Pensiones en el aire / Análisis de Ricardo Ávila

Puede ser una frase de cajón, pero no hay duda de que se trata de una verdadera carrera contra el reloj. Incluso sería válido hablar de dos relacionadas con el mismo tema: el sistema pensional en Colombia que, según lo dispuso una ley aprobada por el Congreso el año pasado, debería comenzar a operar el próximo 1.º de julio.

Sin embargo, cuando falta apenas un mes largo para la hora cero, no es claro qué va a pasar con el esquema. Por una parte, hay incertidumbre respecto a la validez de la norma que definió las nuevas reglas de juego. Por otra, existen grandes dudas sobre la capacidad de Colpensiones para asumir de manera apropiada una enorme responsabilidad que involucra a unos 25 millones de afiliados.

Como si eso fuera poco, a mediados de mayo se expidió un extenso decreto reglamentario y la semana pasada fueron publicados los borradores de un par más, los cuales establecen procedimientos y crean requisitos. Dada la complejidad del asunto, los interesados están en proceso de entender y digerir lo que equivale a los planos detallados de un gran edificio.

Ante la magnitud de la tarea, lo ideal habría sido contar con el tiempo suficiente para señalar inconsistencias aquí y eventuales contradicciones allá en un ambiente de cooperación entre los diferentes interesados. Pero a punto de cumplirse el plazo, comienzan a escucharse expresiones como aquella de “lo mejor es enemigo de lo bueno” o “por el camino se acomodan las cargas”.

El problema inicial es que ni siquiera se sabe si el camino existirá. Como es conocido, está pendiente que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los procedimientos que se siguieron para acoger lo que, hasta la fecha, es el principal logro legislativo de la administración Petro.

Algunas cosas, es verdad, no tendrán reverso. Por ejemplo, una vez se abrió la ventana que permitía la oportunidad de traslado de régimen sin el límite de diez años que existía antes, más de 73.000 personas a mediados de mayo se habían pasado a Colpensiones. Es de suponer que el motivo fue la consideración de que el sistema de prima media los beneficia más, algo que es verdad en casos como los de ingresos altos que califican para el esquema que empieza a marchitarse.

De vuelta al análisis de exequibilidad, la discusión gira en torno a vicios de forma. Ya en la última parte de la discusión en el Capitolio, la plenaria de la Cámara de Representantes aceptó mediante la figura del “pupitrazo” el texto que recibió del Senado, sin abrir espacio para el debate ni mucho menos examinar un cúmulo de proposiciones presentadas por diferentes parlamentarios.

Dicho desenlace habría violado lo que establece la carta política y la misma esencia del sistema bicameral, en el sentido de que cualquier proyecto de ley debe ser objeto de un examen detallado en el cual se contemplen distintos puntos de vista antes de proceder a una votación. Como en este caso las mayorías cercanas al Gobierno impusieron su voluntad, silenciando a los opositores, se habría quebrado un principio fundamental.

La cosa se complica todavía más por cuenta del escándalo de corrupción relacionado con los dineros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El 7 de mayo se conoció la noticia sobre la orden de captura, ya hecha efectiva, en contra de Iván Name y Andrés Calle, quienes presidían el Senado y la Cámara, respectivamente, en la época en la cual la iniciativa recibió luz verde.

Si bien el foco se ha concentrado en el primero, para efectos de la propuesta pensional quien acabó siendo clave fue el segundo. ¿Fueron los mil millones de pesos que, según las acusaciones, recibió el representante liberal por Córdoba lo que determinó que esta saliera adelante a marchas forzadas? Ese es un interrogante que deberá responder la justicia.

Por el momento, y de regreso a la Corte, lo que se sabe es que ya está radicada una ponencia negativa, escrita por Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la corporación, que hundiría la reforma por vicios de procedimiento. Semejante postura deberá ser acogida o modificada por sus colegas, sin que esté claro el desenlace.

Aquellos que saben del asunto, plantean tres escenarios. El primero es un hundimiento y el segundo una aprobación plena, producto de una decisión que se encamina a ser dividida en la que entran a jugar no solo los argumentos legales, sino la propia cercanía de algunos togados a la Casa de Nariño.

Una tercera opción sería la de devolverle el texto a la Cámara para que esta subsane lo que podría describirse como un error de forma y no de fondo. En este escenario, tendría lugar la discusión que fue suprimida la vez pasada, antes de repetir la votación definitiva.

Aunque a primera vista las diferentes fuerzas se comportarían de la misma manera y el desenlace sería igual, siempre cabe la posibilidad de que la pita se enrede más y haya modificaciones que obliguen a una conciliación con la versión del Senado. Ese es el motivo por el cual todos los ojos se concentran en la Corte, en donde hay impedimentos para algunos togados –como el del recién escogido Héctor Carvajal– y probablemente acabe siendo necesaria la figura de un conjuez en caso de que haya que romper un empate.

Tampoco es descabellado pensar que el tiempo no alcance y la entrada en vigor del nuevo modelo tenga que posponerse durante uno o varios meses. En ese caso, habría ramificaciones sociales y políticas que deben considerarse, sobre todo a la luz de la temporada electoral que se avecina, pues se afectaría la puesta en marcha del pilar solidario que beneficia a los mayores de 65 años (60, en el caso de las mujeres) en condición de pobreza extrema.

Resulta innegable que el grado de tensión es alta. Cuando la semana pasada el exministro José Manuel Restrepo expresó en la red X que un veredicto en contra de la ley en cuestión evitaría que el Estado asuma un pasivo adicional calculado en 54 billones de pesos, Gustavo Petro se le vino lanza en ristre: “Pide que la Corte no le dé pensión a la gente colombiana, ni bono pensional a todos los ancianos y ancianas que hoy hay sin pensión”.

Que se requiere urgencia es indudable. Mientras no haya un fallo que disponga lo contrario, el plazo del 1.º de julio sigue vigente. Una vez se consume el traslado de millones de afiliados de las administradoras de los fondos privados a Colpensiones, intentar dar marcha atrás sería traumático en muchos sentidos.

Tal como están las cosas, en menos de cinco semanas la entidad recibirá las cotizaciones de todos los trabajadores activos vinculados al sistema de seguridad social, por los primeros 2,3 salarios mínimos (3,27 millones de pesos al mes). En términos prácticos, para nueve de cada diez personas eso constituirá la totalidad de su aporte.

Lo que ingresará a la institución es significativo. El cálculo es que llegarán unos 3,5 billones de pesos mensuales, más del doble que en la actualidad. En cuanto a cotizantes individuales, la cantidad pasará de 2,8 a 10,2 millones de individuos. Si cuentan aquellos con historia abierta, la cifra es de 19 millones adicionales para completar más de 25 millones.

Semejante volumen es un desafío inmenso. Aun en condiciones normales, el cambio de magnitud exigiría una preparación extraordinaria para que la transición se lleve a cabo de manera impecable y el usuario no note la diferencia.

Entre los retos internos que surgen está el de la capacitación del personal y los desafíos informáticos indispensables para atender muchas más exigencias que en la actualidad. Hay testimonios de que algo se ha avanzado, pero no faltan quienes señalan que las dudas son mucho más que las certezas en la entidad liderada por Jaime Dussán.

Basta con hacer una lista de los trámites que más rápidamente demandarán los ciudadanos, aparte del giro de las mesadas usuales para los jubilados: pago de incapacidades, pensiones de sobrevivencia, pensiones de invalidez, aparte de una avalancha de consultas referentes al acceso al nuevo subsidio y los demás pilares establecidos.

Responder bien demanda contar con un acceso a la historia laboral de cada afiliado con el fin de responder con veracidad a consultas y asesorías. Suena factible que, ante las limitaciones en el ámbito tecnológico, la respuesta sea la de aumentar la nómina y la red de sucursales que, en cualquier caso, hacen indispensable contar con un buen sistema de información. Ya en el día a día, es definitivo que los aportes de cada cual se acrediten como es debido para que a nadie se le pierdan semanas. Cuando vengan los reclamos y las quejas por eventuales inconsistencias, las contestaciones tendrán que darse rápido.

En medio del maremágnum, las probabilidades de cometer errores son mayores y más si una parte de las labores acaban haciéndose a mano. Los represamientos son factibles, al igual que las quejas del público que en la actualidad está acostumbrado a saber cómo van sus cuentas mediante unos pocos clics.

Del otro lado, también abundan las complejidades para las administradoras del componente complementario de ahorro individual (Accai), que comprenden a las administradoras de fondos de pensiones actuales y a Positiva Seguros, de carácter estatal. Estos incluyen la creación de diez nuevos fondos, según rangos de edad, sin que además los criterios de remuneración, por el manejo de esos recursos, sean del todo claros.

Un asunto adicional es que, según lo establece la ley, Colpensiones debe girarle al Banco de la República una suma mensual con destino al fondo de ahorro del pilar contributivo, el cual será administrado por el Emisor. Si bien las transferencias debieran comenzar a hacerse muy pronto, todavía no está en firme el decreto que reglamente este vehículo, ni mucho menos se ha firmado el contrato que se debe suscribir con la Nación.

Cabos sueltos de diversa índole abundan, mientras el calendario avanza. Por ese motivo, no son pocos los funcionarios que en voz baja comentan que la mejor salida en la práctica sería la de contar con un respiro por cuenta de la Corte Constitucional, en caso de que esta determine que el Congreso está obligado a enmendar una plana que le quedó mal hecha.

Sea como sea, el camino que viene es muy exigente. Más allá de la discusión sobre la sostenibilidad de una reforma que les aumenta las cargas a las generaciones venideras y no soluciona las fallas de cobertura del sistema que reemplaza, está la obligación de ocupar una casa nueva a la cual parece que se le adicionan habitaciones y se le quitan otros espacios sobre la marcha.

Lejos de una ruta bien trazada, hay una importante dosis de improvisación que resulta inquietante. Hacer las cosas “a la colombiana” se asocia en ocasiones con la habilidad de ser creativos y encontrar la salida en medio de los azares.

Pero en este caso, lo que se observa es que el manejo futuro de las pensiones aún está en el aire por cuenta de una serie de indefiniciones. Lástima que aquí lo que esté en juego sean las esperanzas y el bienestar de millones que no solo se preguntan lo que les traerá el mañana lejano, sino lo que les va a suceder a partir del próximo 1.º de julio.