Mano Dura de Brugada: Propone Arresto de 36 Horas Inconmutables para «Franeleros» en CDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ha lanzado una ofensiva directa contra los «franeleros». Su propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica contempla un arresto de 36 horas inconmutables para quienes cobren por estacionarse en la vía pública, una medida que ya genera un intenso debate.

En una movida política que busca atender una de las quejas ciudadanas más recurrentes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha enviado al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica con un objetivo claro: erradicar la práctica de los «franeleros» o «viene-viene» que se apropian del espacio público.

La propuesta es de una contundencia inédita y se centra en una sanción principal: un arresto de 36 horas que no podrá ser conmutado por una multa económica.

La estrategia presentada por Brugada va más allá del simple arresto y contempla un endurecimiento general de las sanciones:

* Arresto Inconmutable: La sanción de 36 horas en el juzgado cívico será obligatoria, eliminando la posibilidad de que el infractor pague una multa y se retire.

* Posible Delito Penal: Dependiendo de la gravedad del caso, la conducta podría ser tipificada como un delito de extorsión o amenazas, lo que implicaría un proceso penal ante la Fiscalía.

* Actuación Policial de Oficio: Se facultará a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para actuar en casos de flagrancia, es decir, podrán detener a los infractores sin necesidad de que exista una denuncia ciudadana previa.

Consciente de las críticas que la medida podría generar, la administración de Brugada ha enmarcado esta política de «mano dura» como parte de una estrategia integral. Se ha anunciado que la reforma vendrá acompañada de programas de empleo formal, capacitación y apoyo a proyectos productivos para ofrecer alternativas a quienes realizan esta actividad por necesidad económica.

«No se trata de excluir, sino de incluir a todas las personas a un modelo de ciudad donde vivir con dignidad no dependa de la ilegalidad», declaró la Jefa de Gobierno al presentar la iniciativa. A pesar de esta justificación, la propuesta ha encendido un debate polarizante. Por un lado, sectores de la ciudadanía la aplauden como una acción necesaria para terminar con lo que consideran una forma de extorsión cotidiana y para recuperar el libre uso de las calles. Por otro, voces críticas señalan que es una medida punitiva que criminaliza la pobreza, atacando el síntoma (el franelero) en lugar de la enfermedad (la falta de oportunidades y la desigualdad económica). La discusión en el Congreso capitalino se anticipa intensa