El Gobierno elige Barcelona para la sección de la CNMC que supervisará los medios

El Gobierno plantea que el nuevo departamento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que inspeccionará la labor de los medios de comunicación privados se encuentre ubicada en Barcelona. La decisión se encuentra avanzada, según distintas fuentes consultadas, y se ha compartido con varios de los socios de investidura, que no ven problemas. Sin embargo, concretar este plan en una ley exige el concurso de Junts, que rechaza un pacto con el Ejecutivo si las competencias sobre la materia en Catalunya no se transfieren a la Generalitat. Sin delegación, el partido de Carles Puigdemont no aprobará la norma.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Público lleva varios meses intentando alumbrar la dirección general de Servicios Digitales y Medios de Comunicación. En el decreto ómnibus aprobado a finales del año pasado ya se contempló la modificación de la ley del organismo supervisor y la de servicios de la sociedad de la información para poder crear el nuevo departamento. Sin embargo, el decreto decayó en el Congreso y el Gobierno ha tenido que elaborar el denominado “anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación”, que se encuentra debatiendo con sus aliados.

La elección de Barcelona como sede de la nueva dirección general de la CNMC busca, en relación a las responsabilidades digitales, reforzar el papel de Catalunya como epicentro de una gran cantidad de empresas del sector, desde grandes multinacionales hasta startups, indican estas fuentes.

El partido catalán alerta de una especie de 155 digital al dar poder de inspección y sanción a funcionarios

A estas responsabilidades de la delegación catalana de la CNMC se sumaría la del registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación, que fue uno de los anuncios del plan de regeneración democrática presentado por el Gobierno tras los cinco días de reflexión del presidente Pedro Sánchez en abril del 2024 para luchar contra la desinformación y los “pseudomedios”. Este registro plantea que “los medios de ámbito estatal deberán inscribir y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional”. Será de libre acceso para consulta.

Junts, como ya hizo con la inmigración, ha exigido al PSOE la transferencia completa de las competencias inspectoras y que sea el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) la autoridad encargada de ejercerlas. La formación catalana propone, por tanto, que la nueva dirección general de Barcelona no sólo cuente con personal y recursos propios, sino que se apruebe también un traspaso competencial para que el mismo organismo tenga responsabilidad en la labor de inspección y control sobre los medios de comunicación que se editan en Catalunya o los de ámbito estatal con presencia en territorio catalán, así como los públicos.

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El planteamiento de Junts pasa por que el CAC disponga de competencias propias para aplicar la nueva normativa audiovisual europea en asuntos como la gestión del registro de medios. En caso contrario, la formación catalana no dará sus votos al Gobierno.

El Gobierno se ha negado, de momento, al traspaso. Las negociaciones no avanzan. El ministerio dirigido por Óscar López esgrime la posibilidad de sanción por parte de la Comisión Europea si no se traspone el reglamento comunitario de forma urgente. Sin embargo, el propio reglamento contempla que los Estados miembro podrán nombrar a otras autoridades para ejercer la competencia inspectora en la materia.

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El proyecto de ley que está defendiendo el Gobierno incluye otro aspecto que Junts rechaza. Se trata del apartado en el que se faculta a que los funcionarios puedan, sin autorización judicial, inspeccionar y sancionar con hasta un 6% de la cifra de negocios a prestadores de servicios por vulneración de la ley. Junts pide rehacer el artículo ya que lo interpreta como un 155 digital.