‘Es completamente falso que la contratación de la Registraduría para 2026 tiene como objetivo un fraude’: MOE

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), ha hecho un especial seguimiento al proceso previo de la realización de las elecciones de 2026. La cabeza de la veeduría ha hecho una revisión de la contratación de hace unos días y señaló que no han encontrado irregularidades notorias. Incluso ha advertido de los peligros de los comentarios proferidos por el presidente Gustavo Petro que generan dudas en el sistema electoral.

Hicimos seguimiento al contrato, al proceso de selección abreviada y se hizo de acuerdo con lo que establece la ley y de acuerdo con los términos que establece la convocatoria que hizo la Registraduría. Estamos hablando de un contrato robusto, de 2,1 billones de pesos colombianos, que son alrededor de 526 millones de dólares.

Aquí es importante hacer una diferencia con lo que se ha venido señalando desde altas esferas y en las redes sociales: el escrutinio no lo hace la empresa. No lo hace esta solución integral, ni ninguna. Es decir, el escrutinio no se contempla en un contrato porque en Colombia es hecho en su fase de preconteo por jurados de votación, y el escrutinio oficial, por jueces de la República y por notarios. Entonces, no es exacto ni es preciso señalar que la unión seleccionada esté haciendo escrutinio. Es muy importante tener en cuenta que el software del escrutinio general lo tiene el Consejo Nacional Electoral. Fue comprado con recursos de Registraduría en el 2022 a una empresa llamada Indra y entregado al Consejo Nacional Electoral no solamente para su custodia, sino también para su manejo.

Cualquier proceso que incluya seres humanos o tecnología puede ser sujeto de ser intervenido, es decir, de un gran hackeo. Los softwares de digitalización y el que agrega la información de los jueces escrutadores tienen que estar rodeados de todas las medidas de seguridad informática. Absolutamente nada es infalible; lo hemos visto en diferentes sistemas, hasta de alta seguridad relacionados con temas de defensa, que pueden ser sujetos de algún tipo de vulnerabilidad, pero lo que no se puede afirmar de ninguna manera es que esta contratación tiene como objetivo un fraude para las próximas elecciones. Eso es completamente equivocado, es completamente falso, pero además afecta la confianza del proceso electoral.

Nos parece importante que el Gobierno sea más específico en sus preocupaciones. Pero cuando se tienen afirmaciones tan generales (como decir que está en riesgo la transparencia), no se puede hacer absolutamente nada. La unión temporal donde hay más empresas de la familia Thomas Greg tuvo que haber presentado todas las exigencias de experiencia y una prueba técnica.

Invitamos a los diferentes actores que tengan dudas legítimas a que se hagan de manera específica para que todos podamos conocer las respuestas de las autoridades electorales. Hay que dejar de hacer, sobre todo desde los niveles decisorios, aseveraciones o afirmaciones generales que, en lugar de ayudar de manera proactiva a que se tomen medidas para cualquier gestión del riesgo, generen más incertidumbre o desconfianza.

El escenario donde se brindan garantías, donde se presentan dudas, quejas o recomendaciones de modificación de rumbos, es precisamente la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. Ese es el escenario por excelencia. Hoy tenemos 31 organizaciones políticas, y atender de manera bilateral 31 organizaciones políticas para la organización de unas elecciones no es la forma más eficiente, pero tampoco la más adecuada de hacerlo. Si se le sigue haciendo el vacío a las comisiones de seguimiento electoral, se pierde ese espacio, que es el más importante para que la oposición tenga garantías.

Ese es uno de los temas que se puso en la Comisión de Seguimiento Electoral. En lo que llevamos del año, hemos registrado 134 hechos de violencia contra liderazgos sociales, políticos y comunales, pero 54 de estos hechos han estado dirigidos de manera específica contra concejales y alcaldes. Este año es el inicio de año más violento que nosotros hemos tenido desde el 2018. Llevamos 979 acciones armadas desde el inicio de año. Estamos hablando de acciones armadas que afectan la infraestructura, como motos bomba y carros bomba, que afectan a la ciudadanía y generan temor en algunos lugares.

El tercer tema que presentamos es el seguimiento al registro de cédulas. Tenemos un incremento del 64 por ciento en este momento en el equivalente al mismo periodo en las elecciones pasadas. Presentamos una lista de 52 municipios en los que consideramos que vale la pena que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría vean de manera particular qué es lo que está pasando, pues tenemos un comportamiento estadístico atípico muy alto de inscripción de cédulas. Y, finalmente, al Consejo Nacional Electoral le dijimos que, si uno entra en este momento a cuentas claras, no tiene la información de cuánto se han gastado los diferentes grupos significativos de ciudadanos que están en el proceso de recolección de firmas.

Tiene todos. El presidente de la República es el más visible, representa la voz de todos los colombianos y es el que tiene, además, a su cargo la responsabilidad de la gobernanza en las elecciones, de brindar garantías y seguridad a los candidatos y precandidatos. El Ejecutivo no puede ser ajeno a la organización de las elecciones y es el principal responsable en la gobernanza de las mismas. Entonces, si no hay una comunicación adecuada del Ejecutivo, se empieza a generar una sensación de desconfianza frente al próximo proceso electoral que no es positivo para nadie, ni para el Gobierno Nacional, tampoco para las organizaciones políticas y mucho menos para la ciudadanía.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO