¿Qué viene para la implementación del acuerdo de paz tras la eliminación de tareas de la Misión de Verificación de la ONU?

La extensión del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hasta el 31 de octubre de 2026 dejó un sabor agridulce: aunque se aprobó su renovación por un año más, la sesión del Consejo de Seguridad evidenció las divisiones que empiezan a aflorar en torno al respaldo internacional al proceso de paz en Colombia.

Por primera vez desde 2017, se presentó una fractura en el voto unánime a la continuidad de la Misión. Estados Unidos y Rusia se abstuvieron de votar, pero por razones distintas.

"Estados Unidos ya no quiere ceder en su posición en materia de paz y seguridad en nombre de un proceso de paz deficiente”, dijo el embajador estadounidense ante la ONU", dijo el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz.

Vasily Nebenzya, el embajador de Rusia, apuntó que su abstención se debió a su desacuerdo el retiro de funciones de la Misión relacionadas a la verificación de las sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el acompañamiento del Capítulo Étnico.

Además de Rusia, Dinamarca, Panamá y Guyana, entre otros miembros, se oponían a la eliminación de dichas funciones, más aún porque la JEP acaba de proferir las dos primeras condenas (sanciones propias): la de los máximos responsables de las Farc por los casos de secuestro y todos los crímenes derivados y la de los militares (r) del Batallón La Popa por casos de ‘falsos positivos’.

Sin embargo, se priorizó garantizar que la Misión siga operando, ante el riesgo de que Estados Unidos vetara la resolución si no se modificaban los alcances del mandato.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), la razón por la que eso ocurre tiene que ver con las políticas de negociación de paz del gobierno actual aunque termina siendo una especie de triunfo para el Ejecutivo que no se vetara la resolución. "Todo está relacionado con las políticas de paz y cómo eso afecta a la política en términos de lucha contra la producción y el tráfico internacional de narcóticos, que es el mensaje que envió los Estados Unidos", explicó.

Así las cosas, el mandato renovado solo se centrará en la verificación de tres aspectos del acuerdo de paz: la reincorporación política, económica y social de los exintegrantes de las Farc; las garantías de seguridad para firmantes de paz, sus familias, líderes y comunidades; y la reforma rural integral.

"La misión continuará verificando el cumplimiento en las áreas del acuerdo específicas de su mandato y acompañando a las y los colombianos que trabajan de manera infatigable por la paz y la seguridad en el país", expresó el recién deignado responsable de la Misión, Miroslav Jenča.

María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), le dijo a este diario previo a la renovación de la Misión que, por estar próximo a cumplir 10 de los 15 años previstos para su implementación, el acuerdo de paz de La Habana (Cuba), todavía goza de un margen a nivel multilateral.

"En términos de tiempo todavía hay funciones en relación con la implementación, entonces todavía hay espacio para el apoyo y margen de espera", sostuvo.

Jorge Restrepo subrayó que la implementación es una responsabilidad del gobierno que no requiere verificación internacional. "Lo que hace el Consejo de Seguridad es devolver el mandato de la misión a sus objetivos originales".

En los últimos ocho años el progreso de la implementación ha sido desigual en sus distintos puntos. Uno de los puntos más rezagados es, precisamente, el del componente étnico, que ahora pierde la supervisión de la Misión.

"Nos decepciona que no haya sido posible renovar todos los aspectos del mandato de la misión. Un elemento clave faltante es el mandato de supervisar la aplicación del Capítulo Étnico, lo que preocupa gravemente al Grupo A3+, máximo teniendo en cuenta la lentitud con que se está aplicando este capítulo del acuerdo", señaló la representación de Guyana en el Consejo de Seguridad.

En su más reciente informe trimestral, la Misión advirtió que la situación de la seguridad en las comunidades étnicas siguió siendo motivo de grave preocupación y tiene repercusiones de gran alcance en materia de derechos humanos, cohesión social y preservación cultural.

Tras un debate de control político sobre el asunto convocado por un congresista afrocolombiano del partido Comunes, se acordaron medidas específicas de seguimiento para avanzar en tres ámbitos clave: acceso a la tierra, PDET y reincorporación de excombatientes de origen étnico.

Para Restrepo, la eliminación de esta verificación no tiene un impacto material en el componente étnico porque "con el cierre de USAID, los recursos que había comprometido los Estados Unidos para la implementación de las salvaguardas étnicas, pues han desaparecido. Entonces la misión de verificación deja de cumplir ese papel porque los recursos han desaparecido. A mí me llama mucho la atención que siga haciendo verificación en materia rural, es solamente un triunfo político del gobierno", añadió.

En cuanto a la JEP, la representación de Dinamarca lamentó que la Misión no haya sido capaz de supervisar la puesta en práctica de la ejecución de las primeras sentencias de justicia reparadora.

De cara a la implementación de las dos primeras sentencias, la jurisdicción quedará sin acompañamiento internacional, y la responsabilidad recaerá ahora sobre el Gobierno y la justicia local.

La JEP aseguró que el nuevo alcance de esa Misión no pone en riesgo la verificación y cumplimiento de las primeras sentencias condenatorias.

“En la práctica, esta decisión no afecta el monitoreo y la verificación de las Sanciones Propias. Durante los últimos años, de la mano de la Misión, diseñamos un mecanismo riguroso que combina trabajo en terreno con tecnología avanzada para registrar información en tiempo real, mientras los comparecientes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, desminado y otras acciones restaurativas fijadas en las sentencias”, señaló el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ