Impuesto a remesas: Quién pagará el costo real de la ley Trump

Más allá del debate político, la implementación del impuesto del 1% a las remesas en efectivo por parte de Estados Unidos plantea una pregunta económica crucial: ¿quién absorberá realmente el costo y cuál será el impacto neto en la ya frágil economía de millones de hogares mexicanos?.

El nuevo impuesto a las remesas de la administración Trump, aunque limitado al 1% y a las transacciones en efectivo, incide sobre una de las fuentes de ingresos más importantes para México. Con un flujo que alcanzó los 64,700 millones de dólares en 2024, las remesas son un pilar macroeconómico que sostiene el consumo interno y estabiliza la balanza de pagos. Sin embargo, el verdadero impacto se mide en la microeconomía de casi 4 millones de hogares que dependen de este dinero para subsistir.

El análisis del impacto económico de esta medida ha generado un interesante debate entre especialistas, con dos teorías principales sobre cómo se distribuirá la carga.

Algunos analistas, como Gerónimo Ugarte de Valmex Casa de Bolsa, sostienen que el impacto en la cantidad de dinero que llega a México podría ser limitado. Argumentan que los migrantes en Estados Unidos, cuyo principal objetivo es mantener a sus familias, ajustarán sus propios patrones de consumo para compensar el impuesto y seguir enviando la misma cantidad de dinero.

Implicación: Bajo este escenario, el costo real lo pagan los propios migrantes, reduciendo su ya precaria calidad de vida en Estados Unidos para proteger a sus familias en México. Afectaría principalmente a los 4.1 millones de migrantes mexicanos sin documentos estimados por BBVA Research.

Por otro lado, expertos como Genoveva Roldán, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, advierten sobre un riesgo más grave. Consideran que la medida, más que reducir el poder adquisitivo del migrante, podría incentivar el uso de canales informales y no regulados para el envío de dinero.

Implicación: Este escenario es doblemente peligroso. Primero, podría reducir el flujo oficial de remesas registrado por el Banco de México. Segundo, y más importante, expondría a los migrantes y a sus familias a fraudes, robos y a la influencia de redes de lavado de dinero y crimen organizado.

«El hecho de que haya habido tanta cooperación entre ambos países… puede generar que se incentive migración futura documentada y, sobre todo, que no se empuje a informalizar los flujos de capital», concluyó un analista, subrayando la importancia de no deteriorar la relación bilateral.

Independientemente de cuál teoría prevalezca, es un hecho que el impuesto no afectará a todos por igual. Al centrarse en las transacciones en efectivo, la ley apunta directamente al segmento más vulnerable de la población migrante: aquellos que no están bancarizados, que a menudo son indocumentados y que trabajan en la economía informal.

La realidad probablemente será una mezcla de ambos escenarios. Algunos migrantes se sacrificarán para enviar lo mismo, mientras que otros, por necesidad o desinformación, podrían caer en las redes de los canales informales. La única certeza es que la ley, aunque económicamente insignificante para el fisco estadounidense, representa una nueva capa de presión y precariedad para millones de mexicanos a ambos lados de la frontera.