Ómnibus: comentarios de 14 Estados miembros sobre la simplificación y la protección de los objetivos ESG

Mientras las negociaciones europeas sobre el Paquete Ómnibus están en curso, 14 Estados miembros de la Unión Europea , entre ellos Alemania, Estonia, Finlandia, Luxemburgo e Italia, han presentado comentarios detallados destinados a orientar la revisión de las Directivas europeas sobre informes de sostenibilidad (CSRD) y las Directivas de diligencia debida (CSDD). La propuesta de la Comisión pretende simplificar determinados requisitos reglamentarios y reducir las cargas administrativas, en particular para las pequeñas y medianas empresas, manteniendo la coherencia con los objetivos del Pacto Verde.

El documento de trabajo destaca el amplio apoyo al principio de simplificación , pero también la necesidad de garantizar que dicha simplificación no socave la credibilidad y la eficacia de la transición sostenible. Muchos países, entre ellos Alemania y Estonia, subrayan la necesidad de evitar que la burocracia asociada a la sostenibilidad obstaculice la competitividad de las empresas europeas . De ahí la propuesta compartida de hacer que algunos requisitos de diligencia debida sean voluntarios y fortalecer la flexibilidad en la recopilación de datos a lo largo de las cadenas de valor.

Uno de los temas más discutidos es el ajuste de los umbrales de tamaño que determinan la aplicabilidad de la CSRD. La propuesta de la Comisión prevé una exención para las empresas con menos de 1.000 empleados y un volumen de negocios inferior a 450 millones de euros. Alemania y la República Checa proponen una aplicación estricta de ambos umbrales en paralelo, pero Italia avanza una posición distinta y más flexible, proponiendo rebajar el umbral a 500 empleados para determinadas obligaciones y distinguir entre empresas sujetas a una declaración completa y empresas que podrían adoptar normas simplificadas. Se trata de una propuesta acorde con el principio de proporcionalidad, que permite diferenciar las obligaciones en función de la capacidad real de las empresas para cumplirlas.

Otro aspecto crítico planteado se refiere a la calidad y cantidad de la información solicitada : muchas delegaciones cuestionan la utilidad real de la cantidad de datos que se deben recopilar y comunicar, a menudo sin un valor añadido claro en términos de transparencia o impacto ambiental o social. La rigidez de los requisitos profesionales exigidos a los auditores también ha sido criticada , en particular por Luxemburgo, y apoyada también por Italia, que pide una mayor flexibilidad en las normas aplicables a los organismos de control. Finlandia, por su parte, destaca la necesidad de que la Comisión dicte directrices más claras para ayudar a los operadores financieros a abordar las superposiciones regulatorias entre finanzas y sostenibilidad.

Otro aspecto clave es la extensión de la información a lo largo de la cadena de valor . Varios Estados miembros, incluida Italia, proponen que las empresas no estén obligadas a recopilar datos de proveedores con menos de 1.000 empleados, a menos que exista un acuerdo voluntario. Este enfoque pretende proteger a los socios más pequeños de la cadena de suministro, que a menudo carecen de los recursos para cumplir con los complejos requisitos de presentación de informes, evitando al mismo tiempo distorsiones en las relaciones comerciales entre grandes empresas y pymes.

Otro tema compartido por varios Estados es la atención al delicado equilibrio entre transparencia y confidencialidad . Varias delegaciones, incluidas Alemania e Italia, subrayan la necesidad de que las obligaciones de divulgación no obliguen a las empresas a revelar información protegida, como conocimientos técnicos, patentes o resultados de innovación. De acuerdo con el principio establecido por la Directiva 2016/943 de la UE sobre secretos comerciales, se reitera que la información sobre sostenibilidad no puede convertirse en un factor de riesgo competitivo para las empresas europeas, especialmente en los sectores de alta tecnología.

En lo que respecta a las PYMES, existe una amplia convergencia sobre la necesidad de exenciones específicas para las pequeñas empresas que cotizan en bolsa , considerando que la cotización en bolsa por sí sola no es en sí misma un indicador de capacidad operativa que justifique cargas administrativas tan significativas.

Por último, Italia, si bien apoya la intención de la Comisión de simplificar el ESRS mediante un acto delegado que elimine los puntos de datos menos relevantes, dé mayor valor a los indicadores cuantitativos y aclare la aplicación del principio de materialidad, también subraya la necesidad de adoptar un enfoque gradual para su implementación. Esto pretende permitir a las empresas, especialmente a las pymes, adaptarse gradualmente a los nuevos requerimientos, evitando impactos operativos excesivamente repentinos. En esta perspectiva, Italia destaca la importancia de apoyar la legislación con herramientas concretas de apoyo técnico y financiero, esenciales para facilitar una transición adecuada hacia estándares de sostenibilidad.

En resumen, los comentarios surgidos perfilan un frente común para una simplificación razonada que no comprometa la ambición climática y social de la Unión. El verdadero desafío será encontrar un equilibrio entre el rigor regulatorio y la sostenibilidad administrativa, garantizando que la transición verde sea inclusiva, factible y competitiva.