La batalla para que EE UU no destruya anticonceptivos para África se libra en Bélgica y en Francia

La primera alarma saltó a finales de julio: varias ONG humanitarias y de planificación familiar denunciaban la intención del Gobierno de Donald Trump de destruir de forma inminente un importante cargamento de anticonceptivos. USAID, la agencia de cooperación estadounidense, las almacenaba en Bélgica, a la espera de su distribución a misiones humanitarias, sobre todo en África. Una operación que quedó en el limbo, junto con los anticonceptivos, cuando el Gobierno estadounidense decidió desmantelar su reputada agencia estatal para el desarrollo, lo que según la revista científica The Lancet podría provocar hasta 14 millones de muertes prevenibles hasta 2030.

La orden de Washington era que las píldoras, dispositivos intrauterinos e implantes hormonales estacionados en Bélgica y cuyo coste se estima en casi 10 millones de dólares (8,4 millones de euros) fueran incinerados en la vecina Francia. El revuelo provocado por la sociedad civil tanto en algunos países de Europa como en Estados Unidos parece haber frenado, por el momento, una medida que, advierten las organizaciones internacionales, pone en juego la salud de hasta 1,4 millones de mujeres y niñas.

Un mes más tarde, el cargamento, que debía ser destruido a principios de agosto, sigue al parecer almacenado en la localidad belga de Geel, cerca de Amberes. O eso sospechan las ONG, ya que el Departamento de Estado norteamericano, que ha asumido el mando tras el cierre de USAID, se niega a confirmar explícitamente su estado.

“Tenemos entendido que las existencias siguen en Bélgica; no tenemos confirmación segura, pero la información indirecta que recibimos es que siguen aquí”, dice el director de Médicos del Mundo Bélgica, Federico Dessi.

Desde el Gobierno belga se asegura que no están de brazos cruzados. “En cuanto tuvimos conocimiento de la posible destrucción de las existencias de anticonceptivos almacenadas en un almacén de Geel, el Ministerio de Asuntos Exteriores emprendió gestiones diplomáticas ante la Embajada de EE UU en Bruselas”, responde por correo electrónico una portavoz a este diario. Se están “explorando todas las vías posibles para evitar la destrucción, incluido su traslado temporal”, asevera, si bien elude dar detalles del estado de las negociaciones “para no condicionar su resultado”.

Esta decisión es una afrenta a los principios fundamentales de solidaridad, salud púbica y derechos sexuales y reproductivos que Francia defiende”

Marine Tondelier, líder ecologista francesa

La presión también aumenta en Francia, donde el partido ecologista ha pedido al presidente, Emmanuel Macron, que intervenga: “Esta decisión es una afrenta a los principios fundamentales de solidaridad, salud púbica y derechos sexuales y reproductivos que Francia defiende”, recuerda la líder ecologista, Marine Tondelier, en una carta a Macron. También se ha enviado una petición ciudadana a la Asamblea Nacional para que “se interrogue al Gobierno sobre esta cuestión y se haga todo lo posible para impedir esta incineración en suelo francés y europeo”.

El Ministerio de Sanidad declaró que Francia, “desgraciadamente, no tiene ningún medio legal para requisar el stock en la medida en que no son medicamentos de interés terapéutico mayor” y “no tiene un problema de aprovisionamiento” de este tipo de productos.

Aun así, las ONG consideran que los gobiernos pueden interceder para que los anticonceptivos no sean incinerados, una medida que, advierten, no tiene sentido por su coste, 167.000 dólares. “Es más de que lo que supondría distribuirlos”, subraya Sarah Shaw, directora de MSI Reproductive Choices con sede en Londres.

En respuesta a una consulta de EL PAÍS, un portavoz del Departamento de Estado se limitó a confirmar esta semana, sin aclarar plazos, que “se ha tomado una decisión preliminar para destruir determinados productos anticonceptivos abortivos procedentes de contratos rescindidos de USAID de la era Biden”, entre los que no se incluyen “medicamentos contra el VIH ni preservativos”.

Washington, según la explicación oficial, se limita a cumplir la llamada “norma de Ciudad de México”, también conocida como la Ley mordaza global y que restringe, desde su instauración en 1984 por el Gobierno de Ronald Reagan, la ayuda exterior de EE UU a organizaciones que prestan, asesoran o promueven servicios de aborto legal, independientemente de las leyes locales o de que la financiación de esas actividades no sea estadounidense. Apenas unos días después de regresar a la Casa Blanca, Trump restituyó esta norma tradicionalmente mantenida por gobiernos republicanos y rescindida por los demócratas.

La decisión del Gobierno estadounidense es un acto intencionalmente imprudente y perjudicial contra las mujeres y niñas de todo el mundo"

Médicos Sin Fronteras

Pese al silencio de Washington, organizaciones sociales y políticas de Bélgica y Francia no pierden la esperanza y están aprovechando este hiato para redoblar la presión a sus gobiernos para que intenten frenar la destrucción de unos anticonceptivos en buen estado y con una vida útil de varios años, que varias ONG se han ofrecido a adquirir, sin coste para EE UU, o encargarse de la logística para que puedan llegar a su destino.

“La decisión del Gobierno estadounidense es un acto intencionalmente imprudente y perjudicial contra las mujeres y niñas de todo el mundo”, denuncia Médicos Sin Fronteras (MSF), que insta a EE UU “a detener la destrucción de estos anticonceptivos y entregarlos a los ministerios de Salud de los países que más los necesitan”, para lo que ofrece “apoyo técnico”, como “ha hecho otras veces”. “Es inadmisible pensar que estos productos sanitarios se quemen cuando la demanda mundial es tan grande”, subraya Rachel Milkovich, especialista en salud sexual de MSF en EE UU.

Según MSI Reproductive Choices, los productos llamados a ser destruidos podrían prevenir unos 362.000 embarazos no deseados, 110.000 abortos inseguros y 718 muertes maternas. El 77% de estos anticonceptivos debían ir a países como Kenia, Tanzania, Zambia o Mali. “Detrás de estas estadísticas se encuentran mujeres y niñas que ya no podrán controlar si se embarazan ni cuándo”, lamenta Sarah Shaw, directora del grupo de salud reproductiva de esta ONG con sede en Londres.

Ya a comienzos de mes, junto con otra quincena de organizaciones civiles del país, la sección belga de Médicos del Mundo envió una carta a los ministerios de Exteriores y Desarrollo belgas a través de abogados reclamando que requisaran las existencias de los medicamentos en suelo belga para “impedir su destrucción”. Nunca recibieron una respuesta oficial, señala Federico Dessi, por lo que están evaluando ahora nuevas acciones, entre otras, la posibilidad de enviar una carta de emplazamiento que obligue legalmente a las autoridades a explicar los pasos que están dando.

“Queremos animar a los ministros a que tomen medidas y encuentren una forma de salvar estas existencias, idealmente por medios diplomáticos, de manera que puedan utilizarse para cubrir las necesidades de las personas vulnerables que necesitan anticonceptivos para la planificación familiar y la prevención de enfermedades infecciosas y transmisibles”, explica.

Trump también ha restituido la enmienda Kemp-Kasten, que prohíbe la asistencia a “cualquier organización o programa que apoye o participe en la gestión de programas de aborto coercitivo o esterilización involuntaria”. Esto, agrega el Departamento de Estado, “incluye los anticonceptivos no abortivos proporcionados como ayuda a entidades que no asumen el compromiso exigido por esta política”.

El argumento de los abortivos es “completamente falso”, rebate Shaw, que insiste en que la Administración norteamericana “rechazó todas las ofertas para comprarlos” que se les hizo.

“No se trata de artículos relacionados con el aborto, sino de anticonceptivos. Y hasta donde sabemos, ni siquiera la política actual del Gobierno estadounidense se opone necesariamente a los anticonceptivos”, acota Dessi. “Creemos sinceramente que no hay contradicción entre estos artículos y lo que podría ser la política de Estados Unidos, ya que destruirlos en realidad socava la salud pública y, en cierto modo, contribuye a la propagación de enfermedades de transmisión sexual en diferentes países”. Pese a las pocas señales positivas, dice que no tirarán la toalla: “Esperamos que los gobiernos lleguen a un acuerdo”.