Argentina enfrenta litigios por cerca de US$ 25 mil millones

Argentina ha alterado arbitrariamente las reglas de juego durante más de dos décadas, convirtiéndose en un país donde a pocos les interesa invertir pese a su inmenso potencial en recursos naturales y humanos y los superlativos logros de este gobierno en materia fiscal, entre otros.

El default de la deuda externa, la pesificación asimétrica en 2002, la expropiación de YPF violando las obligaciones con los demás accionistas del mercado en 2012, y el cambio arbitrario en las mediciones del INDEC para no pagar los cupones atados al crecimiento del PBI en 2013, resultaron en cientos de acciones legales por montos inmensos. Un indigno récord para el libro Guinness.

Argentina resolvió gran parte de sus incumplimientos pero luego de dos décadas y media todavía enfrenta juicios por montos multimillonarios.

El caso más grande nominalmente es el que lidera Burford por la expropiación de YPF con una condena en primera instancia a pagar US$16 mil millones. Es posible que la audiencia de apelación sea en los próximos tres a seis meses y que tres meses más tarde haya una sentencia apelable a la Corte Suprema. El anterior Gobierno de Trump presentó un escrito favorable a los demandantes. Es posible que esta vez sea diferente si el Gobierno actúa con energía y a tiempo. Curiosamente la valuación de mercado de Burford neta de sus otros activos asigna un valor de mercado a la sentencia significativamente inferior al monto de la sentencia. Las chances de cobro compulsivo parecerían ser muy bajas en base a la experiencia de 25 años de litigios contra Argentina.

Existen 11 laudos arbitrales definitivos emitidas bajo el CIADI y otros foros, cinco casos suspendidos, y cinco en trámite. El monto de los laudos y los reclamos no determinados suman alrededor de US$ 4 mil millones. Es muy difícil -o casi imposible- que los demandantes puedan cobrar sin que Argentina acepte negociar. El CIADI forma parte del Banco Mundial. El incumplimiento de sus sentencias en el pasado resultó en la cancelación de nuevos programas de financiamiento para Argentina por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo los cuales se reanudaron luego de que en 2013 Argentina acordara el pago con quita a los cinco casos que tenían laudos definitivos a esa fecha.

En el canje de 2005 Argentina entregó cupones atados al crecimiento en pago de la deuda con quita. Prometió pagar si crecía, lo cual parecía una propuesta razonable frente a la enorme quita de capital ofrecida por el país. Pero luego mintió en los datos de crecimiento para no pagar, la gran avivada criolla. En Londres ya se condenó al país a pagar €1.330 millones. Monto que eventualmente sería mucho mayor en el caso en Nueva York.

Los cupones de atados al PBI no tienen beneficio de la cláusula de trato igualitario o pari passu bajo los cuales Elliott Management impidió el pago a otros bonistas si no se le paga su crédito. Cobrar estas sentencias es también casi imposible sin acuerdo con Argentina. Sin embargo, el FMI ha obligado a Argentina a contabilizarlo como un pasivo a pagar.

En el caso de Londres, Argentina ya pagó 20% de la sentencia a fin de poder apelarla, la cual -como era anticipado- se perdió meses más tarde. El juicio en Nueva York avanza más lentamente y todavía no hay sentencia definitiva.

Existen otros casos en Alemania por más €1.000 millones en sentencias impagas por el default del 2001 que posiblemente estén prescriptas.

El constante cambio en las reglas de juego y la falta de respeto sobre sus compromisos hizo que Argentina se convierta en un país muy poco creíble para la inversión interna y externa. Argentina es en potencia uno de los países más ricos del mundo por su capacidad teórica de producir petróleo y gas, minerales, alimentos y tecnología. Es uno de los tres principales hubs mundiales para exportar servicios al resto del mundo, con empresas como JP Morgan, Accenture, Globant, Disney, EY con miles de empleados prestando servicios al exterior.

Pese a ello, la inversión externa ha sido nimia comparada con otros países donde se respetan las reglas de juego, sean buenas o incluso no tanto. El riesgo país (o sobretasa para invertir en Argentina) es exorbitante para un país con crecimiento y superávit fiscal durante casi un año y medio, con consecuencias sobre toda la economía local, el ingreso per capita, la inflación, el desempleo, la pobreza y la indigencia.

Las chances de forzar legalmente a Argentina a pagar las sentencias pendientes son bajas o muy bajas pero el costo reputacional de no hacerlo es alto. Esto presenta una oportunidad única para llevar adelante un proceso ventajoso para el país donde se pueda volver a aplicar una quita importante pero se termine con dos décadas de incumplimientos por un monto significativamente menor al reclamado.

Ser un país poco creíble tiene un costo inmenso. El país podría finalmente buscar un camino que ponga fin a todos los incumplimientos adoptando un protocolo de resolución definitiva de conflictos legales pendientes.