Consumo abre un segundo expediente sancionador a una inmobiliaria por prácticas abusivas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas con los inquilinos en la gestión del alquiler. Se trata del segundo expediente de este tipo que abre la Dirección General de Consumo, después del ya incoado en el mes de marzo de este año. En dicho caso, la empresa sancionada fue AlquilerSeguro. Sin embargo, en este caso aún no ha trascendido el nombre de esta inmobiliaria.

Ambos expedientes se encuadran en la investigación realizada por el ministerio acerca del ámbito de gestión del alquiler inmobiliario, que Consumo desarrolla desde el pasado mes de octubre. Esta investigación comenzó a raíz de las denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU, así como de asociaciones de consumidores como FACUA o OC, y fuentes del ministerio afirman que sigue en marcha con respecto a otras empresas, a las que también se podrían incoar expedientes.

En cuanto a las prácticas denunciadas, estas se basan en infracciones tales como obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar ciertos servicios no solicitados por el inquilino. Desde Consumo señalan que la Ley por el derecho a la vivienda prohíbe terminantemente estas prácticas.

Las infracciones, en este caso, poseen dos grados de gravedad: graves, sancionadas con multas de hasta 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, y muy graves, sancionadas con multas de hasta un millón, pudiendo sobrepasarse hasta alcanzar entre ocho y seis veces el beneficio ilícito.

Ambos expedientes, el de AlquilerSeguro y este, cuya empresa señalada aún se desconoce, se añaden a los que Consumo mantiene abiertos en el marco de los pisos turísticos, contra una plataforma de alquiler de vivienda de este tipo que mantiene miles de anuncios de alojamientos catalogados como publicidad ilícita, así como el expediente contra empresas que administran viviendas turísticas en diversas CC.AA. tras detectarse que estas ofrecen «información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a sus destinatarios», lo que supondría una práctica engañosa.