La Justicia acorrala a Manuel Adorni y prepara un pedido de justificación de bienes

El escenario judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complicó en las últimas horas. El fiscal federal Gerardo Pollicita se encuentra redactando un extenso documento para intimar formalmente al funcionario a que justifique su patrimonio. Según la fiscalía, los ingresos declarados por el funcionario no alcanzan para cubrir la totalidad de los bienes que posee actualmente.
Este requerimiento de justificación es un paso fundamental en las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. De no ser satisfactoria la explicación que brinde el jefe de Gabinete, el fiscal podría solicitar formalmente su declaración indagatoria, lo que elevaría la tensión sobre una de las figuras centrales del gobierno de Javier Milei.
Para determinar con exactitud la diferencia entre lo que Adorni gana y lo que tiene, la fiscalía aguarda los resultados de un estudio encargado a expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Estos especialistas están analizando no solo las cuentas tradicionales, sino también un complejo entramado de operaciones con criptomonedas realizadas por el funcionario.
La Justicia busca reconstruir la trazabilidad del dinero y el recorrido de los fondos de una cuenta a otra. Un punto que genera sospechas adicionales es que Adorni aún no ha presentado su última declaración jurada de bienes. Aunque tanto él como el presidente aseguraron hace un mes que el documento aparecería en el corto plazo, el informe técnico podría demorar más tiempo.
Sumado a la investigación de Pollicita, Adorni enfrenta otro conflicto legal en el juzgado de Ariel Lijo. En este caso, se investigan contratos de coproducción entre la TV Pública y una productora vinculada a un amigo cercano del ministro, Marcelo Grandio. La Justicia detectó presuntas transferencias de dinero desde dicha empresa hacia Adorni antes de que asumiera su cargo público.

En este expediente, el juez Lijo ordenó el análisis de llamadas telefónicas y geolocalización para determinar si existieron dádivas o intermediaciones incompatibles con la función pública. La situación es urgente: fuentes de los tribunales de Comodoro Py estiman que la citación a indagatoria en esta causa podría concretarse incluso antes del inicio de la feria judicial de invierno, a mediados de julio.
Desde la fiscalía de Pollicita ya consideran que, independientemente del número final que arrojen los peritajes, «las cuentas no cierran». Por este motivo, el escrito en el que trabaja el fiscal es considerado el trámite previo y necesario para que el funcionario sea convocado a prestar declaración ante la justicia.
Si, tras ser notificado, Adorni logra explicar detalladamente el origen de los fondos para adquirir sus bienes, podría ser sobreseído. Sin embargo, si las inconsistencias persisten, el pedido de indagatoria será inevitable, marcando un hito en las causas por corrupción que salpican a la actual gestión nacional.
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