El Gobierno pacta la Hacienda propia para Cataluña y limitar la solidaridad interterritorial

Dos demandas históricas del nacionalismo, la Hacienda propia y el acotamiento a la solidaridad interterritorial, están recogidas en las bases del próximo modelo de financiación "singular" para Cataluña, que hoy acordó la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, en la que están representadas los Ejecutivos que encabezan Pedro Sánchez y Salvador Illa.

Todavía se desconocen cifras y calendario, pero los principios del cambio de modelo suponen un giro de 180 grados en relación al actual. La Generalitat de Salvador Illa (PSC) destacó que es un modelo que puede generalizarse a las otras autonomías de régimen común, aunque el énfasis que pone en esta cuestión no impide las fuertes críticas del resto de comunidades, tanto las que están lideradas por el PP como las dos que encabeza el PSOE: Castilla-La Mancha y Asturias.

Mientras, ERC ha decidido intensificar la presión a los socialistas exigiéndoles concretar cuáles son los recursos que ganaría Cataluña con el cambio de modelo, y anunciar que registrará en el Congreso varias proposiciones de ley para reforzar el cambio de modelo. Por su parte, Junts aseguró que sólo está dispuesta a aceptar un "concierto como el de País Vasco", en palabras de uno de sus dirigentes, Antoni Castellà. Estas son las principales novedades del acuerdo que este lunes han acordado el Ejecutivo del PSOE y la Generalitat:

En una fecha aún por concretar, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asumirá todas las funciones que ahora realiza Hacienda en la comunidad y se empezará con la próxima campaña del IRPF. Así figuraba en el acuerdo de investidura que ERC y el PSC firmaron hace justo un año, y que hizo posible la llegada de Illa a la Generalitat.

La ATC es muy joven: nació en 2006, tras la entrada en vigor de la controvertida reforma del Estatut, y se ocupa de los tributos propios y cedidos. Su recaudación asciende a 5.000 millones de euros, que contrasta con los 30.000 millones que ingresa Hacienda procedentes del IRPF.

Para ir reforzando este organismo, a principios de año el Gobierno y la Generalitat acordaron que la ATC participaría en Matriculaciones. Está por ver si se optará por esta misma fórmula en la próxima campaña del IRPF.

El Govern admite que la ATC no tiene medios técnicos ni humanos para asumir nuevas funciones, y ha empezado los trámites para incrementar el personal, aunque será un proceso lento.

Una de las principales novedades es que, antes y después de aplicarse los mecanismos de solidaridad, la clasificación de las autonomías en cuanto a recursos por habitante sería la misma. Es el denominado principio de ordinalidad.

Cuando el modelo esté totalmente desplegado, y todos los impuestos sean recaudados por la Generalitat, las dos administraciones se distribuirán los ingresos, en un porcentaje que aún no ha trascendido y que deberá especificar la Lofca, la ley orgánica que regula la financiación de las comunidades autónomas.

A la hora de hacer el cálculo de qué proporción correspondería a las dos partes, se tendrán en cuenta el coste de los servicios que presta el Estado en Cataluña.

En el modelo actual, es la Agencia Tributaria quien recauda los ingresos, y luego cede una parte del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales sobre bebidas alcohólicas, tabaco e hidrocarburos, entre otros.

A la hora de asignar qué parte de los recursos serían para la Generalitat, se tendría en cuenta también el principio de ordinalidad.Se mantendría la solidaridad interterritorial, pero limitada a que ningún territorio pierda posiciones en la clasificación de recursos públicos por habitante.

En el modelo actual, el de 2009, que impulsó Cataluña, se consiguió que ninguna comunidad quedase por debajo de la media. Ahora, Cataluña conseguiría otro avance en esta dirección.

Otra novedad es que, a la hora de establecer la asignación entre las partes, el mecanismo sería más sencillo que el actual, sin adelantos como ocurre ahora, y también con menos fondos especiales.

El cálculo descrito hasta ahora se aplicaría en las competencias homogéneas, o sea, las que comparten todas las comunidades autónomas.

Sin embargo, hay atribuciones que únicamente presta Cataluña. Por ejemplo, cuenta con policía propia desplegada en todo el territorio (los Mossos d'Esquadra) y ahora está en marcha el traspaso de Cercanías, que irá a cargo de un operador mixto donde Renfe será mayoritaria y donde la Generalitat tendrá voto de calidad.

Por esta razón, una vez que se hayan distribuido los impuestos entre las partes, el Estado contribuirá a financiar las competencias específicas de Cataluña, en un porcentaje por concretar. También deberá perfilarse la metodología y la periodicidad para realizar estos cálculos.

El texto prevé que todas aquellas comunidades que lo deseen podrán acogerse al nuevo modelo. No se concreta si lo harían todos los territorios al mismo tiempo o bien si se establecería un calendario progresivo. Tampoco se incluyen por ahora eventuales mecanismos del Estado para compensar a las comunidades más pobres el límite a la solidaridad entre territorios.

El autogobierno de Cataluña se refuerza. Al protagonismo de la ATC, se suma el incremento de competencias del Parlament a la hora de legislar en materia fiscal, respetando los límites de la normativa europea. Se permitiría también introducir mecanismos adicionales para limitar la competencia fiscal a la baja.

Precisamente, uno de los puntos de coincidencia entre los socialistas, Junts y ERC es su rechazo a las rebajas de la Comunidad de Madrid, a la que acusan de practicar "dumping fiscal".