La necesidad de hablar de desplazamiento forzado y avanzar en soluciones
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La atención mundial durante las últimas semanas ha estado dividida entre distintos puntos del planeta. Todos interconectados. Y muchos con un factor común del que se habla poco: el desplazamiento forzado de personas.
Mientras la guerra y los conflictos se intensifican, de manera más preocupante si cabe en varios rincones del mundo, Sevilla se ha convertido también en un epicentro clave: allí se han reunido líderes internacionales para debatir sobre la financiación para el desarrollo. Pero el desarrollo no será posible si no atendemos primero las necesidades humanitarias más urgentes.
Permítanme compartir algunos puntos clave desde la perspectiva del desplazamiento forzado.
El desplazamiento forzoso no deja de crecer. Impulsado por crisis cada vez más complejas, el último informe sobre tendencias globales de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, estima que, a finales de 2024, 123,2 millones de personas en todo el mundo estaban desplazadas por la fuerza. Es decir, 1 de cada 67 personas en el planeta vive desplazada, casi el doble que hace una década. La mitad son mujeres y niñas. Si no se alcanzan soluciones políticas para los conflictos y la diplomacia no ocupa el lugar central que merece, la cifra seguirá aumentando.
El desplazamiento forzado, además del sufrimiento que causa en las personas, tiene un impacto económico alto. Los conflictos, uno de los principales motores del desplazamiento, agravan la fragilidad económica al interrumpir el comercio, romper cadenas de suministro y erosionar el capital humano. Estos efectos se extienden más allá de las fronteras, resaltando la necesidad urgente de una cooperación internacional más sólida, que facilite políticas inclusivas para hacer frente a las vulnerabilidades y fomentar la resiliencia y autosuficiencia de las personas desplazadas y sus comunidades de acogida.
Los recursos disponibles no están a la altura de las necesidades. Pese a los esfuerzos importantes de los países de acogida ―teniendo en cuenta que el 73% de las personas refugiadas del mundo viven en países de renta media y baja― los fondos para responder a las crisis de desplazamiento no son suficientes, de hecho, no hacen más que disminuir. Esta brecha, que a menudo causa aún más inestabilidad, subraya la urgencia de un gasto más eficaz que proteja vidas y de una distribución más equitativa de la responsabilidad colectiva de proteger. Precisamente por ello, la comunidad internacional adoptó en 2018 el Pacto Mundial sobre los Refugiados, reconociendo la necesidad de un mecanismo que asegure un apoyo más previsible y sostenido a los países que acogen personas refugiadas, con respuestas integrales que involucren a toda la sociedad.
La ayuda al desarrollo es esencial también para promover situaciones que favorezcan el retorno voluntario de las personas refugiadas
Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Las personas refugiadas y desplazadas no son una carga, si se desarrollan políticas adecuadas. Garantizando medidas que apoyen la integración real de las personas refugiadas en los países de acogida, las personas refugiadas pueden contribuir significativamente al crecimiento económico y ampliar la base fiscal, generando un impacto neto positivo. Un informe reciente de Deloitte y ACNUR estima que las personas refugiadas ucranias en Polonia han aportado un 2,7% del PIB nacional. Si se facilitara aún más su integración en el mercado laboral, podrían generar hasta 680 millones de dólares (578 millones de euros) en ingresos fiscales y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, un estudio conjunto de ACNUR y el Banco Mundial señala que, si las personas refugiadas pudieran trabajar en igualdad de condiciones con los nacionales, se ahorrarían hasta 16.000 millones de dólares anuales en asistencia internacional, recursos que podrían reinvertirse en beneficio de las comunidades de acogida. La ayuda al desarrollo es esencial también para promover situaciones que favorezcan el retorno voluntario de las personas refugiadas y que estas contribuyan a la reconstrucción de su país.
Las alianzas globales están generando oportunidades, pero aún queda mucho por hacer. En línea con los compromisos del Pacto Mundial, ACNUR sigue reforzando su colaboración con actores clave del desarrollo. A través de una alianza estratégica con el Banco Mundial, se ha impulsado la inclusión de personas refugiadas y su acceso al empleo y servicios, movilizando más de 5.000 millones de dólares en subvenciones y préstamos concesionales de la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA por sus siglas en inglés), y cerca de 1.000 millones a través del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF). Estas iniciativas han desbloqueado 7.700 millones de dólares adicionales en financiación para países de renta media que acogen refugiados desde 2016. También se colabora con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para integrar análisis macroeconómicos y datos que respalden políticas públicas basadas en datos/evidencia, con el objetivo de transformar el desplazamiento de una crisis en una oportunidad compartida de desarrollo.
Para lograr un impacto real, debemos priorizar lo siguiente:
Políticas inclusivas. La inclusión no solo beneficia a las personas desplazadas, también fortalece la cohesión social, dinamiza las economías locales y amplía la base tributaria. Además, permite liberar recursos internacionales limitados que pueden ser reinvertidos en desarrollo.
No se puede construir desarrollo sin cimentarlo sobre la única base capaz de sostenerlo a largo plazo: la paz.
Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Apoyo a las comunidades de acogida. Diseñar ayudas específicas que también alcancen a los miembros más vulnerables de las sociedades de acogida promueve un crecimiento más equitativo y reduce tensiones sociales, sobre todo en un momento en el que los discursos negativos en contra de las personas refugiadas están al alza.
Apoyo internacional sostenido. Es fundamental reforzar las alianzas globales que permitan compartir las responsabilidades fiscales y sociales del desplazamiento, especialmente en regiones frágiles o afectadas por conflictos, así como en economías de ingresos bajos y medios.
Porque solo habrá progreso verdadero si va de la mano de la dignidad, la protección y el respeto a los derechos de todas las personas, incluidas aquellas que se han visto obligadas a huir de sus hogares.
EL PAÍS
