La Seguridad Social empieza a pagar indemnizaciones a las víctimas del amianto cuatro años después de lo previsto

A. G. G., de 72 años, falleció el pasado 14 de diciembre en Legazpi (Gipuzkoa) a causa de un mesotelioma pleural adquirido por su exposición al amianto a lo largo de distintos trabajos como electricista y responsable de red de aguas ejercidos desde 1970. En su esquela quedaba claro bajo su nombre: “víctima del amianto”. Es muy probable que este trabajador sea el último fallecido por esta causa antes de que el Estado español, con muchos años de retraso respecto a otros países europeos, empiece a indemnizar a las decenas de miles de damnificados por enfermedades relacionadas con el asbesto, peligroso para la salud. Sin embargo, las familias de las miles de personas que ya ha muerto por exposición al amianto no podrán beneficiarse de estas compensaciones.

La Seguridad Social ha empezado a notificar en los últimos días el próximo abono de indemnizaciones a varios perceptores de pensiones de incapacidad permanente derivadas de contingencias profesionales causadas por alguna de las patologías derivadas de la exposición al amianto. Previsiblemente, antes de que acabe el año se habrá notificado el pago de unas cinco indemnizaciones, según fuentes de este organismo. De esta forma, acaba de activarse el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, casi cuatro años después de su creación y primera dotación en 2022.

El pasado 18 de septiembre, hace ahora tres meses, entró en vigor el reglamento que desarrolla el fondo para la compensación de víctimas del amianto. Este reglamento llegaba tarde: dos años y ocho meses después de lo previsto en la ley que creó este fondo en 2022. En teoría, con la aprobación del reglamento habrían podido arrancar las indemnizaciones para los cerca de 700 trabajadores que ya reciben la pensión de incapacidad permanente por enfermedades profesionales causadas por el amianto. Pero esto no se produjo, y estos trabajadores han tenido que esperar hasta mediados de diciembre para recibir las notificaciones de que van a recibir ya sus indemnizaciones. El motivo de este nuevo retraso es que el reglamento exigió una serie de nuevos requisitos burocráticos que han impedido nuevamente la aprobación de las indemnizaciones hasta ahora.

En concreto, este texto normativo determinó que para poder recibir las indemnizaciones, los futuros beneficiarios, además de tener reconocida una pensión de incapacidad permanente causada por enfermedades derivadas de su exposición al amianto, deben contar con un certificado de patologías provocadas por este motivo. Estos certificados los emiten unas unidades administrativas específicas que tienen que crear las comunidades autónomas a tal efecto. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), dependiente del Ministerio de Sanidad, aprobó el pasado 12 de noviembre el procedimiento para la emisión de estos certificados y la creación de estas unidades. Actualmente hay comunidades que ya las han conformado y están tramitando los certificados y otras que aún están en proceso.

Como consecuencia de todos estos retrasos, durante tres años consecutivos el fondo se ha perdido al no abonarse ninguna compensación (en 2022, 2023 y 2024); y en 2025, apenas se usará en los días que restan del año, para pagar a menos de una decena de beneficiarios (algo que exigirá el uso de unos 300.000 euros del fondo de este año, según las asociaciones de afectados). No obstante, y para proseguir con el pago de las indemnizaciones, la previsible prórroga presupuestaria automática a partir del próximo 1 de enero volverá a dotar este fondo con 25 millones de euros.

En cualquier caso, y dado que las cuantías no utilizadas de este fondo no se acumulan, todos los retrasos de su puesta en marcha han supuesto que prácticamente 100 millones de euros, que han sido presupuestados en los últimos cuatro años, no hayan ido a parar a los bolsillos de los enfermos por haberse visto expuestos en sus puestos de trabajo al amianto.

Según las cifras recogidas por la memoria de impacto normativo del real decreto que regula este fondo, elaborada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, “teniendo en cuenta las fracciones de cáncer atribuible a la exposición laboral al amianto (mesoteliomas y cánceres de pulmón y bronquios) se estima que el número de defunciones en un año atribuibles a la exposición al amianto ha sido de 4.582, el 92% de ellas son de hombres”.

Sin embargo, el número de damnificados potencialmente susceptibles de recibir una de estas compensaciones económicas sería inferior. Según calcula el portavoz de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), Jon García, se limitaría a los menos de 700 trabajadores que tienen reconocida la incapacidad permanente causada por patologías debidas a la exposición al amianto y que sigan vivos. Precisamente, García denuncia “dos grandes contradicciones entre la ley que creó el fondo en 2022 y el reglamento que desarrolla su funcionamiento, que entró en vigor en septiembre pasado”. Por ello reclama cambios en esta norma.

Se refiere a que, por un lado, “el espíritu de la ley recogía que la cobertura del fondo fuera universal para los afectados y sus familias, pero ahora, según el reglamento, los requisitos para cobrar estas compensaciones lo limitan a un colectivo muy pequeño de personas”.

Igualmente, este portavoz de los afectados asegura que la norma original también apuntaba a que las indemnizaciones del fondo fueran suficientes como para desincentivar la reclamación de compensaciones en los tribunales. Y, en opinión de García, eso es algo que tampoco se ha plasmado en el reglamento. De hecho, según denuncian las asociaciones de afectados, las actuales compensaciones que están reconociendo los tribunales en España triplican, por lo general, las previstas por el fondo (que se han estipulado 96.626 euros para los diagnosticados con mesoteliomas; 64.414 euros para aquellos que hayan contraído cáncer de pulmón; 44.310 euros para el cáncer de laringe; y 32.207 euros para quienes padezcan asbestosis).

Otra queja de calado de los afectados tiene que ver con la tributación de las indemnizaciones. Tal y como está legislado actualmente el fondo, estas tributan a Hacienda, con lo que las cantidades netas se verán recortadas hasta incluso la mitad de su cuantía, denuncian desde la federación de asociaciones de víctimas. “En esta cuestión ya existe una discriminación porque las Haciendas Forales vascas y navarra ya han aprobado o están en vías de aprobar que estas indemnizaciones estén exentas”, explican.

Se trataría de darles idéntico tratamiento fiscal que a otro tipo de indemnizaciones cuyas cuantías son mayores y no tributan. Es el caso de las que reciben las víctimas del terrorismo, que ascienden hasta medio millón de euros; las victimas de sida por transfusiones de sangre (126.000 euros) o las de la talidomida (396.000).

No obstante, y aunque en la Seguridad Social aseguran que están teniendo una actitud proactiva, poniéndose incluso en contacto, a través del INSS, con posibles afectados para que soliciten las indemnizaciones, no garantizan futuros cambios en la regulación para ampliar el colectivo de beneficiarios. La decisión sobre si estas cantidades tributan o no dependerá del Ministerio de Hacienda.