Basta de control y represión, este es el plan antidrogas
La contraconferencia
La conferencia de gobierno concluyó así dentro de un horizonte predefinido: más sanciones, más control, más represión, sin ninguna evaluación de la evidencia ni de la realidad social.
La Contraconferencia sobre Drogas concluyó el sábado pasado en Roma, en la Sala della Protomoteca del Campidoglio, tras tres intensos días de debates, asambleas, talleres, testimonios y discusiones entre asociaciones, profesionales, personas usuarias de drogas, administradores locales, investigadores y movimientos sociales. La amplia y transversal participación reunió experiencias y conocimientos que desde hace años reclaman una reforma radical de la legislación italiana sobre drogas.
La Contraconferencia —convocada por una amplia red de organizaciones de la sociedad civil— surgió como respuesta política a una conferencia gubernamental a puerta cerrada, totalmente ajena a la política internacional y sin precedentes. La postura del gobierno sigue anclada en los paradigmas represivos introducidos hace treinta años por la Ley 309/90. El documento aprobado al término de la conferencia reafirma la necesidad de una evaluación honesta del daño causado por la prohibición: encarcelamiento masivo, estigmatización, discriminación social, empobrecimiento regional y la creciente marginación de los consumidores más vulnerables. El texto esboza un plan de reforma integral, estableciendo objetivos intermedios como la despenalización del consumo de drogas y la proporcionalidad de las penas por tráfico, el fin de las sanciones administrativas y las medidas discriminatorias como las DASPO y las zonas rojas, y la derogación de las medidas represivas del gobierno de Meloni ( el Decreto Rave, el Decreto Caivano, las nuevas regulaciones del Código de Circulación y el Decreto de Seguridad ). Esto se complementa con la extensión efectiva de los Niveles Esenciales de Atención para la reducción de daños, incluyendo salas de consumo de drogas y análisis de drogas. El objetivo es una nueva estructura de gobernanza basada en la salud pública en lugar del control penal, sustentada en la construcción de modelos de regulación legal, comenzando con el cannabis.
Existe un espacio donde las políticas de drogas se concretan, interactúan con la gente y producen efectos inmediatos en la vida cotidiana. Ese espacio es la ciudad. Por ello, resulta esencial definir políticas locales para la gestión social de los contextos urbanos. La Red Elide de Ciudades para la Innovación en Políticas de Drogas recordó que las propuestas elaboradas en la Asamblea Nacional de Milán en enero de 2025 y presentadas al Gobierno como contribución a la Conferencia sobre Adicciones fueron completamente ignoradas. No hubo convocatoria, ni debate, ni reconocimiento del papel de las ciudades. La Conferencia del Gobierno concluyó, por lo tanto, con una agenda predefinida: más sanciones, más control, más represión, sin ninguna evaluación de la evidencia ni de la realidad social.
Aquí es donde las ciudades han optado por retomar el camino, participando en la Contraconferencia y compartiendo las propuestas surgidas, « con especial atención a aquellas que cuestionan el papel estratégico de los gobiernos locales en la gestión del fenómeno, con un enfoque integral que sitúa los derechos humanos, la salud pública y la reducción de daños en el centro». La seguridad no se construye mediante el control: se fortalece fomentando las relaciones y la comunidad. Y las ciudades lo saben bien.
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