Reforma Judicial en limbo: INE paraliza validación de 850 jueces

En un giro que amenaza con descarrilar la reforma judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha paralizado indefinidamente la validación de 850 jueces, magistrados y ministros electos el 1 de junio, debido a un profundo desacuerdo sobre su elegibilidad.

La implementación de la controversial reforma al Poder Judicial de México ha chocado con su primer gran obstáculo, sumiendo al país en un estado de alta incertidumbre institucional. El Consejo General del INE ha suspendido el proceso para validar los resultados de la elección de más de 850 cargos judiciales, al no lograr un consenso sobre si todos los candidatos electos cumplen con los requisitos legales para ocupar sus puestos.

La parálisis, que comenzó con un receso declarado el 19 de junio y que no se ha reanudado, pone en riesgo el calendario constitucional que estipula que los nuevos impartidores de justicia deben tomar protesta el próximo 1 de septiembre.

El punto central del conflicto radica en los requisitos de elegibilidad establecidos en la propia reforma. Fuentes al interior del INE han revelado que el principal escollo es que más de 30 personas que resultaron electas no cumplen con el promedio mínimo de 9.0 en materias vinculadas a su especialidad, un requisito explícito en la convocatoria.

Este hecho ha dividido a los consejeros electorales, colocándolos en una encrucijada:

• Validar a los candidatos no aptos implicaría violar la ley que están obligados a cumplir, sentando un precedente de flexibilidad normativa y abriendo la puerta a una ola de impugnaciones.
• Invalidar sus triunfos significaría anular la voluntad de miles de votantes y entrar en una confrontación directa con el partido en el poder y los propios candidatos, quienes podrían argumentar que su elección popular está por encima de requisitos administrativos.

Desde que fue propuesta, la reforma judicial fue objeto de severas críticas por parte de juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Las principales advertencias se centraban en los riesgos de politizar la justicia y de permitir que llegaran a los más altos cargos judiciales personas sin la experiencia, la capacidad o la independencia necesarias.

La elección del 1 de junio, que tuvo una participación ciudadana de apenas el 13%, ya había sido señalada por presuntas irregularidades y por el desconocimiento generalizado de los votantes sobre los perfiles de los candidatos. El actual estancamiento en el INE parece materializar las preocupaciones de que un proceso apresurado y con un diseño deficiente podría generar caos institucional.

«Sin confianza en la justicia no hay inversión ni desarrollo». – COPARMEX, sobre la importancia de la certeza jurídica, ahora en entredicho.

Con el tiempo en contra, el futuro de la reforma es incierto. La ley establece que todas las controversias y recursos de impugnación deben estar resueltos a más tardar el 28 de agosto, para que la toma de protesta se realice el 1 de septiembre.

Los posibles escenarios son complejos y de alto riesgo:

• Una solución política: El INE y los actores políticos negocian una salida que permita validar a los candidatos, posiblemente a costa de la integridad de la ley.
• Intervención del Tribunal Electoral: El TEPJF podría ser llamado a resolver la disputa, aunque su propia legitimidad está en juego.
• Una crisis constitucional: Si no se logra una resolución, el 1 de septiembre podría llegar sin un Poder Judicial debidamente constituido, creando un vacío de poder sin precedentes.

Este bloqueo representa la primera gran prueba de fuego para el nuevo andamiaje institucional de México. La credibilidad del INE y la legitimidad del futuro Poder Judicial penden de un hilo, mientras la nación observa el desarrollo de una crisis que fue advertida por muchos.