Petro confirma que convocará la consulta popular por decreto pese a las críticas

Flanqueado por el presidente de Colpensiones, la directora interina del Departamento de Prosperidad Social y el ministro de Trabajo, Gustavo Petro volvió a ocupar el prime time de la televisión nacional. Este martes, a las 7:03 de la noche, el presidente de Colombia interrumpió la programación para asumir la ya desgastada figura de la alocución presidencial, que permite interrumpir telenovelas y noticieros para que el mandatario hable al país entero. En poco más de media hora, soltó una ráfaga de anuncios: denunció un plan para asesinarlo, dijo que denunciará a “mafias internacionales” ante la Corte Penal Internacional, ratificó su intención de convocar una consulta popular por decreto y defendió su reforma pensional.

Su reaparición pública, antesala a su reunión semanal del consejo de ministros, se da después de un puente festivo que inició con días de sonada ausencia presidencial de su popular cuenta de X, y de que el viernes cancelara su participación en una cumbre de jefes de Estado de la que era anfitrión. “En esta semana me mataron. La extrema derecha con su instinto subliminal, puso un trino de lo que deseaba, entonces me presentaron muerto”, afirmó este martes antes de hablar del supuesto plan para asesinarlo que, según él, se fragua desde 2022, cuando llegó al poder.

En la alocución, el primer presidente de izquierda de la Colombia contemporánea afirmó que, con Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, y Jorge Lemus, director del Departamento Nacional de Inteligencia —dos antiguos compañeros de armas en el M-19, guerrilla que se desmovilizó en 1990— vienen analizando informaciones que indican que existiría un plan para asesinarlo. Petro se refirió, primero, al episodio de un soldado que fue encontrado con un arma rusa cerca al palacio presidencial de Bogotá. También mencionó la supuesta llegada de francotiradores al país, contratados según esos datos para dispararle desde la concurrida Plaza de Bolívar el día de su posesión, en agosto de 2022. Habló de un atentado que iban a hacerle en la COP16 de Cali, el año pasado, y finalizó dando puntadas sobre la mano que estaría tras estos intentos: la que llama “Nueva Junta del Narcotráfico”, con sede en Dubái.

No es la primera vez que Petro apunta hacia los Emiratos Árabes como el centro de operaciones de una red criminal global. Según el presidente, desde allá se mueve el negocio de la cocaína que en Colombia ejecutan grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las extintas FARC. “Ya no es un cartel colombiano”, dijo ante las cámaras, “hace rato los colombianos dejaron de controlar el narcotráfico de cocaína. Solo ponen los muertos, los misiles; la riqueza se va para otros lugares”. También tuvo palabras para la extrema derecha local, a la que llamó “neonazis” que estarían orquestando un “atentado jurídico contra el presidente de Colombia”.

Como en una carrera contra el reloj, el presidente soltó en cuestión de minutos el nombre de Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como el zar del contrabando colombiano. Dijo que su Gobierno está en contacto con el de Portugal —donde permanece Marín— para lograr su deportación y que así responda ante la justicia colombiana. El anuncio no fue casual: este mismo martes la Fiscalía decidió llamarlo a juicio por contrabando.

Sin demasiados detalles, Petro lanzó una frase críptica sobre buscar cooperación con el eventual gobierno de Donald Trump para denunciar que “los neonazis se visten y se financian de mafia”. Se autodefinió, incluso, como un “republicano”, y aseguró que su Gobierno llevará a las “mafias internacionales” ante la Corte Penal Internacional. Otra declaración lanzada al vuelo, sin explicaciones de fondo, pero cargada de intención política.

También defendió a Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, y a Iván Velásquez, exministro de Defensa y ahora embajador en el Vaticano, tras la orden de captura que la Fiscalía de Guatemala emitió en su contra este lunes. “Espero que los Estados Unidos no se alineen con quienes impulsan este tipo de amenazas jurídicas, que van por el presidente de Colombia, sino con quienes queremos luchar a fondo contra las mafias, que son enemigas del mundo”, dijo.

Sin transición ni respiro, cambió de frente y se metió en un terreno más local —y más político—, que justificaba la presencia a su lado del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Reiteró que su Gobierno emitirá esta semana un decreto para convocar a una consulta popular, pensada como un salvavidas para la reforma laboral que también naufragó en el Legislativo. Lo hizo pese a que la ley establece que para ello se requiere un aval previo del Senado, que votó en contra. Petro reiteró su argumento de que esa decisión fue fraudulenta, pero la viabilidad jurídica de convocarla directamente genera dudas incluso entre sectores cercanos al Gobierno. “Sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político”, afirmó.

El presidente, que sabe del riesgo que tiene de que su decreto sea anulado por la justicia, envió varios mensajes a la Corte Constitucional, quien dice sería quien lo estudie ante alguna demanda. “Será un proceso largo, pero nos mantendremos firmes con la bandera en alto hasta el final”. Lo dice porque la jurisprudencia de ese tribunal indica que el Ejecutivo no tiene facultades para la convocatoria si el Senado no se pronuncia. Con cuidado, lanzó varios llamados. “Ojalá la Corte Constitucional nos ayude a reconstruir el concepto del Estado Social de Derecho”, dijo, en un tono que mezclaba la petición y la advertencia. “Decidirá, indudablemente; puede o no decidirlo, de acuerdo con las normas existentes, pero lo que está en juego es el futuro de nuestro país y la justicia social que aspiramos a construir”, señaló.

Para cerrar su intervención, el presidente centró la atención en la reforma pensional. Destacó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “expresó en un comunicado oficial su apoyo a la reforma pensional colombiana” y aprovechó para lanzar otro mensaje a la Corte Constitucional, que estudia varias demandas contra la ley que emitió el Congreso en 2024: “Ahora les toca decidir si la OIT está equivocada o no, como pasó con la reforma laboral”. Con eso, el presidente cerró la alocución y dio paso a la reunión semanal con su gabinete que se transmite por canales públicos, y que busca que vuelva a estar presente en todas las cadenas nacionales.