La 'Operación Urraca' enfrenta otra vez al Gobierno y al exdirector del antidopaje

Cada expediente positivo está siendo objeto de una revisión individualizada por parte del CSD, que ha analizado todos los positivos tramitados desde 2015 en España que habían sido cerrados sin una justificación suficientemente documentada. Y, en aquellos supuestos en los que se planteó el cierre del procedimiento, ha solicitado informes técnicos a órganos independientes (como el CAUT o laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje).

Pero lo que ya no tiene solución fue el clima de sospecha que se generó contra Terreros a través de informaciones periodísticas y que finalizó con su destitución por parte del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, después de que la entonces ministra Pilar Alegría llevase el caso Terreros a la Fiscalía por un presunto delito.

El origen del relevo en la Celad fue una denunciante anónima, trabajadora del organismo, que propagó la idea de que había expedientes de dopaje debajo de las alfombras y otras deficiencias de manejo en las autorizaciones de uso terapéutico y en los agentes que realizaban los controles.

Terreros, que fue sustituido por la epidemióloga Silvia Calzón, denuncia que el proceso de su destitución le causó un «daño permanente» a su reputación, a su persona y al deporte español.

Según la versión del CSD, desde la salida de Terreros «se ha reforzado significativamente el equipo jurídico de la Agencia, implantándose un sistema de revisión mucho más exhaustivo» para los positivos. En la investigación de la 'Operación Urraca', la AMA destaca que la Celad no intervino en 38 expedientes de dopaje para proteger a deportistas y que por tanto «no existe evidencia de que se manipulara ningún proceso de gestión de resultados».

Las localizaciones

El informe de la AMA identifica deficiencias en la etapa de Terreros en la gestión de diez casos de los 62 investigados correspondientes a los años 2018, 2022 y 2023. En cinco casos, se aceptaron justificaciones de los deportistas sin exigir pruebas suficientes; en uno, no se notificó un intento fallido que debería haberse hecho; y cuatro carecen de rastro documental.

Según la versión del CSD conocida por ABC, «para reforzar las garantías en materia de notificaciones, se aprobó la Orden EFD/590/2025, de 2 de junio, por la que se establece la obligatoriedad de las comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos entre la Celad y determinados colectivos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte».

La Celad, ahora bajo la dirección de Carlos Peralta, establece que «cuando no existen garantías suficientes de que la notificación electrónica haya sido recibida, la Agencia complementa dichas actuaciones mediante correo postal certificado».

Según la actual dirección de la agencia antidopaje española, el Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico (CAUT) «es un organismo independiente que revisa cada petición de forma individual y sin intervención del personal de la Celad».

Respecto a la función de los agentes de control, la Celad afirma que «las acreditaciones de los agentes de control tienen una vigencia limitada y deben renovarse cada dos años, con lo que se garantiza que los agentes cumplen con los requisitos teórico-prácticos exigidos».