El Gobierno reafirma su veto a empresas israelíes en la mayor feria de defensa

Tras el carpetazo dado por el Gobierno a la polémica por el contrato que el Ministerio del Interior formalizó para la compra de balas para la Guardia Civil a una empresa armamentís­tica israelí –con la desautorización del presidente Pedro Sán­chez a su ministro Fernando Grande-Marlaska–, el Ejecutivo cerrará esta semana filas en torno a su compromiso “con la paz y la seguridad en Oriente Próximo” a través del veto a todas las compañías israelíes en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef), convertida en el mayor escaparate de la industria militar en España, que arranca mañana en Madrid.

El Ministerio de Defensa, que da respaldo institucional a la muestra, ha trabajado en los últimos meses para no permitir ni un solo resquicio de huella del sector israelí, puntero en el desarrollo tecnológico de grandes proyectos armamentísticos. Entre ellos, el lanzacohetes Silam o el lanzamisiles contracarro Spike, que se están desarrollando en España, puesto que el departamento que dirige Margarita Robles no ha encontrado sus­tituto.

En Feindef defienden que no tienen cabida empresas ajenas al derecho internacional y humanitario

A empresas israelíes como Rafael Advanced Defense Systems (uno de las mayores referentes en el sector), Elbit Systems (que en la cadena de suministros aporta el componente tecnológico al lanzacohetes que se fabrica en Córdoba) o Guardian Defense & Homeland Security (adjudicataria de los 6 millones en balas para la Guardia Civil) no parece haberles importado el veto del Ministerio de Defensa, pese a que fuentes de estas compañías lo tachan de discriminatorio.

“El impacto de la ruptura es mínimo para las empresas porque hablamos de contratos puntuales que son una gota en un océano, sin embargo el hipócrita veto sí puede afectar a proyectos críticos para la defensa del país”, explica una fuente no oficial de una de estas compañías. Tanto confían en que tienen poco que perder que ninguna empresa israelí ha dado la batalla en los tribunales como sí han hecho en Francia.

Los expertos critican la medida “hipócrita”, pese a que el impacto en las empresas por el veto español es mínimo

El Gobierno francés solicitó a Euronaval, la feria de defensa más importante del país, que excluyese a las empresas israelíes que fabrican armamento ofensivo usado en Gaza y Líbano. La decisión, que indignó a Israel, afectaba a cinco compañías que sí acudieron a la justicia. El Tribunal de Comercio de París anuló el veto gubernamental al considerarlo discriminatorio. Aquí en España, cuando la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, anunció que en Feindef no habría “ninguna empresa israelí” —ni tampoco representación institucional de este país—, ni la embajada de Israel en España, que suele airear sus desencuentros con el Gobierno central a través de las redes sociales, mostró especial rechazo público. No obstante, fuentes de la embajada explican a La Vanguardia que el veto es “desafortunado” porque mientras que “Israel lucha por su existencia en siete frentes diferentes”, se toma una decisión “que discrimina al único Estado judío del mundo”. “En otros países el Tribunal Supremo dictaminó que tal discriminación es ilegal”, añaden las mismas.

El presidente de la Fundación Feindef, Ángel Olivares, ha venido insistiendo estos días que España es un “país comprometido” con el derecho internacional y humanitario, por lo que “no tiene cabida” la participación de compañías que no respeten esos principios. “Los valores no se negocian”, ha asegurado Olivares, quien está con­ven­cido de que esto no es una traba para la feria, por la que desfilarán figuras clave –ya sea uniformadas como los jefes de Estado Mayor de los ejércitos, o no uniformadas como líderes empresariales o altos cargos del Ministerio de Defensa– por los expositores de más de 500 empresas, de las cuales un 35% son internacionales, en representación de 65 países.

La feria evidenciará la casi nula presencia de la industria en el corredor de Catalunya frente a otras regiones

Se espera la asistencia de más de 35.000 profesionales y la presencia de más de un centenar de delegaciones oficiales.

Quienes también asistirán serán los diputados de la comisión de Defensa del Congreso. La feria internacional también servirá para evidenciar la poca presencia de la industria de defensa en el corredor de Catalunya, frente a la considerable penetración que tiene en otras comunidades autónomas.

Un estudio de la Fundación Delàs –el organismo que reveló hace unas semanas que el Gobierno adjudicó 46 contratos de material militar a empresas israelíes desde el comienzo de la guerra en Gaza– recoge que la industria militar en Catalunya es “más un deseo y una ambición de algunas empresas y de algunos políticos de hacer cuajar en Catalunya este tejido industrial, que una realidad”. El estudio concluye que fuera de algunas empresas que suministran algunos componentes, lo cierto es que no ha arraigado ningún fabricante de producción de armas importante en Catalunya.