Presenta la SSPC estrategia nacional contra extorsión; en 10 años subió 82%

Ante la escalada en los casos de extorsión en el país, el gobierno federal presentó ayer la Estrategia Nacional contra el delito.

Durante los primeros cinco meses del año, México registró 4,882 víctimas del delito de extorsión, la cifra más alta para ese periodo desde 2015, de acuerdo con datos oficiales. Este número supera en 2,204 casos a los registrados en el mismo lapso de 2015, cuando se reportaron 2,678 víctimas, lo que representa un aumento del 82.3% en una década.

La comparación con 2018, año previo al inicio del actual sexenio, también refleja un crecimiento notable. En los primeros cinco meses de ese año, se contabilizaron 2,735 víctimas, lo que significa que en 2025 hubo 2,147 casos más, es decir, un incremento del 78.5% respecto a ese año.

El mes con mayor número de víctimas de extorsión en lo que va de 2025 fue marzo, con 1,046 casos, seguido de febrero con 1,022 y mayo con 1,004. En cambio, el mes con menos registros fue abril, con 886 víctimas, aunque esa cifra por sí sola es superior a cualquier mes reportado en 2015, 2016 o 2017.

En términos históricos, el mes con más víctimas de extorsión en un solo año entre 2015 y 2025 fue abril de 2022, cuando se reportaron 1,141 casos, seguido por mayo del mismo año con 1,117.

Ante este panorama las autoridades indicaron ayer que el plan tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales para desmantelar redes criminales vinculadas con este delito.

Se dio a conocer que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocho entidades concentran el 66% de las denuncias por extorsión en la actual administración: Estado de México (2,049 carpetas), Guanajuato (879), Nuevo León (645), Ciudad de México (602), Veracruz (585), Jalisco (178), Michoacán (124) y Guerrero (47).

Se detalló que en esas regiones, se desplegarán equipos multidisciplinarios y especializados con participación de la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, la FGR, la UIF y los gobiernos locales. También, se precisó que la estrategia, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, se apoya en la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

“Detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras que, todos los días, con esfuerzo y honestidad, levantan negocios, cultivan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios”, expresó García Harfuch.

Entre las acciones clave destacan: detenciones mediante labores de inteligencia, capacitación a operadores del número de emergencias 089, bloqueo de cuentas bancarias ligadas al delito, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, solicitud de órdenes judiciales para bloqueo de líneas y equipos celulares utilizados en cárceles para realizar llamadas de extorsión y operativos en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos de comunicación.

También, informó que desde marzo de 2025, gracias a la colaboración ciudadana y al Observatorio de Seguridad Ciudadana, se han canalizado más de 60 casos que derivaron en detenciones y operativos exitosos.

Algunos de las personas detenidas fueron: Santiago “N”, en Tabasco, mientras realizaba el cobro de una extorsión, y se desarticuló a una célula conocida como La Barredora; Alfredo “N”, señalado como responsable de extorsiones, homicidios y tráfico de armas, en Zacatecas; o a tres personas en Quintana Roo que, presuntamente, estaban vinculadas con los delitos de narcomenudeo y extorsión.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero subrayó que, aunque la extorsión es un delito del fuero común, el gobierno federal está obligado a proteger a la ciudadanía sin distinciones.

“Tenemos identificadas las cárceles desde donde operan las extorsiones telefónicas. Vamos a presentar denuncias del fuero común contra cualquier persona implicada, y cada mes informaremos públicamente qué centros penitenciarios están involucrados”, dijo.

Además, anunció que convocará el próximo 1 de agosto a todos los fiscales estatales para establecer un compromiso nacional de levantamiento y seguimiento de denuncias en esta materia.

Como parte de la estrategia, se anunció que se pondrá en marcha una campaña de prevención a nivel nacional con apoyo de medios de comunicación e iniciativa privada. Se capacitará a cajeros de tiendas de conveniencia y bancos, para evitar depósitos a extorsionadores; además, recepcionistas de hoteles, para detectar secuestros virtuales y llamadas sospechosas.

Mientras que el número 089 será promovido como el canal oficial para denuncias anónimas de extorsión.