Gobierno y Generalitat pactan una financiación singular para Cataluña y extensible al resto de autonomías que le permitirá recaudar aún más impuestos y desplegar su Hacienda propia

El Gobierno y la Generalitat dan forma a la financiación singular que sirvió para que ERC desatascara la investidura de Salvador Illa como presidente catalán. Ahora con el PSC al otro lado de la mesa, el Ejecutivo central ha pactado sacar de la caja común los impuestos de la autonomía, entre los que sobresale el IRPF, y llevará a la administración catalana a gestionar más de 25.000 millones de euros en impuestos.

Este lunes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y los consejeros de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Alícia Romero (Economía y Finanzas) dieron forma al pacto, para el que todavía queda recorrido a ser formalizado. Hasta el momento que se modifique la ley, la gestión será compartida.

"Se trata de un acuerdo entre instituciones que permite hacer un cambio de paradigma muy importante en materia de financiación", celebró Dalmau en su comparecencia. "Pasamos de un modelo de gastos a uno de ingresos", comparó.

El pacto con Cataluña es extensible al resto de territorios españoles, que decidirían que grado de gestión de sus impuestos querrían para sus instituciones autonómicas. En el caso catalán, la Generalitat se decanta por recaudar y gestionar el 100% de los tributos generados en Cataluña, algo que podrían también hacer el resto de autonomías, aunque se deben acometer modificaciones legislativas.

"Será una mezcla entre la bilateralidad entre las necesidades catalanas y la multilateralidad del resto de autonomías", destacó Dalmau. El Gobierno central llevará su propuesta de financiación autonómica nacional después del verano al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Luego sería las cortes generales las que deberían avalar el modelo definitivo.

Sin embargo, para lograrlo deberían tener una administración tributaria propia, algo que no tienen muchas de ellas. Cataluña sí la tiene, aunque debería dotarle de más recursos y ver como trasladar los inspectores de la Hacienda estatal a la autonómica, algo que han rechazado hasta ahora. Por poner un ejemplo: la Hacienda catalana tiene 850 trabajadores y la Agencia Tributaria en el territorio supera los 4.000.

De este modo, la Generalitat presentará este mismo mes de julio el plan elaborado de la mano de Indra para dota de músculo a la Agencia Tributaria Catalana para que pueda realizar sus funciones. El estreno soñado sería para 2026, con la cesión del 100% del IRPF, aunque deberá trabajar a contrarreloj para poder gestionar tal cantidad de recursos y realizar las modificaciones necesarias de la ley de cesión de tributos y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Lo más probable, no obstante, es que no se llegue a esa fecha y se arranque con una política inicial de cogestión.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, desgranó los detalles del pacto, que fija "los cimientos de la financiación singular en el marco de la reforma del sistema". "Nos comprometemos a trabajar en el despliegue la Agencia Tributaria Catalana e impulsar los cambios legislativos necesarios", añadió.

El acuerdo implicará una cuota de solidaridad calculada "de manera transparente", aseguró Torres. Además, destacó que la "bilateralidad será compatible con la multilateralidad".

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