Huawei, el contrato que nunca existió

No existe ningún contrato entre el Ministerio del Interior y Huawei para entregar a la empresa china la gestión del almacenamiento de las escuchas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El supuesto acuerdo de 12,3 millones de euros que el Gobierno habría contraído con la tecnológica asiática –que ha servido al Partido Popular para iniciar una ofensiva política que se intensificará al inicio del curso parlamentario– en realidad son varias compras a proveedores españoles del hardware –una especie de disco duro gigante estanco, que no forma parte de la arquitectura de seguridad– en el que se guardan las intervenciones telefónicas. Estas adquisiciones del material informático, con procesos que obran en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en los últimos cuatro años abarcan marcas como Huawei, pero también las estadounidenses Dell o IBM.

La custodia de las escuchas lleva años siendo un quebradero de cabeza para las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Sistema de Intercepción Legal de las Telecomunicaciones, conocido por su siglas Sitel, permite intervenir –siempre bajo control judicial– miles de llamadas y mensajes para luchar contra la delincuencia y el terrorismo. La primera vez que se usó, en febrero del 2004, fue en una operación antidroga en Galicia. Fue una de las medidas estrella del Ministerio del Interior en tiempos de Mariano Rajoy al frente. Se graban todas las conversaciones, además de información sobre los interlocutores o la ubicación. Las unidades de policía judicial expurgan el contenido, que luego es enviado al juez instructor que pilota la investigación. Y he aquí, con la lentitud de la justicia, es donde se presenta el reto tecnológico: hasta que no llega una orden expresa –que puede tardar años, incluso en casos con sentencia firme– no se pueden destruir las escuchas. Hasta entones, toca almacenarlas.

Bruselas recomendó excluir a la marca china de las antenas 5G, pero no de los sistemas de escucha

Es en la ampliación de almacenamiento digital, o en el repuesto de servidores defectuosos, donde se enmarcan las últimas compras que han sido puestas en la diana por la oposición a raíz de informaciones que señalan que el Gobierno paga 12 millones de euros a la china Huawei por custodiar las escuchas policiales.

No es el Ministerio del Interior quien adjudica los contratos. Desde el 2021, adquisiciones de este tipo se realizan a través de la dirección general de racionalización y centralización de la contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda. Un organismo que centraliza compras de todo tipo que reclaman los distintos ministerios para lograr, a través de procesos guiados por la transparencia y publicidad, las mejores ofertas en el mercado.

El sistema policial para interceptar llamadas se puso en marcha durante la etapa de Rajoy en Interior

En el 2021, la Guardia Civil necesitaba el suministro de sistema de almacenamiento para la plataforma de intercambio de evidencias digitales. Tras abrir el proceso de contratación, por un valor de 1,2 millones de euros, y presentarse dos licitadores resultó adjudicataria una UTE formada por empresas como Congnicase Management, compañía líder de soluciones tecnológicas que desde hace más de 25 años opera en el mercado español. Ese mismo año, la Policía Nacional requirió también ampliar su sistema de almacenamiento por lo que Hacienda sacó otro proceso, este por 2,4 millones de euros, del que resultó adjudicataria Bechtle Direct, uno de los principales proveedores de servicios de tecnología de la información de Europa, con sede en Madrid. Se da la circunstancia que en ambos lotes no solo se incluye el hardware para la ampliación de almacenamiento, sino que también equipo y material informático de otro tipo, o paquetes de software y sistemas de información, tanto para Guardia Civil como para la Policía Nacional. En los años posteriores, tanto la UTE como Bechtle Direct se hicieron con adjudicaciones similares para seguir ampliando el almacenamiento para las escuchas policiales, tal y como consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Pero también aparecen otros proveedores como Gnet, que se califican como líderes en transformación digital para empresas, que se hizo en el 2022 con la adjudicación de la compra para “la ampliación de las capacidades de la plataforma de almacenamiento” de la Guardia Civil.

La polémica, a finales de abril, por la compra de munición a una empresa israelí por parte del Ministerio del Interio,que finalmente fue cancelada por orden de la Moncloa, previa desautorización de Fernando Grande-Marlaska, sirve para evidenciar la diferencia con el caso Huawei. En aquel caso las adjudicatarias eran israelíes directamente –IMI Systems LTD, como fabricante, y Guardian Homeland Security S.A., como representante–, mientras que ahora la ampliación de las capacidades de almacenamiento se ha hecho a través de proveedores acreditados, que están en su derecho de vender sus productos.

Las adjudicatarias son compañías con sede en España autorizadas para vender los productos acreditados

En la actualidad, la Guardia Civil dispone de un sistema de almacenamiento del fabricante Dell Technologies, formado por cabinas Dell PowerScale H5600 y A2000. Este sistema está compuesto de dos clústeres en réplica, de forma que se garantiza la protección ante fallos. Además, el Instituto Armado dispone de aparatos de almacenamiento del fabricante Huawei, compuesto por equipos Dorado 8000 y OceanStor 5500. Todo el equipamiento se encuentra desplegado en la Dirección General de la Guardia Civil. Por su parte, la Policía Nacional cuenta con el sistema de almacenamiento Oceanstor 6800 V5, de Huawei, desplegado en el Complejo de Canillas, sede de la policía judicial, combinado con aparatos de diversas marcas.

Desde el ministerio que dirige Grande-Marlaska defienden que estas compras, que se continuarán haciendo en la misma línea puesto que consideran artificial la polémica, no comprometen en ningún caso la seguridad nacional. No hay “ninguna duda” sobre la seguridad que mantiene encriptadas las interceptaciones policiales, por lo que validan todas las licitaciones hechas hasta ahora. Fuentes ministeriales apuntan a que si bien es cierto que la Comisión Europea recomendó a los socios comunitarios excluir a proveedores de riesgo elevado de los despliegues de 5G –antenas de telecomunicaciones– no ha habido cortafuegos a los sistemas de escucha legal o los servidores para los almacenamientos. Pese a ello, el Partido Popular mantiene las peticiones de comparecencia en el Congreso de los titulares de Interior, Defensa, Exteriores y Justicia, apuntando a los vínculos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con China.