El pacto con Cataluña prevé limitarlas rebajas de impuestos de otras CCAA

El acuerdo bilateral entre Gobierno y Generalitat recoge la introducción de mecanismos para "limitar la competencia fiscal a la baja" del resto de comunidades autónomas.

El acuerdo bilateral sellado ayer entre el Gobierno central y la Generalitat para cimentar el marco de la financiación singular para Cataluña conlleva, en realidad, consecuencias económicas, directas e indirectas, para el resto de comunidades autónomas. No solo por la merma de ingresos para la caja común que supone ceder el 100% de los impuestos a la Agencia Tributaria Catalana, comenzando por el IRPF, sino porque el pacto recoge expresamente la capacidad de limitar las rebajas de impuestos del resto de gobiernos regionales.

"El Ministerio de Hacienda y el Departamento de Economía y Finanzas mantendrán los contactos y trabajos necesarios para acordar un nuevo modelo de financiación en el que se tengan en consideración las necesidades de Catalunya y su singularidad", reza el documento, enumerando a partir de ahí cinco principios básicos. El primero es una "financiación básica" a partir de la recaudación de los impuestos, que cubra las competencias regionales y un cupo a cambio de los servicios del Estado; el segundo es una aportación de "nivelación y solidaridad" entre regiones; y el tercero es la aportación de recursos adicionales para costear competencias específicas de la Generalitat, como podrián ser los mossos.

Hasta ahí, todos los principios afectan directamente a Cataluña, en un modelo que se propone extender al resto de territorios que así lo soliciten. El cuarto eje, sin embargo, va más allá al contemplar "la ampliación de la capacidad normativa respetando los límites de la normativa europea y con la introducción de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja".

Es decir, que el acuerdo colateral abre la veda a delimitar la autonomía fiscal de los territorios, acotando la capacidad de los gobiernos territoriales para rebajar impuestos.

El germen de esta medida ya estaba presente en el acuerdo político de financiación singular para Cataluña sellado por ERC y PSC hace ahora un año a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Aquel documento, de 25 páginas frente a las 6 del de ayer, contemplaba la cesión del 100% de los tributos de la región a cambio de un cupo al Estado por los servicios prestados y de una "aportación de solidaridad" que garantice que "los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares", si bien, apostillaba, "siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar". Es decir que la solidaridad catalana se condicionaba al nivel de presión fiscal del resto de territorios.

Una premisa que cobra fuerza en el acuerdo sellado ayer y que eleva el listón tributario nacional, teniendo en cuenta que Cataluña es una de las autonomías que aplica mayores tipos impositivos. El marginal máximo del IRPF aplicado por Cataluña, por ejemplo, asciende al 50%, solo superado por el 54% de Comunidad Valenciana, el 52% de Navarra, el 51,5% de La Rioja, o el 50,5% de Canaria, e igualado por Asturias y Aragón. Las otras 10 regiones se sitúan por debajo, hasta llegar al 45% que aplica Madrid. A su vez, la factura fiscal de heredar o donar en Cataluña unos 800.000 euros puede ser hasta 56.000 euros mayor que en otras áreas, según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

"Los cínicos independentistas han acordado impedir a las demás comunidades autónomas bajar impuestos, es decir, impiden a Madrid tener autonomía fiscal cuando ellos, en este acuerdo, la tienen plenamente", denunció ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En paralelo, el quinto principio del pacto de financiación pasa por crear "un nuevo modelo de gestión que conlleve la desaparición del mecanismo de las entregas a cuenta", que son los desembolsos de recursos entregados cada año a los territorios en estimación de la actualización de fondos que les corresponden (usualmente a través de los Presupuestos, si bien en las dos últimas prórrogas se ha articulado por decreto). La idea es que el modelo sea sustituido por uno nuevo en el que se entreguen "los recursos de acuerdo con la recaudación real".