Lanzada por un estudiante el 10 de julio, la petición contra la ley Duplomb supera el millón de firmas: ¿Qué puede pasar ahora?
En una entrevista con AFP, la experta constitucional Anne-Charlène Bezzina predijo "un verdadero rompecabezas chino" en el que los grupos parlamentarios, el presidente de la República, el Consejo Constitucional y el juez administrativo tendrán su papel que desempeñar.
- ¿Un debate inédito en la Asamblea?La posibilidad de presentar peticiones en línea data de 2019 y es una muestra de la deseada apertura de la Asamblea al debate ciudadano. Este es un ejemplo muy concreto de democracia participativa que podría trascender los límites.
El hito simbólico de 500.000 firmas ya se ha superado en gran medida, y la Conferencia de Presidentes de la Asamblea Nacional puede por tanto, tal y como prevé su reglamento, decidir organizar un debate en la cámara.
Esto no quiere decir que la ley vaya a ser reexaminada en cuanto al fondo, pero sí será una primicia bajo la V República y, dada la movilización ciudadana, será especialmente examinada.
El 8 de julio, esta ley fue aprobada por 316 votos a favor y 223 en contra. ¿Podrían los diputados retractarse y considerar que debería derogarse, si ya había sido promulgada por el Presidente de la República? Nada podría ser menos cierto.
Pero si ese fuera el caso, daría alas a los grupos de la oposición, en particular a los Verdes, que podrían en cualquier momento presentar un proyecto de ley que incluyera la derogación de la ley Duplomb y su artículo sobre la reintroducción del pesticida acetamiprid como excepción. Todo estaría entonces en juego de nuevo.
- El Consejo Constitucional tomó posesiónLos diputados de izquierda presentaron el 11 de julio un recurso ante el Consejo Constitucional, que tiene un mes para decidir.
Se espera una censura, sobre todo porque la ley Duplomb fue objeto de una moción de rechazo previa, lo que impidió cualquier debate real en la cámara.
Es muy poco probable que los Sabios censuren por defectos de procedimiento: ya han dictaminado en el pasado que las mociones de rechazo, consideradas "desviadas" de su espíritu por la oposición, no estaban dentro de su jurisdicción.
En su recurso, los diputados de izquierda consideran también que la reintroducción del acetamiprid contraviene dos principios constitucionales: el principio de precaución, que exige la prevención de daños ambientales graves incluso en casos de incertidumbre científica, y el principio de no regresión, que prohíbe dar marcha atrás en los avances logrados en materia de protección del medio ambiente.
Pero son muy generales y sus implicaciones concretas están abiertas a la interpretación del legislador.
Por lo tanto, parece improbable que se censure la ley en su conjunto. Por otro lado, sin duda habrá reservas de interpretación: los Sabios pedirán garantías sobre ciertos puntos específicos.
- ¿Retrasar la promulgación?Una vez superada la etapa del Consejo Constitucional, el Presidente de la República debe promulgar la ley. Sin embargo, puede retrasar esta promulgación y solicitar una segunda deliberación en el Parlamento.
El Jefe del Estado, como garante de la cohesión nacional, podría elegir esta opción dado que en este caso un número importante de ciudadanos se opone a lo votado en el Parlamento.
- ¿Una ley no aplicable? -La reintroducción del acetamiprid requerirá decretos de aplicación. La ley simplemente prevé una cláusula de revisión después de un período de tres años, para garantizar que se sigan cumpliendo las condiciones de uso.
Se puede ver claramente que el legislador está caminando sobre cáscaras de huevo.
Los decretos de aplicación serán sin duda objeto de recurso ante los tribunales administrativos. Los tribunales podrán decidir sobre la base del principio de precaución o determinar que existe un trato desigual entre los agricultores, por ejemplo, entre quienes tienen derecho a usar el plaguicida y quienes no. Mientras los decretos sean impugnados judicialmente, la ley no será aplicable.
Var-Matin
