Tribunal ratifica absolución de José Luis Abarca en caso Ayotzinapa
El pasado 22 de mayo, el Tribunal Colegiado de Apelación del 19 circuito, con sede en Matamoros, Tamaulipas, dictó una sentencia que sacudió la memoria de la tragedia de Ayotzinapa. Ratificó la absolución de José Luis Abarca Velázquez —exalcalde de Iguala, Guerrero—, procesado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A casi una década de la noche de Iguala, los padres de los estudiantes desaparecidos recibieron la noticia más temida: “la justicia de la Unión no ampara ni protege a las víctimas indirectas”. Un fallo que legalmente cierra la puerta a la esperanza judicial que mantenían abierta desde 2014.
La resolución, dictada dentro del juicio de amparo 70/2022, confirma que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas actuó conforme a derecho. Para las víctimas, en cambio, representa la confirmación de un sistema judicial que no alcanza a las familias que, desde aquella noche, viven atrapadas en la incertidumbre.
El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, que promovió el amparo en nombre de los padres, no pudo revertir la decisión: la justicia federal considera que los padres de los estudiantes son víctimas indirectas y, por lo tanto, quedan fuera de la protección.
Aunque el Tribunal ratificó su absolución por la desaparición de los estudiantes, José Luis Abarca Velázquez sigue preso en el Cefereso número 1 “Altiplano” —en Almoloya de Juárez, Estado de México— por otros delitos que pesan sobre su historial:
- 20 años de prisión por el homicidio de Justino Carbajal Salgado, un activista social asesinado en marzo de 2013.
- Procesos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.
La sombra de la corrupción y el crimen sigue acechando su trayectoria política, incluso después de su caída como alcalde.
Desde aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, el nombre de Ayotzinapa se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y de las heridas abiertas de un país que exige verdad. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos —jóvenes que aspiraban a ser maestros rurales— han enfrentado una lucha desigual contra un aparato judicial que, en más de una ocasión, ha dado la espalda a su dolor.
La ratificación de la absolución de Abarca llega como un recordatorio de que la justicia para los padres de los normalistas sigue siendo una utopía en el México de hoy.
El fallo del Tribunal Colegiado de Apelación sella un capítulo más en la larga historia judicial del caso Ayotzinapa, pero no cierra las heridas. Para las familias, la absolución de Abarca significa mucho más que una resolución legal: representa la negación del derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
A pesar de las promesas de las autoridades federales de no dejar impune el crimen, el sistema judicial mexicano sigue enviando señales contradictorias que debilitan la confianza ciudadana.
El caso Ayotzinapa es el reflejo de un sistema judicial incapaz de responder a las demandas de las víctimas y sus familias. La absolución de Abarca por la desaparición de los 43 normalistas deja un sabor amargo que difícilmente se diluirá con otros procesos pendientes.
Mientras tanto, en el Cefereso número 1, Abarca enfrenta condenas por otros delitos, pero para los padres de Ayotzinapa el fallo del tribunal es una sentencia de impunidad que perpetúa su sufrimiento.
La Verdad Yucatán
