El movimiento afirma que el informe sobre la evaluación de la presa es "una vergüenza"

El informe parte del supuesto de que la ley vigente no permite la inclusión de equipos de presas, eólicos y fotovoltaicos en el valor catastral a efectos del IMI. Propone, por tanto, una enmienda a la ley para que se incluyan. Esta exclusión contradice directamente la orden del anterior Secretario de Estado de Hacienda, Nuno Félix, quien ordenó a la AT incluirlos, explicando que la ley vigente así lo exige, declaró a Lusa Graciano Paulo, miembro de este movimiento.

Según este miembro del Movimiento Cultural de Terra de Miranda (MCTM), “la exclusión de los equipamientos contradice también la jurisprudencia uniforme y consolidada del Tribunal Supremo Administrativo (TSA) que incluye expresamente los equipamientos en las valoraciones”.

También en este informe, y en un comunicado enviado hoy a la agencia de noticias Lusa, el MCTM afirma “que el informe sólo tiene un objetivo: dar otra rebaja fiscal ahora en el IMI, a EDP y a las concesionarias”.

“Esta reducción fiscal tiene una doble dimensión, en primer lugar elimina todas las deudas pasadas, porque significa que los equipos no pueden incluirse en las evaluaciones de las presas, contradiciendo así la orden del anterior Secretario de Estado, Nuno Félix, que había ordenado su inclusión, y la jurisprudencia uniforme de la propia STA”, se puede leer en la misma nota.

Según el MCTM, con esto “el grupo de trabajo pretende considerar ilegales todas las liquidaciones y así anular todo el Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles (IMI) adeudado por los concesionarios y, en el futuro, también liberar a los concesionarios del pago del impuesto, proponiendo para ello una modificación de la ley.

“Este cambio sólo servirá de pretexto para que los concesionarios exijan al Estado una compensación equivalente al valor del IMI a pagar en el futuro, debido al cambio en las premisas legales de los contratos de concesión”, subraya el movimiento transmontano.

El MCTM reitera, para que “no quepa ninguna duda”, que “todo el IMI correrá a cargo del Estado, es decir, de todos los ciudadanos portugueses”.

“Este grupo de trabajo, que debería servir al interés público, realiza con este informe otro intento engañoso, ilegal e ilegítimo de liberar a EDP y a los concesionarios de su obligación de pagar el IMI”, subrayó.

El MCTM añade también que el informe corona con éxito la estrategia de EDP y de las concesionarias de lograr un cambio en la ley para generar un apagón fiscal.

Para los integrantes del MCTM, el informe “presenta graves errores técnicos, omitiendo, en particular, que la ley actual ya exige la inclusión de los equipos de las presas en las evaluaciones, y que ese es el entendimiento uniforme de la STA”.

El informe del grupo de trabajo, al que Lusa ha tenido acceso, propone que el artículo del Código IMI que enumera los sujetos pasivos incluya que “en el caso de centros de generación de energía eléctrica de conversión de energías renovables, cuando exista concesión o licencia para el uso de un inmueble, aunque sea de dominio público, el impuesto lo debe el concesionario o el licenciatario”.

Creado a principios de este año, este grupo de trabajo, presidido por Dulce Neto, juez y expresidenta de la STA, tenía la misión de hacer propuestas sobre la evaluación y tributación de los centros de producción de electricidad (en concreto, centrales hidroeléctricas, parques eólicos y parques solares fotovoltaicos) en términos de IMI, teniendo en cuenta las dudas y litigiosidad que esta materia ha suscitado.

El aspecto fiscal de las represas saltó a la agenda mediática tras la venta por parte de EDP de seis represas en Trás-os-Montes (Miranda do Douro, Picote, Bemposta, Baixo Sabor, Feiticeiro y Tua), por 2.200 millones de euros, a un consorcio liderado por Engie.