Sustracción de menores: «Nadie para a un progenitor que sale de España con su hijo sin permiso»

«Cuando a un progenitor se le pasa por la cabeza que es el propietario del menor, pone tierra de por medio», afirma Javier Somoza a ABC desde la Asociación Niños Sin Derechos (NISDE). «Mi hijo lleva desaparecido ocho años. Imagínate vivir con la angustia de no saber si tu hijo está vivo», añade.

Y es que «ni en España ni en Europa hay fronteras. El progenitor puede llevarse al niño, aun con prohibición de salida, porque nadie pide el permiso del otro progenitor». Además, como «España pertenece al espacio Schengen, si no sales por Barajas lo haces por Francia o Portugal», apunta Carlos Herraiz, abogado de la Asociación de Padres y Madres Separadas, a este diario.

El delito de sustracción de menores es «un problema en aumento que va a seguir creciendo», advierte Herraiz. «En el último año se denunciaron 1.321 sustracciones, según la memoria del Poder Judicial», explica Somoza. Asimismo, en 2024 desapareció por completo el rastro de 443 niños en España por sustracción, según Interior: más de un menor al día.

«Las sustracciones internacionales casi se han triplicado. Cada vez hay más matrimonios mixtos y el mundo es más global», explica a ABC Carmen Varela, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales contra la Sustracción Internacional de Menores. Y las principales víctimas son los niños, pues se vulnera su derecho a tener una familia y no ser separados de ella.

«Una madre se llevó a su hija de tres años cuando la Policía le notificó que había un proceso en marcha para regular las visitas. Tras publicar el anuncio de desaparición, nos escribió: estaban dando la vuelta al mundo mientras ella escribía libros. La madre tiene la libertad de viajar, pero no de separar a la niña de su padre, sus abuelos y sus amigos», cuentan desde NISDE. «Encima, la niña ha cogido un parásito intestinal en la India y a la madre la están buscando por delito de estafa».

«También tenemos a unos niños en Ucrania, en una zona donde caen bombas todos los días, y las autoridades de ocupación rusas no ofrecen ninguna información. Cómo crees que lo está viviendo esa familia», añade el portavoz. Por otro lado, «las autoridades polacas no cumplen la orden de restitución de su propio tribunal y no podemos recuperar a otros dos menores allí».

Sin embargo, cuenta Somoza la historia de un joven de 18 años que, tras llevárselo la madre con seis, volvió esta semana a España para ver a su padre: «Vivió un infierno. Se enteró de lo que pasó con su vida y quiso regresar, pero no se pudo expedir su expediente porque la madre no quería firmar».

«He tenido en mi mano una resolución judicial que prohibía la salida del un menor del territorio español, marcharse la madre con él a través de Portugal, llegar a Venezuela y pasar a Colombia. Allí le dieron una nueva resolución, cuando ya se había dictado sentencia en España», cuenta Herraiz.

«Nunca encontramos el apoyo necesario. Incluso hemos denunciado el silencio administrativo del Ministerio de Justicia», protesta Somoza. «Es vergonzoso el trato que se le da al padre o madre. Las autoridades no hacen nada y la Justicia es muy lenta, por tanto, no es justicia», afirma Herraiz.

Herraiz considera que la Administración es «muy laxa» con estos temas y que hay mucha gente «comiendo de ello, que quieren que esto siga así y que los jueces sean más débiles». Varela añade que «se está transmitiendo una información muy equivocada a la ciudadanía. No faltan leyes para oír al menor, el Tribunal Constitucional no se puede pronuncia las 24 horas ni una ministra tiene que ir a ver a un niño».

El episodio de Juana Rivas en el que estaba prevista la entrega del menor al padre es un ejemplo. Estos expertos lo califican de «vergüenza» y «espectáculo». Somoza de hecho explica que «en otros países hay protocolos en los que se prepara al niño en un lugar de acogida durante una semana con apoyo psicológico». Y apuntala: «Pero en España seguimos en la prehistoria».

«Ahora está la política de que si no se habla no existe, se transmite a la sociedad que no es un problema. Y es que hay una voluntad explícita del Gobierno de ocultarlo y no moverlo», dice Somoza, que pone de ejemplo que la semana pasada denunciaron cuatro nuevos casos a Interior y no los publican. Y abunda: «Nos hacen creer que hay seguridad en todo, y no la hay en nada. Eso es parte del artilugio que se ha montado en el país: decirle a la sociedad que estén tranquilos porque, si esto pasa, hay medidas. Pero es mentira: son absurdas e inoperativas».

La sustracción de menores es un delito que cometen más las mujeres. Esto se debe, según la abogada experta en Derecho de Familia y sustracción internacional, a que «muchas se van a países que son muy protectores de la madre, como Rusia o Brasil. Encima piden una pensión de, por ejemplo, 500 euros, que con eso vive allí una familia».

«Lo que más se alega es 'grave riesgo', dentro del cual está la violencia de género. En esos casos, el juez valora si la hay. En caso afirmativo, si el país no tiene medios, no van a conceder la restitución».

Así, continúa, «una madre que sea víctima de violencia de género tiene que denunciarlo antes de llevarse al niño. Debe pedir la custodia y, después, si se quiere marchar a su país, solicitar el traslado, el cual le darán. El orden en estos casos es importante: no es lo mismo quedártelo y denunciar, que denunciar y quedártelo».