Liberados en Venezuela 54 presos políticos, todos militares

La mayoría formó parte de la llamada operación Brazalete Blanco, una presunta conspiración denunciada por los organismos de inteligencia del chavismo

El gobierno venezolano ha autorizado este martes la excarcelación de otros 54 presos políticos, todos militares, de acuerdo a información que pudo ser confirmada por familiares de los detenidos y algunas organizaciones vinculadas, como la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Tres de los presos excarcelados son mujeres. De acuerdo con la información suministrada por el directivo de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, la mayoría de ellos formó parte de la llamada operación Brazalete Blanco, una presunta conspiración militar denunciada por los organismos de inteligencia del gobierno venezolano hace cuatro años. Permanecían en la cárcel Ramo Verde y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF.
Entre los militares beneficiados, destacan el mayor Reinaldo Finol, detenido en 2020 bajo acusaciones de espionaje en las refinerías de Amuay y Cardón, junto al estadounidense Matthew Heath, liberado en 2022. También, el sargento José Sánchez Chacón, preso por enviar un audio por WhatsApp en el cual se quejaba del deterioro de las unidades militares; y Karen Gómez, teniente acusada de estar vinculada a sabotajes en el servicio eléctrico. Aún no se ha informado si estas personas recibirán medidas cautelares para continuar con sus procesos legales, o si se trata del beneficio de libertad plena.
“Exigimos que la libertad llegue a todas las cárceles venezolanas. De manera especial recordamos a las mujeres que han sido separadas de sus hijos, de sus seres queridos”, afirmó Ana Leonor Acosta, vocera de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Las excarcelaciones coinciden con un momento delicado para el gobierno de Delcy Rodríguez en materia de derechos humanos. En estas semanas se han sumado denuncias por abusos a los prisioneros y las duras condiciones carcelarias del régimen chavista, tanto para presos políticos como para presos comunes. Esta circunstancia ha tomado especial revuelo a partir del 7 de mayo, luego del escándalo nacional por la muerte de Víctor Hugo Quero y su madre, Carmen Navas, quien llevaba un año buscándolo antes de enterarse de su muerte.
El pasado 20 de mayo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y vocero calificado del régimen, había anunciado que 300 presos políticos iban a ser excarcelados por razones humanitarias, incluyendo mayores de edad, madres embarazadas y lactantes. Antes de este anuncio, habían sido liberados apenas poco más de una decena, generando ansiedad entre familiares y relacionados de los presos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que 21 prisioneros han muerto bajo custodia del Estado desde marzo de 2026. El último de ellos fue Víctor Alfonso Rivero, preso común fallecido hace pocos días por el deterioro de su salud en el Centro de Formación Hombre Nuevo, en Carúpano, en el oriente del país. De acuerdo a los datos del OVP, 181 prisioneros murieron en las cárceles venezolanas en 2025 y 149 en 2024.
En los últimos días, los presos que quedan en la cárcel de El Helicoide, en Caracas, han sido trasladados a otros centros penitenciarios, generando mucha mortificación y escenas desgarradoras de dolor entre familiares que temen por sus vidas al ser migrados a otros penales. El gobierno de Delcy Rodríguez había anunciado el cierre definitivo de esta cárcel, —“el centro de torturas más grande de América Latina”, de acuerdo a las denuncias de la oposición— luego del compás político de la Ley de Amnistía. Los familiares de los detenidos que permanecían en El Helicoide se han apostado con carpas en las adyacencias de la embajada de los Estados Unidos en Caracas para pedirle al encargado de negocios, John Barrett, que interceda ante el gobierno de Venezuela por la liberación de sus seres queridos.
Antes de este anuncio, la ONG Foro Penal tenía contabilizados 400 presos políticos en el país. Mientras, Justicia, Encuentro y Perdón, otra asociación civil que tiene años cotejando el tema, estima que son 654.
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