Ebrard litigó, México perdió

Ayer, la Corte Suprema de EU rechazó por unanimidad la demanda que el gobierno mexicano presentó en 2021 contra ocho fabricantes de armas estadounidenses. El argumento fue claro: la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), vigente desde 2005, que protege a los fabricantes de armas en Estados Unidos cuando sus productos funcionan como fueron diseñados, incluso si son usados ilegalmente por terceros.

Lo advertí desde el inicio. En agosto de 2021 escribí en este espacio que esta demanda estaba destinada al fracaso porque violaba lo establecido en la PLCAA. Después, en octubre de 2022, cuando un juez federal desechó el caso en primera instancia, lo reiteré: la acción legal del gobierno mexicano no tenía sustento jurídico alguno y solo generaría gastos inútiles.

La iniciativa fue impulsada por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien presentó la demanda como “un acto valiente e innovador”. En realidad, fue una estrategia propagandística que sirvió más a sus aspiraciones políticas que al interés nacional. A pesar de lo que establece la PLCAA, Ebrard decidió litigar durante casi cuatro años con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador.

El resultado era previsible: la demanda fue desechada por carecer de base legal. La Corte Suprema ni siquiera quiso revisar el fondo del caso. El juez federal lo dijo en 2022: aunque simpatizaba con el pueblo de México y condenaba el tráfico de armas, estaba obligado a aplicar la ley.

Lo más irónico es que el problema sí existe y es grave. Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EU, aproximadamente el 74 % de las armas rastreadas en México provienen de ese país, principalmente de Texas, Arizona y California. Cada año ingresan ilegalmente unas 200,000 armas de fuego a nuestro país desde EU y las autoridades mexicanas solo logran recuperar unas 20,000.

Desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006 hasta mayo pasado, se han cometido aproximadamente 464,000 homicidios dolosos en México y el 73 % de ellos fueron realizados con armas de fuego. La magnitud del problema es innegable. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reportado una baja en homicidios, pero no es momento de caer en un optimismo prematuro.

¿Cuánto nos costó esta aventura jurídica en honorarios legales, costos judiciales, traducciones, viáticos y personal diplomático?

Con ese dinero bien se pudieron fortalecer aduanas, invertir en inteligencia fronteriza o mejorar los controles internos de armas. Pero no. Se optó por el espectáculo legal, diseñado para aplaudirse en la mañanera, no para ganar en tribunales.

El fracaso era evidente desde el principio. Lo sabían los abogados, lo sabían los analistas, lo sabía yo, y lo sabía quienquiera que hubiera leído la PLCAA. Lo que AMLO y Ebrard no sabían —o no quisieron aceptar— era que el derecho internacional no se dobla ante discursos políticos, por más “valientes” que se autodenominen. La verdadera tragedia no es haber perdido un juicio que nunca se pudo ganar, sino haber desperdiciado una oportunidad para exigir con seriedad —y no con teatralidad— un control más eficaz del flujo de armas desde EU hacia México.

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