La UE crea una lista que clasifica el riesgo de deforestación de los países y genera polémica

La Unión Europea (UE) elaboró una lista que clasifica el riesgo de deforestación de los países, lo que provocó críticas entre los ambientalistas el martes (13). El riesgo de Brasil, por ejemplo, fue destacado como un estándar; el de Estados Unidos, bajo; y el de Rusia, alto.
Esta lista, que aún no ha sido publicada, forma parte del reglamento sobre deforestación que se implementará a partir del 30 de diciembre de 2025, con el objetivo de prohibir la comercialización en Europa de productos procedentes de tierras deforestadas después de 2020.
Los estándares de trazabilidad para las empresas importadoras, así como los controles, serán más o menos exigentes dependiendo de la categoría de riesgo asignada a cada país.
Según varias fuentes europeas, los 27 estados miembros validaron el lunes una lista que considera a todos los países europeos, así como a China y Estados Unidos, como países de bajo riesgo.
A su vez, Brasil e Indonesia serían considerados países de riesgo estándar. Y los países clasificados como de mayor riesgo serían Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Myanmar, por razones políticas.
La ONG Global Witness lamentó este martes que Brasil no fuera clasificado como de alto riesgo, dado que “la crisis de deforestación afecta bosques esenciales para el clima en la Amazonia”.
La eurodiputada ecologista francesa Marie Toussaint se declaró “sorprendida por las clasificaciones de Estados Unidos, Indonesia y Brasil”. “Esperaremos a ver los criterios y si son objetivos”, dijo el legislador.
Se espera que Bruselas publique esta lista en las próximas semanas.
La UE ya había pospuesto un año la entrada en vigor de esta ley –de finales de 2024 a finales de 2025– debido a las presiones de Brasil, Estados Unidos e incluso Alemania.
Con esta normativa, las empresas importadoras de productos como cacao, café, soja, aceite de palma o madera deberán demostrar la trazabilidad mediante datos de geolocalización proporcionados por los agricultores, complementados con imágenes satelitales.
Estas nuevas normas han provocado una fuerte oposición del sector agroindustrial y de varios países africanos, asiáticos y sudamericanos, preocupados por los costos adicionales que representarán para los agricultores, ganaderos y forestales.
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