El precio de la vivienda baja un 50% a tan solo 30 kilómetros de Barcelona

Las dificultades crecientes de acceso a la vivienda tienen nombre propio. Son las grandes ciudades que concentran el gran crecimiento de población de los últimos años donde se acumulan los problemas de escasez de oferta y elevados precios.

Esta tensión habitacional ha hecho que la ciudad de Barcelona sea la única capital de provincia en Catalunya que ya ha superado el coste del metro cuadrado de la peor época de la burbuja inmobiliaria, con un precio medio de 4.400 euros en el primer trimestre del año, máximo histórico. Se trata de un 2% más que en el 2007, tal y como indican los datos analizados por Albert Martínez Lacambra, director general del Centre Tecnològic del Notariat, y presentados hace unos días en una jornada sobre la situación del mercado organizada por el Col·legi Notarial de Catalunya.

En Girona, en cambio, los pisos, medidos por el precio medio del metro cuadrado, están todavía un 20% más baratos que en el punto álgido de la burbuja. Lo mismo ocurre en las ciudades de Tarragona (-37%) y de Lleida (-36%).

La ciudad es la única capital de provincia de Catalunya que supera el coste de la burbuja inmobiliaria

Pero no es necesario alejarse tanto de la capital catalana para ver cómo el mercado inmobiliario adquiere otro cariz. En la misma provincia de Barcelona el precio aún se sitúa un 17% por debajo de hace 18 años. “Una de las soluciones para mejorar el acceso a la vivienda se llama transporte público”, destacó José Alberto Marín, decano del Col·legi Notarial. La información recopilada por la institución a través de su gran base de datos muestra cómo los precios bajan alrededor de un 50% en municipios situados a unos 30 kilómetros de Barcelona.

Mataró (-46,9%), Granollers (-48,5%) o Terrassa (-56%) serían algunos de ellos –ver gráfico–. Ahora bien, el tiempo de transporte hasta la ciudad de Barcelona no debería superar los 45 minutos. Se trata del máximo aconsejable para garantizar que las personas que trabajan en la ciudad puedan vivir fuera sin perder calidad de vida. “Sucede en lugares como Londres o Berlín”, señaló Martínez Lacambra en el acto.

El transporte público en Catalunya, sin embargo, tiene mucho que mejorar. Los continuos cortes de Rodalies son ejemplo cotidiano de ello y, si se mira a estos municipios cercanos con vivienda más asequible, el tiempo de transporte hasta la capital de Catalunya excede esa recomendación. Sólo Mataró la cumpliría. Se da la circunstancia además de que localidades analizadas que están más alejadas de Barcelona, como Vilafranca del Penedès, tienen un tiempo de transporte similar al de otras más próximas -ver mapa-.

Por ello, los expertos que participaron en las jornadas señalaron el impulso de los medios de transporte público como una de las medidas cruciales para aliviar la crisis habitacional y quitar presión sobre Barcelona. En la capital confluyen el incremento de migrantes que necesitan vivienda desde el minuto uno, la práctica paralización de la construcción por medidas como la reserva del 30% de pisos sociales, la concentración de actividad y una red de transporte saturada y deficiente. Resultado: todo el mundo intenta vivir en Barcelona cuando la limitación de espacio es evidentes.

En cambio, el análisis de los notarios minimiza el papel que puedan tener los ciudadanos de fuera de la UE sobre el mercado inmobiliario y la subida de precios, un fenómeno que se ha convertido en arma política y objetivo de algunas de las últimas medidas del Gobierno –subida de impuestos–. Según su información, los extranjeros no residentes en la ciudad fueron responsables del 7,33% de la compra de vivienda entre enero y marzo del 2025, levemente por debajo de la media española, del 8%. La mayor participación de no europeos en Barcelona se dio en el 2015, con el 9,55% de las compras.

Más oferta, diversificación geográfica, transporte, fiscalidad y mayor inversión pública en vivienda social, sobre todo de alquiler, son las medidas urgentes que todos los participantes en las jornadas apuntaron.

Desde los colegios profesionales implicados en temas de vivienda (Notariado, Abogacía de Barcelona, Administradores de Fincas, Procuradores y Agentes de la Propiedad) señalaron asimismo un problema creciente que está afectando la mercado. Se trata de la “inseguridad jurídica” que, a su juicio, está provocando la nueva regulación que impulsan el Gobierno central y la Generalitat. “Vemos un aumento de la inseguridad jurídica con el desarrollo de políticas que generan dudas importantes; pedimos precisión”, subraya José Alberto Marín.

Uno de los puntos a los que se refiere, y que está generando un intenso debate, es la definición de gran tenedor de vivienda. Tal y como avanzó La Vanguardia este sábado, los departaments de Economia y de Territori i Habitatge de la Generalitat utilizan criterios distintos para considerar gran tenedor a un propietario a efectos fiscales y de política de vivienda. “Ha provocado alarma, sobre todo entre inversores; algunos dicen que se van de Catalunya”, señalaron durante las jornadas. Los colegios profesionales confían no obstante en trabajar con la administración y superar las cuestiones técnicas de la regulación.