Las alertas por el retiro del seguimiento de la ONU a los compromisos del acuerdo de paz con los pueblos étnicos

La eliminación de las tareas de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia relacionadas con la implementación del Capítulo Étnico del acuerdo de paz de 2016 —junto con las funciones sobre la justicia transicional— generó preocupación en distintos sectores.

Aunque el mandato de la Misión fue extendido por un año más, hasta el 31 de octubre de 2026, Estados Unidos presionó a los miembros del Consejo de Seguridad en Nueva York para suprimir esos alcances en la resolución 2798, redactada por el Reino Unido. Pese a la oposición de varios países a reducir las funciones de la Misión, la posibilidad de que Washington vetara su continuidad los llevó a aceptar esas pretensiones durante una ronda de negociaciones que, por primera vez desde 2017, evidenció la pérdida del consenso absoluto en torno a la paz en Colombia en esta instancia multilateral.

Durante los próximos 12 meses, la misión en cabeza del diplomático eslovaco Miroslav Jenca se centrará en la verificación de la reincorporación de los exintegrantes de las Farc, las garantías de seguridad para los firmantes de paz y la reforma rural integral. “La Misión continuará verificando el cumplimiento en las áreas del acuerdo específicas de su mandato y acompañando a los colombianos que trabajan de manera infatigable por la paz y la seguridad en el país”, expresó Jenca el viernes.

En los últimos ocho años el progreso de la implementación ha sido desigual en sus distintos puntos. Uno de los más rezagados es el del componente étnico, que hace referencia a las implicaciones étnicas de cada uno de los puntos del acuerdo de paz teniendo en cuenta que el conflicto armado ha tenido como epicentro los territorios étnicos. Este capítulo establece salvaguardas para sus derechos, y considera acciones específicas en cada uno de los puntos del acuerdo.

Para varios expertos, sin la supervisión de la ONU podría aumentar la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afrocolombianos. La vicepresidenta Francia Márquez fue una de las voces que se pronunciaron al respecto: “Esta decisión representa un retroceso significativo en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos étnicos, más aun teniendo en cuenta que en sus territorios persiste la violencia de los grupos armados ilegales y se hace urgente proveer alivio humanitario”. No obstante, el Gobierno debe ser el garante de esos compromisos del acuerdo.

Para Patricia Tobón, exdirectora de la Unidad para las Víctimas, excluir este seguimiento debilita la confianza, la verificación y la promesa de no repetición. “El Capítulo Étnico es el corazón del acuerdo de paz en los territorios más afectados por la guerra. A casi nueve años de la firma, sigue siendo el componente más rezagado de la implementación. Por eso la Misión de la ONU había tenido un papel clave en su seguimiento y en garantizar que los compromisos con los pueblos étnicos se cumplieran”, comentó.

Por su parte, el excanciller Luis Gilberto Murillo aseveró que la verificación internacional era la garantía para que las comunidades más afectadas por la guerra, incluidos los pueblos étnicos, tengan voz, confianza y acompañamiento. “Excluir estos elementos debilita la base misma de la política de paz en Colombia y amenaza los avances en justicia, verdad y reparación que hemos logrado con esfuerzo durante estos años. Cada decisión en la ONU debe fortalecer la presencia internacional en los territorios más afectados por la violencia”, dijo.

En su último informe trimestral, la Misión advirtió que la situación de seguridad de las comunidades étnicas siguió siendo grave y tiene repercusiones de gran alcance en materia de derechos humanos, cohesión social y preservación cultural.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ