Taiwán exige a China asumir su responsabilidad por la masacre de Tiananmen

Taiwán ha elevado su voz con motivo del 36º aniversario de la masacre de Tiananmen, exigiendo al régimen chino que asuma su responsabilidad histórica por uno de los episodios más oscuros del siglo XX. A través del Consejo de Asuntos del Continente, organismo encargado de las relaciones con China continental, el gobierno taiwanés instó al Partido Comunista Chino (PCCh) a reconocer los abusos cometidos durante la represión de 1989, respetar los derechos fundamentales e iniciar reformas democráticas para devolver el poder al pueblo.

Este pronunciamiento ocurre en un contexto donde Beijing intensifica el borrado sistemático de la memoria colectiva sobre Tiananmen, a través de censura, control informativo y políticas de seguridad nacional que restringen el acceso a información crítica tanto en China continental como en Hong Kong. La posición de Taiwán resuena no solo como un gesto simbólico, sino como una defensa activa de la libertad de expresión y los valores democráticos en un entorno cada vez más autoritario.

El 4 de junio de 1989, el régimen chino ordenó el uso de la fuerza militar para sofocar una serie de manifestaciones pacíficas lideradas por estudiantes y ciudadanos que pedían reformas políticas y económicas. Los tanques del Ejército Popular de Liberación avanzaron sobre la plaza de Tiananmen, en el centro de Beijing, dejando una cifra indeterminada de víctimas. Aunque el número exacto nunca ha sido reconocido oficialmente, organizaciones como Human Rights Watch y Human Rights in China han identificado al menos 522 detenidos, mientras el colectivo de Las Madres de Tiananmen ha documentado más de 200 muertos confirmados.

Pese a la censura oficial, la masacre fue registrada por periodistas extranjeros que se encontraban en Beijing cubriendo la visita del entonces líder soviético Mijaíl Gorbachov. Las imágenes del icónico «hombre del tanque» recorrieron el mundo y convirtieron a Tiananmen en un símbolo global de resistencia civil.

Beijing, sin embargo, mantiene la narrativa de que se trató de una «necesaria operación de seguridad» para evitar una insurrección, y se ha negado a iniciar cualquier tipo de proceso de verdad, justicia o reparación. Esta negativa ha generado duras críticas internacionales y se ha convertido en un punto de conflicto recurrente entre China y gobiernos democráticos.

En las últimas décadas, el control del régimen chino sobre la narrativa histórica de Tiananmen se ha intensificado, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong. Lo que antes era una ciudad con espacios de memoria y conmemoraciones públicas masivas, se ha transformado en un entorno de autocensura y represión legal.

Investigaciones recientes revelan que las librerías independientes han retirado de sus estanterías títulos relacionados con Tiananmen, mientras las bibliotecas públicas han eliminado obras que abordan el tema. Un informe del diario South China Morning Post confirma que, aunque en 2009 existían más de mil ejemplares sobre el tema en bibliotecas hongkonesas, actualmente ninguno de ellos está disponible al público.

En el ámbito académico, las universidades aún mantienen algunos títulos en sus catálogos digitales, pero el acceso se encuentra restringido exclusivamente a estudiantes y personal docente, lo que limita severamente la circulación del conocimiento sobre un hecho histórico de impacto global.

Desde su posición como democracia consolidada en Asia, Taiwán se ha erigido como un bastión en la defensa de los derechos humanos frente a las prácticas autoritarias del gigante asiático. Al pedir a China que asuma su responsabilidad por la represión de Tiananmen, Taipei no solo se posiciona políticamente, sino que también busca defender un modelo regional basado en el respeto a las libertades fundamentales.

Para el gobierno taiwanés, recordar el 4 de junio no es solo un acto conmemorativo, sino un llamado a evitar que hechos similares se repitan. En su comunicado, el Consejo de Asuntos del Continente enfatizó que «la historia no puede ser enterrada» y que una China verdaderamente moderna debe reconciliarse con su pasado, en lugar de silenciarlo.

Esta postura ha sido respaldada por organizaciones internacionales y legisladores de democracias occidentales, quienes destacan que la represión de la memoria no es solo un asunto interno de China, sino un desafío global a los principios universales de justicia, verdad y dignidad humana.

A 36 años de la masacre, el silencio impuesto por Beijing contrasta con la insistencia de víctimas, defensores de derechos humanos y gobiernos democráticos por mantener viva la memoria de Tiananmen. La historia ha demostrado que olvidar no evita los abusos, sino que los repite. Por eso, los llamados de Taiwán, aunque simbólicos, representan una resistencia moral ante un régimen que busca reescribir la historia para consolidar su poder.

En una época donde la información se convierte en un arma y la verdad histórica es constantemente cuestionada, recordar Tiananmen no es solo un acto de justicia para las víctimas, sino una advertencia sobre los riesgos del autoritarismo. Y mientras China se aferre al olvido, otros, como Taiwán, seguirán exigiendo memoria.

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