Por quinto año aumentaron los casos de reclutamiento de niños en el conflicto armado en Colombia

En 2024, la violencia contra los niños en los conflictos armados alcanzó niveles sin precedentes en el mundo, tras registrarse un abrumador aumento del 25 por ciento en el número de violaciones graves (41.370 casos) con respecto a 2023. De acuerdo con un informe del Secretario General de las Naciones Unidas, la infancia se llevó la peor parte de las hostilidades y los ataques indiscriminados y se vio afectada por el desprecio por los alto el fuego y los acuerdos de paz y el agravamiento de las crisis humanitarias.

En Colombia el panorama es preocupante. Naciones Unidas verificó que durante 2024 ocurrieron 646 graves violaciones que afectaron a 513 niños, niñas y adolescentes en el país, lo que representa un incremento del 42 por ciento en comparación con 2023. Se trata, además, del quinto año consecutivo en el que estos casos, que agrupan seis categorías de graves violaciones contra la niñez en contextos de conflicto armado, presentan un incremento.

Según explica Julien Hayois, especialista de protección de la niñez de Unicef, estas categorías incluyen el reclutamiento y utilización; asesinatos y mutilación; violencia sexual; ataques contra escuelas y hospitales; secuestros y denegación de acceso humanitario. Entre estas, la violación de mayor prevalencia es el reclutamiento, lo que da cuenta de cómo los grupos armados siguen reclutando y utilizando niñas, niños y adolescentes para aumentar su pie de fuerza, expandir su control sobre territorios, comunidades y economías ilegales.

Entre 2019 y 2024, Naciones Unidas ha verificado 1.206 casos de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. De estos, 450 se presentaron el año pasado (un incremento del 64 por ciento respecto a los 277 casos de 2023). “Frecuentemente, los niños, niñas y adolescentes son utilizados para labores de vigilancia y obligados a cometer delitos como extorsión, sicariato, microtráfico y otras actividades antes de ser reclutados”, señala el informe.

Según detalla Hayois, el aumento en los casos de reclutamiento no es solo una muestra de la estrategia militar de grupos armados, sino que también da cuenta de las vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en muchos territorios. “Vemos que quienes son reclutados y utilizados suelen venir de entornos en los cuales hay pobreza, discriminaciones, presencia limitada del Estado en términos de servicios, educación, oportunidades educativas, laborales”, señala.

Desde Unicef también señalan que en los últimos años también se ha evidenciado una evolución en las tácticas para reclutar. “En los últimos dos o tres años hemos visto que el uso de redes sociales ha sido un método muy utilizado por los grupos armados, que también puede explicar esta capacidad de reclutar a los niños, niñas y adolescentes”, explica Hayois.

Entre los casos registrados el año pasado, tres de los niños afectados fueron reclutados, más de una vez el mismo año y 59 sufrieron más de una grave violación, 22 fueron asesinados, 14 mutilados y 23 fueron víctimas de violencia sexual. Como detalla Hayois, estas cifras, que se refieren a casos verificados, no dan cuenta de la magnitud total de la situación debido al subregistro.

“Sabemos que hay un subregistro porque hay muchas barreras en la documentación de casos y en las denuncias de las familias por miedo y amenazas. También por el hecho de que a veces no hay los servicios para atender las denuncias. Las autoridades y las organizaciones humanitarias no llegan a todos los rincones del país. Por eso sabemos que solo es la punta del iceberg”, explica el funcionario de Unicef.

Para tener una dimensión sobre esta problemática en el país, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, de manera sistemática, entre 1971 y 2016, las extintas Farc-EP reclutaron a, al menos, 18.677 niños y niñas. Hechos que ocurrieron con mayor frecuencia entre 1996 y 2016.

Respecto a las regiones en las que se concentra el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el país en el 2024, el 76 por ciento de los casos verificados por Naciones Unidas ocurrieron en Cauca (40 %), Chocó (8 %), Arauca (8 %), Huila (7 %), Putumayo (7 %), Nariño (6 %).

Cuatro de las cinco categorías restantes también presentaron incrementos. Los casos de asesinato y mutilación aumentaron un 16 por ciento, pasaron de 67 en 2023 a 78 en 2024. “Incrementaron los accidentes con artefactos explosivos, muertes en combates, torturas y asesinatos selectivos de niños, niñas y adolescentes al intentar escapar de grupos armados o por ser señalados como miembros de otro grupo armado”, dice el informe de Naciones Unidas.

También se registraron el año pasado 33 casos de violencia sexual, un incremento del 18 por ciento frente a los 28 del 2023. “Todas las víctimas de violencia sexual fueron niñas y adolescentes mujeres, que sufrieron violación, abuso sexual, planificación forzada o uniones tempranas forzadas. Se estima que muchos casos no son reportados debido al estigma alrededor de las víctimas, la normalización de algunas formas de violencia sexual y a que los mecanismos de reporte seguro y atención son limitados”, señalan desde Naciones Unidas.

Los ataques a escuelas y hospitales aumentaron un 56 por ciento. Se registraron 42 casos en 2024 frente a 27 en 2023. De acuerdo con Naciones Unidas, se trata de hechos que vulneraron los derechos a la salud y educación de niñas, niños y adolescentes, y pusieron en riesgo la seguridad de docentes, aumentando a su vez la exposición a otros riesgos como reclutamiento o accidentes con artefactos explosivos. De esa manera, fueron 7.024 los estudiantes que en 2024 se vieron afectados por este tipo de hechos.

También señalan que se ha identificado un aumento en el uso de escuelas como escudo o trinchera en combates, lugar para pasar la noche o para almacenar armamento, entre otros; y que, adicionalmente, muchas instituciones educativas no vuelven a funcionar por largos periodos o permanentemente luego de ser afectadas.

La denegación de acceso humanitario, categoría que se refiere a la restricción o impedimento del acceso del personal y la asistencia humanitaria a personas necesitadas en situaciones de conflicto armado o desastres, afectó en 2024 a 24 niños, niñas y adolescentes, un incremento del 9 por ciento frente a 2023. Por el contrario, la única categoría en la que se vieron reducciones fue la de secuestro, en la que con 16 casos el año pasado, presentó una caída del 52 por ciento.

En total, el 66 por ciento de las graves violaciones contra los niños en los conflictos armados ocurrieron en departamentos de la costa Pacífica (Cauca, Nariño y Chocó) y fronterizos con Venezuela (Arauca y Norte de Santander). En algunos departamentos como Bolívar, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Putumayo, Caquetá, Vaupés se evidenció un aumento de al menos el doble de casos. Además, en el informe de Naciones Unidas señalan que entre 2022 y 2024 el número de municipios afectados por graves violaciones aumentó en un 87 por ciento, pasando de 70 a 140.

En estas regiones las poblaciones más afectadas siguen siendo las comunidades indígenas y afrodescendientes, una de las principales preocupaciones manifestadas por el Secretario General de las Naciones Unidas en el informe. “Casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes víctimas de graves violaciones son de comunidades indígenas y afrodescendientes. Y eso se debe también al hecho que muchas veces en los territorios donde viven estas comunidades hay presencia de grupos armados, altos niveles de pobreza, de iniquidades”, señala Hayois.

Para Ángela Constanza Jerez, coordinadora nacional de la coalición NiñezYA, entre las fallas que se tienen en el país en materia de protección a la infancia se destaca el hecho de que las políticas públicas se están quedando en el papel. “La institucionalidad nacional no tiene un plan de acción constante con recursos suficientes para materializar las acciones y las entidades territoriales no tienen ‘dientes’ en términos de recursos técnicos y financieros para hacer frente a los desafíos que está teniendo el país por el recrudecimiento del conflicto armado y la magnitud de lo que está sucediendo. Aunque la Constitución señala la prevalencia de los derechos de la niñez no hay voluntad política para destinar los recursos y el personal técnico para hacerlo realidad”, indica.

Adicionalmente, Jerez señala que las dinámicas actuales de violencia, reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños no se conocen lo suficiente y, por tanto, no se tienen las herramientas para responder. “Por ejemplo, se están reclutando a los menores de edad por redes sociales, por confinamiento de niñas y niños, por migración sin acompañante, etc. Hay que idear nuevas maneras de hacer frente a esas realidades. Lo que se está haciendo no funciona”.

En este documento del organismo internacional también se hacen recomendaciones para cesar y prevenir las graves violaciones contra la infancia. Por ejemplo, señalan que el Gobierno garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones; adoptar una estrategia de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual; y fortalecer los servicios de reintegración y las estrategias de protección para las familias de las víctimas y para las personas involucradas en la protección de la niñez y la adolescencia.

También hacen referencia a la necesidad de implementar desde el Gobierno el plan de acción nacional sobre la Declaración de Escuelas Seguras; a que las Fuerzas Armadas cesen la organización de actividades cívico-militares que involucren a niños, niñas y adolescentes; y a que se amplíe la cobertura del desminado y la educación en el riesgo de minas y artefactos explosivos, así como la asistencia a las víctimas.

Adicionalmente, recomiendan que las partes negociadoras en los diálogos de paz consideren medidas de protección infantil en sus negociaciones y acuerdos, incluido en los protocolos de cese al fuego, y que reconozcan los 18 años como la edad mínima para el reclutamiento y utilización; que todos los grupos armados liberen incondicionalmente a todos los niños, niñas y adolescentes y dejen de usar minas y artefactos explosivos; y que los grupos armados adopten planes de acción con las Naciones Unidas, y permitan el acceso humanitario seguro, oportuno y sin obstáculos.