La comisión de las Corts Valencianes sobre la dana se aleja del criterio de la jueza de Catarroja

Más de seis meses ha tardado el Parlamento valenciano en aprobar un plan de trabajo para la comisión de investigación que debe ayudar a esclarecer lo sucedido antes, durante y después de la dana del pasado 29 de octubre. Una hoja de ruta acordada ayer por la mayoría de PP y Vox que no tiene todavía fijado un calendario de comparecencias y que únicamente contempla plazos para que las administraciones entreguen la documentación solicitada y que los grupos la estudien. Unas peticiones de documentación y convocatorias de comparecientes que se alejan del criterio que, sin demora y con una gran agilidad, ha trazado en la instrucción la jueza Nuria Ruiz Tobarra que investiga la causa judicial de la riada.

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Son caminos casi contradictorios y no solo por los tiempos y la celeridad judicial frente al lento avanzar de la comisión parlamentaria. Mientras la jueza ha acotado claramente la investigación a las muertes y las posibles responsabilidades a los cargos de la Generalitat -solo hay dos imputados y ambos formaban parte de la Conselleria de Emergencias-, el documento aprobado por PP y Vox se centra más en la labor de las agencias estatales (CHJ y Aemet) y del Gobierno que del Consell de Carlos Mazón. Así, frente a las 94 solicitudes de información al Ejecutivo y organismos estatales, solo hace 27 peticiones a la Generalitat Valenciana. Paralelamente, PP y Vox citan a 24 cargos de la Administración central por solo a 17 de la Generalitat Valenciana.

Un apunte, ya en varias ocasiones, la titular del juzgado de Catarroja ha rechazado imputar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pese a la insistencia de algunas partes. Bernabé compareció hace unas semanas en calidad de testigo.

Las víctimas llevan semanas explicando a la jueza lo que sucedió la jornada del 29-O

Con todo, lo más llamativo es que mientras la magistrada ha dado un absoluto protagonismo a las declaraciones de las víctimas, a las que lleva semanas tomando declaración, en la comisión de las Corts no se ha previsto comparecencia alguna de afectados por la dana o de las asociaciones que los representan.

Otra diferencia importante: entre los futuros comparecientes de la comisión hay 17 alcaldes de municipios afectados por la tragedia, a los que los grupos que ostentan la mayoría reservan un papel protagonista. Sin embargo, la semana pasada, en uno de sus autos, la jueza de Catarroja rechazó “de plano” atribuir a los alcaldes responsabilidad penal al considerar que “no recibieron información precisa ni se les aconsejó sobre las medidas a adoptar”. Sí que es cierto que tanto el primer edil de Utiel como el de Algemesí están citados por la magistrada para declarar en calidad de testigos, pero con la salvedad de que la jueza no les ve responsables de lo acontecido.