La trama del ministro Montoro en Hacienda en cinco pasos

A Cristóbal Montoro le tocó lidiar con la crisis económica que asolaba el país cuando llegó al Gobierno en 2011. Su política fue de máxima austeridad y subida de impuestos, contrariamente a lo que había prometido el PP cuando estaba en la oposición. El “maestro del austericidio”, le califican aquellos que le conocen. Por eso ya chocó entonces cuando algunas de sus reformas legislativas favorecieron impositivamente a ciertos sectores. Un juez de Tarragona lleva años investigando si pudo haber corrupción en ese trato de favor. El instructor se ha apoyado en la Fiscalía Anticorrupción, Mossos d’Esquadra y Guardia Civil para definir las sospechas de que desde el Ministerio de Hacienda se pudo favorecer a ciertas empresas con reformas legislativas beneficiosas.¿Cómo lo hicieron? La tesis judicial es que ciertas empresas sabían que la mano de hierro de Montoro podría suavizarse si acudían al despacho Equipo Económico para que intermediara. Es el despacho que él fundó y en el que siguieron sus antiguos socios. Lo primero que recibían era un portazo, un “no” por respuesta. Una vez que ya veían que sus intentos para lograr un cambio de ley que les hiciera pagar menos, fracasaba, llamaban a la puerta de EE.Así lo atestiguó un responsable de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que tras ver cómo fracasaba el intento de lograr que las gasísticas fueran favorecidas por una rebaja impositiva, dejó evidenciado cuál era el siguiente paso: “La vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico que tiene contacto directo con Montoro”.

En los fracasos acumulados para lograr un cambio legislativo a veces pasaba una década. En un informe elaborado por los Mossos, y al que ha tenido acceso La Vanguardia, constatan que “las reformas legales de favor se producen una vez aceptado por las empresas que buscan tales reformas el pago del precio solicitado por el despacho Equipo Económico, evidenciando un hacer/dejar de hacer condicionado a dicho pago”.En el caso investigado, las gasísticas Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos y AFGIM pagaron entre el 2011 y el 2019 779.705 euros a Equipo Económico. Los investigadores sospechan que lo que hicieron las gasísticas es solo un ejemplo de lo que se produjo a favor de otras empresas en los sectores del tabaco, el juego, la banca o las eléctricas. Sin embargo, por ahora el juez se ha centrado en las primeras, imputando a las empresas y sus máximos responsables. Este caso destapa la delgada línea entre la labor de los lobbies que se mueven para lograr beneficios para un sector en particular (que no para empresas en particular) o el tráfico de influencias.Una vez cobrado, tocaba elaborar el texto de la norma que se quería modificar para que Hacienda lo considerase. Ahí es cuando los agentes descubren que los informes técnicos no son elaborados por EE sino que se piden a otras consultoras, como Ernst and Young (EY), que por un precio diez veces inferior hacen el trabajo. Sin embargo, tales informes llevan la firma del antiguo despacho de Montoro. De ahí que los investigadores sospechen que el valor real de EE era su contacto directo con los máximos responsables de Hacienda.

Para entender la capacidad de EE para acceder a Hacienda, los investigadores han analizado el organigrama del ministerio de aquel entonces. El ministro era uno de los fundadores del despacho, su director de gabinete, el hermano del máximo responsable de la consultora, y otros altos cargos que habían pasado también por ésta. En la investigación queda definido como un círculo cerrado de contactos.El siguiente paso dentro del “modus operandi”, tal y como está definido en los informes policiales, se producía, comprobado el pago, una “avalancha” de contactos y reuniones con altos cargos del Ministerio de Hacienda, cuyo resultado era, ni más ni menos, que la “participación” del cliente en la elaboración del texto de la norma que se iba aprobar. Reformas legislativas a la carta.Es más, los investigadores han detectado, que no solo fabricaban el texto normativo, sino que los servicios de EE conllevaría la existencia de dictámenes e informes decisivos, emitidos por distintos órganos que validasen la reforma. Es decir, la organización no dejaría ningún cabo suelto en cuanto a las normas de tramitación en el Congreso de los Diputados, que obligan –según el tipo de reforma– a contar con informes como el del Consejo de Estado.A modo de ejemplo, las gasísticas investigadas colaboraron activamente en la redacción de un proyecto de ley que finalmente se fraguó en la aprobación de la ley 28/2014 en la que estaban desde un primer momento interesadas. Pero también, algo más llamativo para los Mossos, la asociación de gasísticas participó años después en la modificación de un real decreto legislativo elaborando “el redactado final” que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado del 2018.

Los investigadores sostienen que la presunta elaboración o reformas de leyes en favor de compañías que se encontraban en la cartera de clientes de Equipo Económico se “parapetaba” en informes que no realizaba el despacho que fundó el extitular de Hacienda, sino en un tercero —normalmente otra consultora— a “un precio notablemente inferior” al finalmente cobrado por EE. En ocasiones llegaba a ser diez veces mayor la facturación del despacho.Es decir, una subcontratación que les habría salido redonda. Y es que los Mossos sospechan que esta práctica no solo evidenciaría que la intervención de EE “carecía de valor añadido”, puesto que “la verdadera prestación” efectuada era la capacidad de influencia o actuación en el Ministerio, sino que la contratación de esos informes estratégicos “encubriría el pago de presuntas comisiones” para conseguir los cambios en las leyes.Equipo Económico obligó a la Asociación de Gasísticas a contratar una consultora externa para que realizase materialmente esos informes estratégicos, así como a “trocear” la facturación entre varios de las empresas que se encontraban bajo el paraguas de compañías asociadas con un único fin, según los Mossos: disimular frente a las autoridades la prestación real y su precio final.La facturación se efectuaba por diversas prestaciones a precios “inferiores” al finalmente cobrado por Equipo Económico. Una “opacidad” más, concluyen los Mossos en su informe, en la cadena de indicios que han llevado a la imputación de la red liderada por Montoro: el juez investiga a 28 personas y seis empresas por la presunta comisión de siete delitos.

Ese Montoro austero, con un gran afán recaudatorio en el intento por salir de la crisis económica y en pleno rescate bancario, debía justificar que las reformas aprobadas no afectaban a la recaudación, es decir, no perjudicaban a las arcas públicas.Para los Mossos afloran “incongruencias” con la manera con la que justificó las bondades de las reformas planteadas. Por ejemplo, los agentes consideran que la reforma del impuesto sobre la electricidad del 2014 tuvo un efecto negativo, tal y como consta en los informes recaudatorios de la Agencia Tributaria de los años 2015 y 2017. Algo cuestionado por la propia AEAT, que en el 2015 valoró que el impacto económico derivado del cambio del IEE supuso una pérdida de ingresos de 59 millones para las arcas públicas.Hacienda, además, contó con la facilidad de aprobar tales impulsos legislativos gracias a la mayoría absoluta con la que contaba el Ejecutivo de Rajoy. Los Mossos dicen no entender la inseguridad jurídica, por ejemplo, a la que aludía en la justificación de la modificación de tarifas del Impuesto de Actividades Económicas, ya que existe “un avalancha” de resoluciones previas en sentido contrario.Tras levantarse el secreto de sumario de la causa y hacerse públicos los detalles de la investigación, Equipo Económico ha salido a defender su honorabilidad. Cristóbal Montoro también. Apuntan ya a una persecución política. El juez sospecha de la posible comisión de siete delitos. Hasta ahora ha tenido la causa bajo secreto siete años que le han permitido trabajar con cierta tranquilidad. A partir de ahora, una treintena de abogados intentarán anular la causa, sin estar todavía claro cuál será la postura a partir de ahora de Anticorrupción, que sufre sus propias luchas internas.