Presidente Gustavo Petro ordena licitar el Canal Uno antes de tiempo: ¿existe viabilidad jurídica?

En una movida que ha encendido las alarmas en los medios de comunicación y la política colombiana, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de las TIC, Julián Molina, iniciar la licitación del Canal Uno, cuya concesión, en manos de la empresa Plural Comunicaciones, está vigente hasta el año 2037.

Aunque el presidente no ofreció una justificación jurídica clara, le dijo a su ministro TIC durante un consejo el pasado viernes 15 de agosto que su objetivo es impulsar una “nueva forma de manejar la televisión” que, a su juicio, debe estar en manos de las “juventudes, de la gente del arte y la cultura” y no del Gobierno ni de “potentados económicos”, para sentenciar al final que en dicho contrato “hay irregularidades”.

La medida ha sido interpretada por diversos actores como un intento de “expropiación” y un atentado contra la libertad de prensa y el pluralismo informativo, además contra la libre empresa.

La historia reciente de la concesión del Canal Uno muestra que en 2017 Plural Comunicaciones SAS se adjudicó el contrato por 10 años, tras un riguroso proceso de licitación pública en el que pagó alrededor de 117.000 millones de pesos, superando el valor base. Sin embargo, en 2019, la Ley 1978 modificó las reglas del juego y extendió el plazo de todas las concesiones de televisión a 20 años.

En consecuencia, el contrato de Plural Comunicaciones se prorrogó legalmente hasta 2037. La orden de Gustavo Petro, por lo tanto, busca dejar sin efecto una concesión que aún tiene una década de vigencia.

El Ministerio de las TIC, en seguimiento de la orden presidencial, ha estado investigando a Plural Comunicaciones por presuntas irregularidades. La principal acusación se centra en una modificación de la composición accionaria de la empresa sin la autorización previa y expresa del Ministerio.

El Gobierno sostiene que la normativa exige que cualquier cambio en la estructura societaria de un concesionario sea justificado y aprobado por la entidad reguladora. El Ministerio señala que Plural modificó su composición accionaria a finales de 2022 y presuntamente no gestionó la actualización del Registro Único de Operadores (RUO) de manera oportuna, lo que constituiría un incumplimiento contractual.

De otro lado, un acuerdo de comercialización conjunta de publicidad e intercambio de contenidos con el Grupo Prisa, de España, también ha sido señalado por el gobierno Petro como “una irregularidad” no permitida en los términos de la concesión.

En respuesta, Plural Comunicaciones ha negado rotundamente las acusaciones y las ha calificado como un intento de “matoneo sistemático” y expropiación.

Por un lado, existe un concepto de la Superintendencia de Sociedades que indicó que la venta de acciones de las empresas que componen la concesión no requiere su aprobación y que dichos cambios en la composición accionaria no son motivo de “vigilancia”.

Dicha Superintendencia, tras una visita administrativa, confirmó que la composición accionaria de Plural Comunicaciones había cambiado, pero no encontró relaciones de subordinación societaria con otras entidades, como el Grupo Prisa, desmintiendo las insinuaciones del presidente Petro sobre un supuesto control de este grupo sobre el canal.

En conversación con EL TIEMPO, Ramiro Avendaño, presidente del Canal Uno, reiteró que no existe sustento jurídico para lo que solicita el Presidente. “La concesión del canal está vigente hasta mayo del 2037 por ley de la República. Desconocemos las intenciones políticas detrás del matoneo sistemático con un medio libre y plural que defiende la democracia, la libertad de prensa y representa los intereses de todos los colombianos”, afirmó.

En meses previos, el Ministerio de las TIC ordenó contratar a un estudio jurídico para encontrar mecanismos que permitieran declarar la caducidad de la concesión del Canal Uno. “Un par de días antes de la orden del presidente Petro de iniciar la licitación, recibimos un requerimiento de ese ministerio con una serie de imprecisiones y supuestos”, reveló Avendaño.

También señaló que el miércoles 20 de agosto habrá un debate de control político citado por el congresista Wilson Arias, argumentando una supuesta ‘masacre laboral’ en Canal Uno. “Vale decir que no hemos despedido a una sola persona y, en segundo lugar, llamar a la moderación del lenguaje contra los medios en un país que acaba de conmemorar el asesinato de dos periodistas (Diana Turbay y Jaime Garzón) y un senador de la República (Miguel Uribe)”, concluyó el presidente del Canal Uno.

Sobre el futuro de esta situación, Ramiro Avendaño espera que el Presidente Petro entienda “que esta pretensión va contra la estabilidad jurídica, contra la libertad de prensa” y “que cualquier adelanto desde el punto de vista regulatorio que pretenda continuar con el camino de una expropiación direccionada, será un exabrupto jurídico que que podría ser solo el inicio de que esto le pase a otros medios de comunicación. Espero equivocarme”.

En lo jurídico, expertos coinciden en que la propuesta del Presidente tendría serias implicaciones. “Terminar abruptamente ese contrato sería una violación del principio de legalidad”, señala el exviceministro de Justicia, Camilo Rojas, quien asegura que, de llevarse a cabo, se avecinan “demandas millonarias contra el Estado, pérdida de confianza inversionista y una crisis institucional frente al respeto por la ley”.

El abogado también aseguró que se trata de una violación al principio democrático de la libertad de prensa, protegido por la Constitución.

El exprocurador Carlos Arrieta coincide en que podría haber una cascada de demandas en el contencioso administrativo. “Hay un contrato y un contrato se tiene que respetar hasta su terminación. Debe probarse un incumplimiento para declarar la caducidad. Si se termina de manera arbitraria, el Estado estaría obligado a pagar la inversión y las utilidades del canal hasta 2037”, dijo.

José Carlos García R. - Editor Multimedia

Sara Quevedo - Redacción Justicia