Senado alerta riesgo de incursión del narco en polémica Ley Telecom

En un contexto donde la seguridad nacional se entrelaza con la tecnología, el Senado de la República encendió las alertas sobre una preocupante amenaza: la posible infiltración del crimen organizado en el sector de las telecomunicaciones. Durante un histórico conversatorio que reunió a 25 expertos, se discutieron las grietas legales de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada en 2014, que podrían ser aprovechadas por grupos criminales para obtener concesiones o instalar redes clandestinas.

El evento, titulado “Análisis de las Políticas de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, fue más que un foro académico. Se convirtió en un espacio de denuncia y propuestas donde senadores, activistas y especialistas coincidieron en que el marco legal vigente carece de mecanismos efectivos para impedir que el crimen organizado participe, directa o indirectamente, en el sector.

Javier Corral, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, subrayó que el enfoque debe estar en “las ideas y argumentos, no en fobias ni exageraciones”, para construir una legislación sólida, libre de vacíos y con herramientas legales eficaces.

Uno de los temas más debatidos fue la obligación de las empresas a almacenar datos de geolocalización por largos periodos. Para Óscar Mondragón, del colectivo Libre Internet para Todos, esta disposición representa un riesgo latente en un país donde la corrupción institucional es una constante: “Los datos sensibles podrían caer en manos de secuestradores o narcotraficantes”.

Además, la ley permite al Ministerio Público acceder a la localización de dispositivos móviles en tiempo real sin una orden judicial. Activistas como Jesús Robles Maloof advirtieron que esto expone a periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en zonas violentas a posibles represalias o persecución.

Los temores del Senado no son infundados. Ya existen antecedentes documentados de grupos criminales que han instalado sus propias redes. En Michoacán, “Los Viagras” operaban un sistema de internet clandestino, obligando a los habitantes a contratar su servicio bajo amenaza.

Empresas como Megacable han denunciado ser víctimas de extorsiones, cortes de energía y sabotajes por parte de cárteles, quienes incluso exigen “derecho de piso” para permitir la operación de antenas o tendido de cables.

La excomisionada presidenta del IFT, Adriana Lombardi Inzunza, propuso establecer una cláusula que impida que el espectro se mantenga sin uso y que, además, garantice que las concesiones no terminen en manos de grupos vinculados al narco. Según la experta, la actual agencia carece de las herramientas jurídicas para rechazar solicitudes sospechosas.

“Hoy no podemos impedir legalmente que alguien con vínculos criminales solicite una concesión. Eso debe cambiar”, sentenció.

La ONG Artículo 19 alzó la voz señalando que la ley vigente pone en riesgo derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. Advirtió que permite la censura de contenidos en línea sin necesidad de intervención judicial, lo cual podría ser usado por grupos criminales o incluso autoridades corruptas para silenciar voces incómodas.

El conversatorio dejó claro que México necesita una reforma urgente y profunda en materia de telecomunicaciones. Se deben establecer filtros sólidos para la asignación de concesiones, blindar los datos personales de los ciudadanos, y garantizar que ni el crimen organizado ni autoridades abusivas puedan hacer uso indebido de la tecnología.

Una legislación robusta no solo protegerá las telecomunicaciones, sino que blindará uno de los pilares de la democracia: el derecho a la información libre y segura.

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