¿Qué oportunidades te trae?

Aunque se podría pensar o esperar que Portugal fuera un centro de arbitraje para los países de habla portuguesa, ya que es la cuna de los países de habla portuguesa, la verdad es que no lo es. En primer lugar, Brasil es un país muy avanzado en materia de arbitraje, no sólo por ser un enorme mercado que acoge naturalmente arbitrajes de un tamaño incomparable a los portugueses, sino también por estar en zona de influencia del arbitraje anglosajón, sobre todo porque una parte muy significativa de la inversión extranjera en Brasil es norteamericana.

En cuanto a los países africanos de lengua portuguesa, la situación es similar, no por las mismas razones, sino porque las iniciativas han sido parciales y asistemáticas, a nivel de grupos no institucionalizados. Ya se han intentado iniciativas institucionalizadas: en el seno de la Confederación Empresarial de la CPLP se intentó establecer un centro de arbitraje ad hoc en Portugal o crear una regulación ad hoc en el ámbito del CAC; En el capítulo portugués del CEIA (Club Español e Iberoamericano del Albitraje), que es el club de arbitraje más grande del mundo, se intentó incluir a todos los países de habla portuguesa en el capítulo portugués para que la lengua portuguesa ganara destaque dentro del club y se pudiera desarrollar el centro de arbitraje del mundo de habla portuguesa. Estamos convencidos de que éste es el camino correcto, que implica el esfuerzo y la participación de toda la comunidad portuguesa, en lugar de intentos dispersos y parciales.

Si se produjera una institucionalización del arbitraje en el mundo de habla portuguesa, Portugal sin duda desempeñaría un papel relevante. Aunque no fuese el polo arbitral de esta realidad, esto traería enormes beneficios, pues el tamaño de este mercado arbitral traería grandes sinergias y permitiría la intervención de la comunidad arbitral de lengua portuguesa en muchos más arbitrajes de complejidad y volumen incomparables a los actuales, resultando en criterios más exigentes con el consiguiente aumento de la calidad de los participantes, lo que traería más y mejor inversión extranjera debido a la mejora de la Justicia.

¿Se considera ya el arbitraje una alternativa “popular” a los tribunales tradicionales en las disputas comerciales?

Si bien la consolidación del arbitraje como medio alternativo de solución de controversias es indiscutible, no tenderá a esa “popularización” y, mucho menos, a su “masificación”.

No sólo porque los tribunales estatales están ofreciendo una respuesta relativamente adecuada en asuntos que vienen abordando desde hace varias décadas (conviene recordar la abundante y consistente jurisprudencia en materia de construcción civil, agencia, distribución, etc.), sino también porque el arbitraje, como proceso voluntario que es, sin las reglas coercitivas de los tribunales estatales, puede no ser la vía más adecuada en disputas que involucran a partes menos sofisticadas, sin historia de mercado o con mayor debilidad económica.

¿Cuáles son los principales desafíos del arbitraje internacional, como la conciliación de diferentes sistemas jurídicos?

Los árbitros y abogados que trabajan en arbitraje internacional están cada vez más preparados para abordar las diferencias en los sistemas jurídicos. Las reglas aplicables en los arbitrajes internacionales suelen ser similares, es decir, resultantes o inspiradas en las regulaciones de centros de arbitraje, como la CCI o la LCIA (London Court of International Arbitration), en el caso de Europa. Esto sin olvidar que la actual Ley de Arbitraje Voluntario, que entró en vigor en 2012, sigue el modelo de la CNUDMI, que es el más moderno y de mayor seguimiento a nivel internacional, lo que naturalmente facilita la tramitación del arbitraje por parte de abogados y árbitros de los distintos sistemas jurídicos. De hecho, el arbitraje internacional se nutre de varios sistemas jurídicos y culturas. Al tratar con sistemas múltiples, las partes interesadas tienen un rango más amplio de opciones y es común que los procesos se rijan por una mezcla de reglas típicas del sistema de derecho consuetudinario y otras típicas del sistema de derecho civil.

Uno de los mayores desafíos del arbitraje sigue siendo, de hecho, la falta de fuerza coercitiva, por ejemplo para hacer cumplir medidas cautelares u obtener pruebas. Si bien los tribunales arbitrales pueden ordenar medidas cautelares y también pueden notificar a terceros para que colaboren en la obtención de pruebas, si las medidas no se cumplen o no hay colaboración, en varias circunstancias las partes siguen teniendo que recurrir a los tribunales judiciales para que dicten decisiones con fuerza coercitiva en la dirección deseada.

¿Existe excesivo secretismo en el arbitraje?

En nuestra experiencia, las partes valoran la confidencialidad, especialmente cuando se trata de asuntos, a menudo de interés comercial, incluidos secretos empresariales, que están en juego en las disputas y que las partes saben que no se revelarán públicamente. Sin embargo, como dijimos antes, no hay duda de que presenta algunos desafíos, incluso en aspectos del propio sistema de arbitraje. Además de lo que ya hemos mencionado, la falta de publicación de una parte significativa de las decisiones arbitrales no permite a los operadores conocer el significado de las decisiones de los árbitros, lo que puede ser relevante para evaluar las habilidades y experiencia de los árbitros, elementos que son relevantes en la elección de árbitros por parte de las partes.

“La falta de publicación de una parte significativa de las decisiones arbitrales no permite a los operadores conocer el significado de las decisiones de los árbitros, lo que puede ser relevante para evaluar las habilidades y la experiencia de los árbitros, elementos que son relevantes en la elección de árbitros por parte de las partes”

¿Hay una concentración de casos en Portugal entre unos pocos árbitros?

El cuerpo de árbitros ha crecido de manera estructurada y gradual a lo largo de los años, guiado por altos criterios de calidad técnico-jurídica y ético-deontológica. La internacionalización de los arbitrajes en los que participa la comunidad arbitral portuguesa también ha permitido la importación de las mejores prácticas internacionales modernas. Todo ello propició la ampliación de las generaciones más jóvenes de árbitros portugueses formados en estos parámetros. Existen, pues, motivos para prospectar positivamente la comunidad de árbitros portugueses. Pero todavía queda un largo camino: excluir del rol de árbitro a aquellos que no tienen esta formación y ampliar el número de árbitros resistiendo a una cierta tendencia a nombrar un número pequeño de árbitros, incluso calificados, señalando a los más calificados incluso si están fuera de los círculos habituales y evitando, de esta manera, las repeticiones de nombramientos, lo cual es altamente perjudicial para la credibilidad del arbitraje. También porque a la mujer de César no le basta ser, es necesario parecer.