Por qué es poco probable que los alojamientos rurales de España sean el objetivo de la ofensiva contra Airbnb

En medio de las protestas y la creciente tensión social, el gobierno español ha intentado en los últimos años limitar la proliferación de alojamientos turísticos de corta estancia en las ciudades españolas.

A partir del 1 de julio de 2025, todos los arrendadores que quieran alquilar sus viviendas como alquiler turístico o de temporada en España deberán haberse inscrito en el Registro Único de Arrendamientos o en su defecto eliminar sus anuncios de plataformas como Airbnb, Idealista o Booking.com.

Sin embargo, el sector del turismo rural español recibió recientemente una noticia tranquilizadora que podría marcar un punto de inflexión en la industria y proporcionar ingresos sostenibles a pequeñas localidades de todo el país.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha confirmado a la Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR) que los alojamientos turísticos rurales ya correctamente registrados en las bases de datos autonómicas serán excluidos del nuevo registro estatal.

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Las circunstancias en los principales centros turísticos, como Barcelona o las Islas Baleares, son muy diferentes a las de zonas más pequeñas y menos conocidas de la España rural.

En muchas ciudades pequeñas, las pequeñas propiedades turísticas alquiladas en determinados momentos del año pueden proporcionar ingresos y empleo valiosos a los locales sin perturbar el mercado inmobiliario como ocurre en las ciudades más grandes.

Airbnb, la compañía que se ha convertido en el coco de las protestas antiturísticas en España, ha defendido el potencial de los alquileres turísticos de corta estancia para impulsar el turismo y revitalizar las economías locales en las zonas rurales.

Un informe encargado por la plataforma Afi (Analistas Financieros Internacionales) muestra que los alquileres turísticos canalizaron 5.563 millones de euros al comercio local de la España rural en 2024.

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El año pasado, 13 millones de turistas visitaron municipios españoles con menos de 10.000 habitantes, en su mayoría alojándose en alojamientos turísticos.

De los más de 5.000 millones de euros que gastaron, menos de la mitad se destinó a alojamiento, mientras que 3.200 millones acabaron en restaurantes, bares, pubs, comercios, museos y empresas de ocio y cultura.

Esto se traduce no solo en ingresos, sino también en empleo. El estudio también destacó que este mayor flujo turístico hacia la España rural genera un incremento del 4 % en el empleo local en sectores como la hostelería (con un aumento del 5 %) y el comercio minorista (3 %) en pueblos y aldeas rurales, lo que pone de relieve la necesidad de matizar la regulación del mercado turístico español.

La propia Airbnb ha respondido a las medidas represivas contra el alquiler vacacional en España y ha pedido matices , argumentando que la gran mayoría de propietarios solo tienen una propiedad.

Tras la exención, el único requisito para los alojamientos turísticos rurales será incluir su código de registro autonómico en las webs y plataformas donde anuncien sus servicios.

Como informó The Local, el nuevo proceso de registro ha resultado ser una auténtica pesadilla burocrática para muchos propietarios. El último día, los propietarios debían registrar sus propiedades en la nueva plataforma, y ​​se habían recibido 215.438 solicitudes de un total de 368.295 viviendas que el Instituto Nacional de Estadística (INE) identifica como alquileres temporales.

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Los propietarios rurales ya no tendrán que preocuparse por esto. «Los alojamientos rurales regulados y debidamente inscritos en sus respectivos registros regionales no se consideran viviendas vacacionales ni alquileres ocasionales, por lo que no se ven afectados por la obligación de registro según el nuevo procedimiento estatal», declaró ASETUR en un comunicado.

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