Europa no necesita el euro digital
El 23 de junio, Christine Lagarde se dirigió al Parlamento Europeo para pedir que se acelere la legislación necesaria para que el euro digital sea viable. La presidenta del Banco Central Europeo ha abogado insistentemente por la creación de una moneda digital emitida por un banco central (CBDC) durante los últimos años. La pregunta que surge es: ¿cuál es el interés de la Unión Europea en avanzar con su CBDC en un mundo donde existe Bitcoin?
El propio discurso de Lagarde contenía algunas de las críticas más débiles e injustificadas al sector, por debajo del rigor exigido a una profesional de su trayectoria. La presidenta del BCE señaló los riesgos de una posible corrección de precios y la supuesta insuficiencia de estos activos como medio de intercambio fiable. Un objetivo particular de su discurso fueron también las monedas estables (stablecoins ), generalmente indexadas al dólar estadounidense, que, según Lagarde, son emitidas por entidades privadas y carecen de supervisión global. Finalmente, argumentó que, al igual que los billetes y monedas físicos, el euro digital estaría exento de riesgos.
Se hace imperativo deconstruir, punto por punto, los argumentos presentados. No solo por sus debilidades internas, sino por las implicaciones que conllevan.
La crítica de que las criptomonedas son inadecuadas como medio de intercambio confiable sería esperable de un octogenario sin conocimientos financieros ni tecnológicos. Las criptomonedas no solo son confiables para enviar dinero, sino que también superan a los sistemas tradicionales en eficiencia, velocidad y costos de transacción.
Según estimaciones del Banco Mundial, en 2023, el volumen de remesas de inmigrantes a sus países de origen alcanzó los 656 000 millones de dólares. Aplicando una tasa conservadora del 5 %, el costo de estas transacciones supera los 30 000 millones de dólares. A estos costos se suma el tiempo de procesamiento de la transacción, que rara vez es inferior a 5 días hábiles, siempre que no surjan otros contratiempos.
Por experiencia propia, como expatriado en Canadá, no tengo intención de usar ningún otro método de transferencia de fondos que no sea la red Bitcoin. Es cierto que existe el riesgo de enviar criptomonedas a la billetera equivocada, pero este riesgo es prácticamente el mismo que el de transferir fondos a la cuenta bancaria equivocada. De hecho, el usuario tiene un mayor control sobre una transacción de Bitcoin, con mayor visibilidad y autonomía en el proceso.
En cuanto al riesgo de corrección de precios, cabe recordar que no se limita a los criptoactivos. Curiosamente, las correcciones de precios (léase: recesiones) son consecuencia del sistema financiero de moneda fiduciaria que Lagarde defiende con tanta vehemencia. Un sistema que trata el crédito como si fuera capital, monetizando la deuda de forma sistemática y despiadada. Cabe recordar que, precisamente bajo el liderazgo de Lagarde, el BCE ha aumentado la oferta monetaria M2 en un 38 % desde 2019, un agregado que permite estimar la moneda en circulación y la liquidez de una economía.
Esta lógica de emisión y monetización de deuda es particularmente evidente en el sector inmobiliario, debido en gran medida a la proximidad estructural de los bancos a la fuente de nueva moneda. Estos intermediarios financieros se benefician de un acceso privilegiado a la liquidez recién creada, antes de que pierda valor en la economía en su conjunto, lo que les permite posicionarse ventajosamente frente a otros agentes económicos. Por lo tanto, los tenedores de capital se ven naturalmente obligados a buscar refugio en la inversión inmobiliaria para intentar preservar el valor de sus ingresos.
Ante el abrupto aumento de la base monetaria y las posibles soluciones para mitigar sus efectos, Lagarde simplemente declaró : «Ya llegará» . ¿Acaso esta inevitable corrección, potencialmente devastadora para millones de ciudadanos, no merece el mismo nivel de preocupación que ella reserva para los criptoactivos?
En cuanto a las monedas estables , ofrecen varias ventajas sobre el euro digital, a pesar de algunos desafíos de madurez. Al ser de emisión privada, su adopción es opcional, a diferencia de un posible euro digital. Además, estas entidades emisoras tienen un incentivo directo para someterse a auditorías independientes; de lo contrario, corren el riesgo de perder la confianza de sus clientes. En el caso del BCE, esta rendición de cuentas es más difusa y, en ocasiones, prácticamente inexistente.
La stablecoin más utilizada, Tether, mantiene su paridad con el dólar principalmente mediante la tenencia de bonos del Tesoro estadounidense. Esta estructura de colateralización añade una capa adicional de seguridad: el propio gobierno estadounidense tiene interés en garantizar la estabilidad de un activo vinculado al dólar utilizado por millones de personas. En cambio, el BCE no revela la cantidad de estos mismos bonos que posee, y en este caso, esta falta de supervisión y transparencia ya no parece preocupar a Lagarde.
Finalmente, la francesa afirma que, al igual que los billetes y monedas físicos, el euro digital estaría exento de riesgos. Sin embargo, basta con observar el aumento del 38% del agregado M2 desde 2019 para comprobar lo contrario: en tan solo seis años, Lagarde ha expandido la base monetaria a un ritmo que, con la tasa de inflación "deseable" del 2% anual, tardaría más de dieciséis años en alcanzarse. Esta inflación acelerada representa, en sí misma, un riesgo sistémico para los hogares, un riesgo que no desaparecería con el euro digital. Al contrario, podría verse amplificado, dada la naturaleza programable y centralizada de esta CBDC.
La Unión Europea no necesita un euro digital. Lo que sí necesita, y con urgencia, es una estrategia clara y ambiciosa para Bitcoin. En comparación, Estados Unidos y China poseen alrededor de 200.000 Bitcoins cada uno, lo que sugiere que este es otro aspecto en el que Europa podría quedarse atrás.
Irónicamente, la Unión Europea podría combinar sus ambiciones ecológicas con la minería de Bitcoin. Una de las críticas recurrentes a las energías renovables es que, en ocasiones, producen más de lo que necesitan. En estos casos, la generación de energía suele reducirse intencionadamente, lo que resulta en un desperdicio técnico y económico. Se estima que, solo en 2023, se desperdiciaron deliberadamente más de 12 TWh de energía renovable, con un impacto económico de más de 4000 millones de euros. Esta misma energía podría haberse canalizado hacia la minería sostenible de Bitcoin, convirtiendo el desperdicio en valor.
En el caso de Portugal, existen condiciones particularmente favorables que el nuevo gobierno debería aprovechar para posicionar al país como pionero en Europa Occidental. Además de la exención fiscal actual sobre las ganancias de capital derivadas de criptoactivos mantenidos durante más de un año, el país cuenta con un ecosistema tecnológico en crecimiento, con talento nacional altamente cualificado y costes operativos significativamente inferiores a los de la mayoría de los demás países europeos.
La llegada al poder de un nuevo gobierno representa una oportunidad política para dar un paso estratégico: la creación de un grupo de trabajo nacional dedicado a los criptoactivos, que reúna a representantes de los sectores público y privado, así como del mundo académico. Como primera misión, este equipo debería presentar, para finales de año, un plan con recomendaciones legislativas, fiscales y energéticas. Este plan podría ir acompañado de un proyecto piloto que utilizaría el excedente de energía renovable para la minería de Bitcoin. A medio plazo, el objetivo final sería crear una reserva estratégica nacional de activos digitales, con énfasis en Bitcoin, como instrumento para diversificar las reservas financieras del Estado y protegerse contra los riesgos inflacionarios globales.
El argumento de que el sector aún es inmaduro o propenso al abuso no puede utilizarse como pretexto para la inacción. Como ocurre con cualquier tecnología emergente, existen riesgos, pero son gestionables mediante una regulación inteligente, conocimientos financieros y tecnológicos, y mediante la colaboración activa entre los diferentes actores económicos.
Ignorar esta realidad será inevitablemente perjudicial, tanto para la economía europea como para la portuguesa. En palabras de la propia presidenta del BCE: «Ya llegará».
observador
