Beneficios tributarios le cuestan al país casi seis reformas tributarias

En medio de una compleja situación fiscal y crecientes llamados a una nueva reforma tributaria, recientemente se conoció un dato inquietante desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que advierte que por cada $100 que recauda el Estado colombiano, deja de recibir cerca de $50 debido a beneficios tributarios.

De esta forma, se abre el debate sobre si es necesaria una nueva reforma o simplemente revisar los beneficios, dado que la pérdida estructural de ingresos, equivalente al 49% del recaudo total, representa uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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Concretamente, según el reporte, aunque en 2023 el país logró una histórica cifra de recaudo equivalente al 16% del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción sustancial de ese esfuerzo fue neutralizada por exenciones, deducciones y tratamientos preferenciales que, según el análisis del Observatorio, equivalen al 8,7% del PIB.

Para ponerlo en perspectiva, dicho de forma simple, el costo fiscal de estos beneficios supera en más de seis veces lo recaudado por la reforma tributaria de 2022, que tenía como meta apenas el 1,4% del PIB. Ante esto, el interrogante es inevitable y se centra en si ¿vale la pena sostener un sistema que otorga alivios fiscales con escasa evaluación de su eficacia?

Una estructura fiscal desequilibrada

El nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), presentado por el Ministerio de Hacienda el pasado 14 de junio, reconoce que Colombia enfrenta una situación crítica de gasto público en aumento, deuda creciente y una estructura de ingresos insuficiente para financiar las necesidades del Estado, por lo que, en este escenario, la revisión del gasto tributario se presenta como una alternativa poderosa y urgente.

“Lejos de ser una figura marginal, el gasto tributario representa una porción estructural del sistema fiscal colombiano. Entre 2019 y 2023, estos beneficios representaron, en promedio, el 50% del recaudo bruto. El punto más alto se alcanzó en 2022, cuando esta cifra llegó al 57%, lo que equivale a decir que por cada peso recaudado, el Estado dejó de recibir otro”, dice el reporte.

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En términos del PIB, el Observatorio también contó que la pérdida anual por beneficios tributarios ha oscilado entre el 7% y el 9%, una magnitud que llama la atención por su persistencia y falta de control técnico.

El punto es que en teoría, los tratamientos preferenciales en el sistema tributario tienen como propósito impulsar sectores estratégicos, incentivar la inversión o aliviar cargas sobre poblaciones vulnerables. Sin embargo, en Colombia no existe una política clara que priorice, mida o depure estos beneficios. y muchos sobreviven más por inercia legislativa o presión sectorial que por méritos comprobados.

Entre 2021 y 2022, el valor total de los beneficios tributarios pasó de $88,3 billones a $114,3 billones, un crecimiento del 29,4% y según el Observatorio Fiscal, más del 70% de este monto se concentra en el IVA, seguido de los impuestos de renta a personas jurídicas y naturales, con lo que la estructura del gasto tributario revela una fuerte orientación hacia sectores con mayor capacidad de lobby, más que hacia objetivos redistributivos o de desarrollo regional.

¿Quién se beneficia realmente?

Uno de los hallazgos más críticos del informe es la alta concentración de los beneficios fiscales, dado que, de acuerdo con cifras de la Dian analizadas por la Javeriana, el 10% de las empresas con mayores ingresos accede a más del 90% de los descuentos tributarios disponibles; mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el grueso del tejido empresarial del país, acceden solo a una fracción marginal.

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Este patrón pone en duda la progresividad del sistema fiscal, ya que en lugar de reducir desigualdades, el régimen de beneficios actual amplía brechas, mediante alivios a quienes menos lo necesitan y limita los recursos del Estado para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación o infraestructura.

Por otra parte, la falta de evaluaciones técnicas periódicas es otra debilidad estructural, en la que a diferencia del gasto presupuestal directo, los beneficios tributarios no pasan por el escrutinio regular del Congreso ni están sometidos a reglas de eficiencia y una exención puede perdurar años sin que nadie mida su impacto económico o social; mientras que en muchos casos, no existe claridad sobre los objetivos que justificaron su creación.

“En el Índice Global de Transparencia de Gastos Tributarios (GTETI), Colombia ocupa el puesto 35 entre 105 países evaluados, con apenas 52 puntos sobre 100. Aunque el MFMP ha empezado a reportar estos beneficios, la información sigue siendo genérica, poco accesible y carente de análisis costo-beneficio. Esto deja al país sin herramientas para decidir qué beneficios deben mantenerse, ajustarse o eliminarse”, agregaron.

De esta forma resaltaron que mientras Colombia avanza lentamente, otros países de la región han dado pasos importantes, como es el caso de Chile y México que publican y evalúan regularmente sus beneficios tributarios, lo que permite ajustes basados en evidencia, o Canadá y Reino Unido, que han institucionalizado procesos de revisión periódica y obligan a justificar la continuidad de cada incentivo de forma técnica.

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“Estas buenas prácticas permiten que los beneficios tributarios funcionen como verdaderos instrumentos de política pública, y no como privilegios permanentes. Además, fortalecen la confianza ciudadana en el sistema tributario y mejoran la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, dijeron desde el Observatorio.

La verdadera reforma

En este contexto, el Observatorio Fiscal plantea que la próxima reforma tributaria no puede centrarse solo en subir impuestos, sino que debe partir de una revisión integral del sistema de beneficios fiscales, teniendo presente que eliminar tratamientos ineficientes o regresivos no solo ampliaría la base gravable, sino que también permitiría reducir el déficit sin asfixiar a los contribuyentes.

“Estamos ante una oportunidad de hacer una reforma que no recaude más, sino que corrija distorsiones, mejore la equidad y recupere la sostenibilidad del sistema fiscal”, señala el informe, que también propone que todos los beneficios tributarios sean tratados como gastos públicos, con objetivos definidos, plazo de expiración, evaluación técnica y aprobación parlamentaria.

Si bien reconocen que modificar el régimen de beneficios tributarios no será fácil, estos expertos enfatizan en que muchas exenciones están protegidas sin un criterio técnico y que postergar la discusión tiene un alto costo, en el que con una deuda pública en ascenso, presión sobre la caja y nuevos compromisos sociales, el país no puede seguir premiando la ineficiencia fiscal.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJOPeriodista de Portafolio