¿A qué se debe la obsesión del gobierno Petro con el tema de la salud?

Transitando el tercer año de este gobierno, está claro su propósito de modificar el modelo económico y político del país, distorsionando las reglas democráticas e inoculando en las entidades estatales a activistas y politiqueros alérgicos al gobierno corporativo y a resolver problemas reales.

Luego de dos años de encendidos discursos del gobierno y su bancada, el Congreso hundió dos proyectos de ley que buscaban acabar al actual sistema sanitario sin mostrar estudios serios, ni atender a otros análisis. Ante los hundimientos, el Ministerio y la Superintendencia de Salud engrupieron reglas, intervenciones y medidas extremas de control, y ahora se vienen con un decreto para terminar por las malas con su tarea.

Es cierto que el Sistema requería reformas, pero nada justifica su desmonte antitécnico, ni el consecuente perjuicio para los enfermos. Entonces, ¿por qué la obsesión? Detrás de discursos populistas despuntan razones ideológicas y de conveniencia política.Vea más: Reforma a la salud: falta de asesoría técnica y otros vacíos del proyecto

Nunca aceptaron la Seguridad Social, ni quieren aceptarla: A pesar de que hasta 1990 Colombia intentó sin éxito organizar el ‘Sistema Nacional de Salud’, académicos y políticos de izquierda insisten en un modelo sanitario estatal y se sueñan con el sistema cubano, desconociendo que la Seguridad Social ha mostrado impactos en todas partes, incluyendo a Colombia en los últimos 30 años. No les cabe en la cabeza que se pueden hacer ajustes al actual sistema sin destruirlo, ni siquiera que puede hacerse un proceso de transición para minimizar daños a millones de enfermos. Como no les gusta la casa, la están demoliendo con la gente adentro.

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De otro lado, el proyecto promovido y perseguido por este gobierno es el de un gigantesco aparato estatal socialista controlando todo, que abjura de la iniciativa privada y del mercado. Ése es ‘el cambio’. El botín: El gasto total en salud superará en 2025 los $100 billones, que los malogrados proyectos de ley aspiraban a dosificar. Todas las movidas financieras e intervenciones, más la concentración de recursos en pocas manos, parece una cruzada por apropiarse de billonarios contratos. De hecho, el gobierno ya controla dineros y contratos de las EPS que atienden al 62,5% de la población, y desde el Ministerio y la Superintendencia de Salud nombran interventores y juntas directivas de su cuerda, cortan contrataciones vigentes para iniciar otras, muchas directas, pagan a unos proveedores más no a otros, no compran suficientes insumos y medicamentos.

Mientras, según datos de gremios, se cerraron unas 3.500 IPS el último año y alrededor de 17.000 servicios médicos, los enfermos van al garete y se incrementan sus quejas. Dificultades con dineros públicos existieron siempre, pero ahora crecen como espuma, incluso, familiares de funcionarios exigen renuncias y presionan para que se realicen contrataciones ante impávidos órganos de control. Impulsar una feria de favores y contratación directa lleva al derroche y a muertes de ciudadanos silenciosos.

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¿Quién duda de la corrupción en Colombia? Pero no comprenden, o no quieren comprender, que, poniendo billones en manos de políticos y funcionarios con escasa vigilancia, sin atacar seriamente a la corrupción, no mejorará el actual sistema de salud. Como están las cosas, pasó el tiempo de quejarse o mostrar los problemas. No queda otra alternativa para gremios y actores del sistema, para asociaciones de pacientes y veedurías ciudadanas, que interponer denuncias y pleitos directamente contra funcionarios que abusan de sus cargos y funciones, que malversan fondos o que abiertamente malinterpretan la ley, y claro, para aquellos que se juzgue que están en círculos de corrupción o que los consienten.

-Priorizar a ciertas poblaciones, mejora su favorabilidad: Con asesoría y médicos cubanos, desde 2003 y hasta hoy, la ‘Misión Barrio Adentro’ instrumentalizó políticamente los servicios sanitarios y puso a millones de venezolanos a esperar subsidios y servicios a cambio de votos. En la alcaldía Petro calcaron el modelo chavista y montaron el programa ‘Territorios Saludables’ en 2012, el que, según sus reportes, desarrolló “acciones educativas, de promoción, prevención e intervención en 85 territorios de la ciudad”, y “activó y promovió la participación de la comunidad a través de la conformación de redes sociales y comunitarias”. Llegado Peñalosa a la alcaldía, desmontó ese programa e informó sobre un costo de unos $1.000 millones diarios con pésimos resultados, además, que buena parte de sus 8.000 contratistas no era personal sanitario ni hacía labores de salud.

Replicando a ‘Territorios Saludables’, el Minsalud en 2022 creó el ‘Programa de Equipos Básicos de Salud’ para financiarlo con el 5% que le quitarían a la UPC, por lo que la Corte Constitucional indicó que ese programa desfinanciaba el Plan Básico de Salud y advirtió que el Ministerio no presentó estudios técnicos suficientes para justificarlo. A pesar de ello, montaron 5.000 equipos en todo el país que contaban a finales de 2024, con unos 80.000 contratistas (10 veces más que en Bogotá).

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Además de las funciones sanitarias básicas que se supone deben realizar, empadronan a la población y realizan ‘otras intervenciones de tipo social’. Este programa se maneja por fuera del aseguramiento y de las EPS, cuesta más de $2 billones, y parece operar como un parche dentro de los programas de Promoción y Prevención. Finalmente, según denuncias, el gobierno no logra justificar sus gastos adecuadamente y hay opacidad en sus contrataciones. Dados los antecedentes cuesta creer que no será utilizado para fines electorales.

-La salud como dádiva y no como derecho: En 2015, la Ley Estatutaria de Salud 1751 estableció que la salud es un Derecho Fundamental, además, luego de años, los colombianos comprendieron que tienen derechos, que pueden exigir y presentan tutelas. Ha sido un proceso largo que, aunque imperfecto, ahí está. Ahora con un discurso grandilocuente, lo que se propone es que los enfermos ‘dependan’ de las autorizaciones de funcionarios públicos. Es un retroceso de 40 años en el que se pretende cambiar un derecho fundamental por ‘la voluntad’ de empleados estatales y políticos.

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¿Quién reclamará cuando sean los mismos funcionarios los que regulan, autorizan, manejan el dinero, contratan servicios y se vigilan a sí mismos en un contexto de alta corrupción?, ¿Quién controlará a funcionarios y administraciones sin órganos de control independientes, tal como ya se ve? Nada de esto es retórico, pues si hoy, aún sin tener control total del sistema no responden ante el deterioro de los servicios en EPS intervenidas ni por el desastre de la salud de los maestros, ni por la falta de medicamentos, imaginemos el sometimiento en el que quedaría el país cuando logren su cometido. Ni siquiera las Cortes parecen lograr que testarudos funcionarios se echen para atrás ante incrementos caprichosos en la UPC.

En resumen, controlar a antojo billonarios recursos y contratos, poner al ciudadano a depender de la voluntad de funcionarios y políticos, y empadronar a la población de bajos recursos para modificar su favorabilidad electoral antes de 2026, explican la obsesión por tomarse el actual Sistema de Salud.FRANCISCO DE PAULA GÓMEZExperto en Salud Pública y Seguridad Social